Los estados deben aplicar la ley: SEP; Congreso exige despedir a paristas de la CNTE

Ante diputados, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, aclaró que su dependencia no controla la nómina magisterial

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26/09/2013 06:47 Ivonne Melgar

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de septiembre.- El titular de la SEP, Emilio Chuayffet, afirmó que es responsabilidad de los gobernadores aplicar la nueva Ley del Servicio Profesional Docente, que ordena despidos contra los maestros que sin justificación falten a clases por más de tres días consecutivos o discontinuos.

Al comparecer ante las comisiones de Educación, de Cultura y de Deporte de la Cámara de Diputados, el funcionario dijo que las normas no son negociables, en referencia a los integrantes de la CNTE que siguen en plantón.

“La SEP no administra las nóminas, no registra las asistencias, no maneja los recursos y los descuentos; eso lo hacen los estados (...)

“Hago un llamado a las autoridades educativas de las entidades para que cumplan las leyes reglamentarias”, dijo Chuayffet en respuesta a los cuestionamientos del diputado panista Alfonso Robledo Leal sobre si ya tenía identificado al personal que podría ser sujeto de despidos.

Legisladores del PRI y Nueva Alianza apoyaron la reforma. Los del PRD, PT y MC externaron su apoyo a la CNTE y llamaron a la SEP a atender sus demandas.

En el Senado, PAN, PRD y PRI exigieron a las autoridades federales y estatales aplicar los despidos a la disidencia magisterial.

SEP: gobernadores deben aplicar la ley

Emilio Chuayffet reitera que no habrá marcha atrás en la ley y que sí se tomó en cuenta la opinión de los maestros.

En su comparecencia de cuatro horas en la Cámara de Diputados, el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, responsabilizó a los gobernadores de la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente.

Al definir que de parte del gobierno federal “no habrá marcha atrás” en la reforma porque “las normas no son negociables”, el titular de la SEP dejó en claro desde su mensaje inicial que ahora los gobiernos estatales están obligados a cumplirlas “sin excepción alguna”.

Hacia el cierre del intercambio, en voz del diputado Alfonso Robledo Leal, el PAN le preguntó si ya tenía identificado al personal que podría ser destinatario del artículo 76 del nuevo ordenamiento, en el cual se prevé la separación del personal que incumpla con sus tareas, al no asistir a clases por más de tres días consecutivos o discontinuos en un mes. 

Chuayffet Chemor puntualizó que sancionar a los profesores  incumplidos no es de su competencia.

“El personal que falta a clases, usted lo dijo perfectamente, está ubicado en el 76 de la ley; nada más que la Secretaría ni tiene la nómina ni administra los recursos ni pasa lista a los maestros, eso lo hacen las autoridades educativas locales. Por eso dije que las autoridades educativas locales  tienen la obligación de hacer cumplir esta disposición”, respondió.

Cuestionado antes de abandonar el recinto sobre esta aclaración, el secretario exhortó a los gobernadores a cumplir con este ordenamiento.

“La Ley tiene que cumplirse, nada más que veo con sorpresa que se dice: ‘la SEP tiene que cumplir’. La SEP no administra las nóminas, la SEP no registra las asistencias, la SEP no maneja los recursos y los descuentos, eso lo hacen los estados; entonces, hay que hablar del tema, pero situando en la competencia de cada quien lo que debe hacer”, explicó el político mexiquense.

De inmediato hizo explícita la petición a los gobiernos estatales: “Hago un llamado a las autoridades educativas de las entidades del país para que cumplan las leyes reglamentarias de la reforma constitucional”.

Al hacer su presentación ante las comisiones de Educación, de Cultura y de Deporte, sostuvo que con esta reforma derivada del Pacto por México “el Estado recupera de los poderes fácticos la rectoría en la materia”. Y comparó su puesta en marcha con el cambio de ruedas de un ferrocarril en movimiento.

Diputados del PRI y del Verde externaron su respaldo al gobierno y al secretario del ramo en la operación de la Ley e insistieron en que ésta tomó en cuenta los reclamos del magisterio. De ninguna manera se les ha tratado con dureza, puntualizó el priista Arnoldo Ochoa González.

“Escucharemos siempre a las minorías, pero tenemos que ir avanzando con toda claridad con la reforma educativa hasta sus últimas consecuencias.”

En sus intervenciones, Sonia Rincón Chanona, Dora María Talamante Lemas y Angelino Caamal, diputados de Nueva Alianza —partido vinculado al SNTE—, externaron su respaldo a la reforma y consideraron que es necesario profundizar en la estrategia de difusión sobre su contenido y alcance.

“Sabemos que la aplicación de esta reforma será lenta, técnicamente compleja, políticamente costosa y presupuestalmente desafiante”, alertó Talamante Lemas.

Los diputados del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo reinvindicaron las movilizaciones de la CNTE como una defensa de sus derechos laborales  y convocaron al titular de la SEP a dar atención a sus demandas.  Sin embargo, el tono del intercambio fue siempre cordial, sin descalificaciones ni momentos de tensión.

