Hallan 7 inmuebles de Kiko Vega en Estados Unidos
Las propiedades que el candidato de PAN-PRD al gobierno de BC tiene en California superan 58 millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de julio.- El candidato de la alianza Unidos por Baja California a la gubernatura del estado, integrada por PAN, PRD, Panal y PEBC, Francisco Kiko Vega de Lamadrid, también tiene al menos siete propiedades, entre casas y un departamento, en Estados Unidos.
Este diario publicó ayer que el abanderado al gobierno bajacaliforniano, como director de Inmobiliaria del Estado de Baja California, en la década de 1990, adquirió seis propiedades en diferentes puntos de la entidad, y cuando fue titular de Finanzas con Héctor Terán Terán, entre 1995 y 1996, se hizo de otro predio.
De acuerdo con una relación de documentos y fotografías en poder de Excélsior, el empresario y militante panista también tendría propiedades en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de San Diego, California, por un valor superior a 58 millones de pesos en conjunto.
Desde 1989
Un primer predio valuado en siete millones de pesos lo habría adquirido en julio de 1989, cuando fungió como director general del Instituto de Vivienda de Baja California. Una segunda casa de 13 millones de pesos la habría adquirido en mayo de 1995 cuando se de-sempeñaba como secretario de Finanzas del estado.
De la misma manera, en octubre de 2001, se habría hecho de una propiedad de 3 millones 900 mil pesos, cuando Kiko Vega de Lamadrid ejercía el cargo de presidente municipal de Tijuana.
Según la relación, en abril de 2006 adquirió dos propiedades por precios superiores a los ocho millones de pesos cada una y durante la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, otra casa por siete millones 900 mil pesos en diciembre de 2007 y una más por 10 millones de pesos en diciembre de 2008.
Las casas y departamentos que están visibles en Google Maps se ubican en zonas residenciales de San Diego, ciudad californiana cercana a Tijuana.
Por ejemplo un departamento de su propiedad ubicado en 550 Front St UNIT 503, San Diego, CA, tendría una renta mensual de 2 mil 575 dólares, mientras una casa en Greenwood, Pl, Bonita, California, se rentaría por dos mil 709 dólares.
Entre las espaciosas casas de estilo californiano también se puede apreciar la ubicada en el 2007 de Plaza Acapulco, Chula Vista, California 91914 y la de 612 Vista Santa Rosalía, San Diego, CA, 92154. En esta misma zona está la residencia ubicada en los predios 3952-3954, de Kansas St, San Diego, CA, 92104.
Pero, sin duda, la “joya de la corona” es la casa ubicada en Caminito Solidago, La Jolla, CA, 92037, cuyo precio estimado es de un millón 13 mil 850 dólares.
Denuncian ante la Fepade a 600 funcionarios de BC
El presidente del Congreso de Baja California, Gregorio Carranza, acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para interponer una denuncia a nombre de esa institución, en contra de 600 funcionarios públicos del gobierno del estado, entre ellos, secretarios del gabinete del gobernador Guadalupe Osuna Millán, por el desvío de recursos públicos con fines electorales.
Acompañado por el vicepresidente del Congreso, Alfonso Garzón Zataráin, el diputado de Nueva Alianza Gregorio Carranza dijo que exigen una investigación de todos los involucrados.
“El operador principal es el secretario de Gobierno”, dijo del demandante, quien sostuvo que el secretario de Educación desvió recursos para un operativo denominado “Baja Azul”.
Aseguró que este es plan lo prepararon desde diciembre de 2011 para, finalmente, “aterrizarlo el día de la elección (el próximo domingo) con movilizadores cerca de 600 trabajadores contratados desde la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública y Secretaría de Desarrollo Social.”
El secretario de Gobierno es Francisco García Burgos, el de Salud es José Guadalupe Bustamante y Alejandro Mungaray es el secretario de Desarrollo Social.
El diputado aseguró que en estos años se han desviado mil 350 millones de pesos para crear un padrón de 400 mil ciudadanos afines al PAN y operar una estructura de personal que se movilizará el próximo 7 de julio, día en el que los ciudadanos elegirán al nuevo gobernador del estado.
Los fondos fueron utilizados, según Gregorio Carranza, en gasolina, vehículos públicos, compra de tecnología para un call center, “y desde luego recursos para pagarles a los operadores que fluctúa en cerca de mil 300 millones de pesos a lo largo de diciembre de 2011 al día de hoy”.
El diputado presidente del Congreso de Baja California evitó responsabilizar de los ilícitos al gobernador Guadalupe Osuna Millán y al candidato del PAN-PRD-PANAL, Francisco Kiko Vega.
Dijo que aunque el ilícito empezó en diciembre de 2011 fue hasta en días pasados que les llegó la información completa de la manera como se organizaron los funcionarios estatales para desviar recursos.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Francisco Antonio García Burgos, desmintió al presidente del Congreso. A través de un comunicado oficial, argumentó que el gobernador José Guadalupe Osuna Millán “siempre se ha conducido con respeto y ha atendido todas las observaciones del Congreso del Estado”.
“El gobierno del estado siempre se ha conducido con toda transparencia y apegados al marco de la legalidad”, refiere el boletín. “La revisión de las cuentas públicas son a través del Órgano de Fiscalización Superior, mismo que apoya en todo momento en el desempeño de la fiscalización de los recursos públicos”.