Gobierno Federal busca controlar pago a maestros

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de septiembre El presidente Enrique Peña Nieto propuso a la Cámara de Diputados realizar cambios legales para acabar con los cacicazgos magisteriales que se han desarrollado en los estados a partir de las negociaciones salariales que encabezan las diferentes secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La propuesta se centra en que será la Federación la que maneje las nóminas y ya no los gobiernos de las entidades federativas.

El mandatario federal plantea terminar con la llamada doble ventanilla en la negociación sindical para el aumento salarial del magisterio.

Lo anterior a partir de una negociación única en la que participen las autoridades estatales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el SNTE, además de que se buscará poner orden en las nóminas estatales de los maestros para que sólo cobren quienes en verdad trabajan.

Se trata de la propuesta de creación del Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el cual “incluirá los recursos para cubrir los gastos en servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, publicado en el DOF (Diario Oficial de la Federación) el 19 de mayo de 1992, así como por los convenios que de conformidad con el mismo fueron formalizados con los estados por parte de la Federación”.

Precisa el proyecto que el monto total del Fone “será determinado de acuerdo con las plazas registradas en el recientemente aprobado Sistema de Información y Gestión Educativa, incluyendo las erogaciones por concepto de remuneraciones; es decir, sueldos y prestaciones autorizadas, impuestos federales y aportaciones de seguridad social”.

La propuesta establece “una negociación única salarial para los maestros que ocupen las plazas que fueron descentralizadas a los estados, la cual en todo momento deberá ser consistente con los objetivos de la reforma educativa aprobada este año en la Constitución y en las leyes educativas correspondientes. Esta negociación implica la participación de los patrones (las entidades educativas estatales), los trabajadores (el Sindicato) y la Federación (Secretaría de Educación Pública)”.

Estos planteamientos están concentrados en la iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, planteada en la reforma hacendaria y la cual detalla que la SEP “establecerá un sistema de administración de nómina, a través del cual se realizarán los pagos de servicios personales (…) Para tal efecto, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública emitirán las disposiciones que deberán observar las entidades federativas para registrar la nómina.

“(…) Las autoridades educativas de las entidades federativas deberán, en los plazos y condiciones establecidos en las disposiciones… registrar en el sistema de administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal”, se precisa.

“Con base en la información registrada en el sistema de administración de nómina, la SEP verificará que ésta corresponda con la contenida en el Sistema de Información y Gestión Educativa y solicitará a las autoridades educativas de las entidades federativas la validación de la nómina correspondiente.

“Una vez validada la información, la SEP solicitará a la Tesorería de la Federación realizar el pago correspondiente, con cargo a los recursos que correspondan del Fondo a cada entidad federativa.”.

Se señala que “los recursos correspondientes a la nómina serán pagados, por cuenta y orden de las entidades federativas en su calidad de patrones, directamente a sus empleados, a través de transferencias electrónicas a sus respectivas cuentas bancarias, salvo que los mismos se encuentren en localidades donde no haya disponibilidad de servicios bancarios; en este último caso la Secretaría de Hacienda determinará la forma y los medios a través de los cuales se entregarán los recursos correspondientes”.

En la propuesta también se advierte que “no podrán crearse plazas con cargo a este Fondo, salvo que estén plenamente justificadas en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente y los recursos necesarios para su creación estén expresamente aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente”.

Bajo vigilancia

Además, se incluye que los gobiernos estatales enviarán a la Cámara de Diputados, Hacienda y la SEP, en el primer semestre del año, “el listado de nombres, plazas y de entidades federativas en las que identifique doble asignación salarial que no sea compatible geográficamente, cuando la ocupación sea igual o superior a dos plazas en municipios no colindantes, y reportar durante el tercer trimestre del año sobre la corrección de irregularidades”.

Se tiene previsto que la SEP “junto con las autoridades educativas estatales se coordinen para lograr una homologación en un tabulador único de remuneraciones de acuerdo con la metas y objetivos de la Ley General del Servicio Profesional Docente”.

Efectos

1.- Los gobiernos estatales estarán obligados a enviar a Hacienda y a la SEP datos sobre las plazas magisteriales y hacer correcciones de irregularidades detectadas. 

2.- Ya no habrá doble negociación de aumentos salariales para los maestros, acostumbrados a llevar también sus exigencias con los gobiernos de sus entidades federativas.