El perredista Roberto López Rosado alertó que “en toda decisión que se impone y no se persuade con argumentos y no se permite la participación de los actores principales, jamás se obtienen resultados”.

El secretario de Educación reviró que la reforma no viola derechos laborales.

“La protesta es bienvenida porque, como dijo usted, no todos tenemos que coincidir en una sociedad plural. Pero no se vale que la protesta castigue a los niños privándolos de la educación, y menos a los niños más pobres de México”, cuestionó el funcionario.

Juana Bonilla, del PRD, y Nelly Vargas, de Movimiento Ciudadano, le echaron en cara los 117 errores ortográficos detectados en los libros de texto y exigieron garantizarle a los maestros condiciones de equidad que les permitan afrontar la evaluación, a la que, reiteraron, la CNTE no se opone.

El buen ambiente fue de menos a más. “Apelo a su gran sensibilidad para que realmente haya acercamiento y diálogo franco, de mano amiga con los maestros en este país”. Habló de tratarlos como “seres humanos” y dejar de señalarlos como vándalos.

En igual sentido, Hugo Robledo Gordillo, del PT, solicitó atender a los profesores: “No podemos dejar de lado que hay un movimiento en la calle, un movimiento magisterial con genuinas demandas laborales. Yo le pregunto, ¿qué no habrá capacidad  del gobierno para establecer un diálogo?”

El titular de la SEP respondió que él se apegaba a lo que dicta el Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio al Estado. “Yo tengo un solo interlocutor: la dirigencia nacional de la CNTE. Pero el diálogo se ha dado a través de la Secretaría de Gobernación y antes de la aprobación de las leyes se dio en las comisiones. Éstas celebraron una serie de audiencias en relación a dicho diálogo”.

Ventiló su confianza en que paulatinamente el magisterio se ha dado cuenta que la ley no atenta contra su estabilidad laboral. “Comenzamos con una gran incertidumbre en los maestros, pero ésta ha ido cada día desapareciendo en la medida en que hemos explicado que no se tocan los derechos constitucionales adquiridos”, dijo el secretario de Educación Pública.

En su despedida, Chuayffet ofreció atender los señalamientos legislativos. “Me gustó mucho la intervención de la diputada Vargas Pérez, y le debo decir que efectivamente conciliar los grandes temas técnicos de la educación con la política es una tarea que requerimos lograr sin sacrificar el derecho de nadie, ni de niños ni de maestros ni de la sociedad en su conjunto”.

“No aplican ley porque no se puede”

La CNTE considera que si no se ha despedido a nadie es porque dudan de la nueva legislación.

Benito Vásquez, secretario de Prensa  y Propaganda de la Sección 22 de la Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), respaldó lo declarado ayer por la mañana por Rubén Núñez Ginez, secretario general de esa gremial, en el sentido de que al no despedir a ningún profesor, las autoridades federales y estatales dudan de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, pues de no ser así “ya hubieran corrido a millones de profesores en el país”.

No descartó que el Uno, como suelen decirle sus allegados al secretario general del Comité Ejectivo Seccional de la CNTE “haya dicho eso, pues  es congruente con su postura, al considerar dicha ley como infuncional”.

En ese sentido, “sobre los despidos masivos por no iniciar labores en escuelas de Oaxaca, decimos que daremos la batalla política y pedagógica; esas declaraciones sólo sirven a intereses de la burguesía”, opinó Francisco Villalobos, secretario de Organización.

Por la mañana, durante la megamarcha realizada por los profesores disidentes a Los Pinos, Núñez Ginez declaró lo anterior a un medio impreso, que lo publicó en internet.

Excélsior buscó al líder de la Sección 22, pero solamente logró la respuesta del secretario de Prensa  y Propaganda, quien corroboró en entrevista lo dicho por el secretario general.

Rechaza CNTE presiones

Dirigentes de la Sección 22 de la CNTE afirmaron que defenderán política y pedagógicamente a sus compañeros ante cualquier intento de sanción de las autoridades de Oaxaca por no iniciar el ciclo escolar.

Rubén Núñez y Francisco Villalobos dijeron que rechazarán las presiones laborales.

Aseveraron que las declaraciones en ese sentido de funcionarios del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no abonan a resolver el conflicto y sólo sirven a quienes, según ellos, están interesados en la privatización de la educación.

Además la disidencia magisterial determinó bloquear los cruces principales de Reforma en protesta porque, según dijeron, las autoridades federales no accedieron a sus demandas.

La Comisión Única de Negociación de la CNTE acusó que este miércoles les ofrecieron en Los Pinos una reunión con un funcionario de “bajo nivel”, lo que consideraron inaceptable.

De ahí que acordaron permanecerán en el lugar hasta lograr un diálogo directo con el Presidente y una comisión con todos sus dirigentes se siente a la mesa de negociación con el gobierno federal. Incluso señalaron que prevén un “plan sorpresa” como medida de presión para lograr una solución satisfactoria a sus reclamos.

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