Calderón usó 379 testigos protegidos; PGR responde a solicitud de información

Reservan nombres de presuntos criminales que aceptaron colaborar como informantes

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05/05/2013 23:03 Héctor Figueroa Alcántara

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de mayo.- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer, en respuesta a una solicitud de información pública, que entre 2006 y 2012 registró a un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos colaboradores”, también llamados testigos protegidos.

La información fue proporcionada a un particular, quien se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) porque no se le dieron los nombres de narcotraficantes adscritos a este programa.

El recurso de revisión fue turnado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén. En alegatos, la PGR dijo que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años, por encontrarse inmersos en averiguaciones previas y porque se pondría en riesgo su integridad física, entre otras razones.

Los testigos protegidos fueron un elemento clave para casos como el del llamado michoacanazo, en el que fueron procesados 11 presidentes municipales  y 16 funcionarios del gobierno de Leonel Godoy, quienes fueron posteriormente liberados. Caso similar al del general Tomás Ángeles Dauahare, acusado por otro testigo y recién liberado.

La PGR usó en 6 años 379 testigos protegidos

En respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que entre 2006 y 2012 registró un total de 379 personas que se acogieron a la figura de “testigos colaboradores”, también llamados testigos protegidos.

La información fue proporcionada a un particular; sin embargo, éste se inconformó ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) porque no le dieron los nombres de narcotraficantes adscritos a ese programa.

La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), respondió que durante el tiempo requerido se cuenta con el registro del número de testigos colaboradores de manera general, y no a nivel de detalle como lo solicitó el particular.

Al respecto, proporcionó un cuadro estadístico en el que indica que, de 2006 a 2012, se han registrado un total de 379 testigos colaboradores: 43,en 2006; 50, en 2007; 57, en 2008; 61, en 2009; 43, en 2010; 60, en 2011, y 65, en 2012.

El recurso de revisión fue turnado a la comisionada María Elena Pérez-Jaén. En alegatos, la PGR dijo que los nombres de dichos testigos están reservados por 12 años, por encontrarse inmersos en averiguaciones previas, en términos de los artículos 13, fracción V y 14, fracciones I y III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).

Posteriormente, la procuraduría manifestó que la información relativa a los miembros de la delincuencia organizada que prestaron ayuda para las investigaciones, así como el grupo o banda al cual pertenecían, y la utilidad que tuvieron sus datos, también es reservada con fundamento en los artículos 13, fracción IV y 14, fracciones I y III de la LFTAIPG, que de hacerse pública pondría en riesgo la integridad física de dichas personas y sus familias.

Aunado a lo anterior, refirió que dar a conocer los nombres de los testigos colaboradores, podría causar un serio perjuicio en su esfera personal, contraviniendo lo dispuesto en los
artículos 3, fracción II y 18, fracción II de la ley de la materia.

En el análisis jurídico del caso, la comisionada Pérez-Jaén realizó una búsqueda de información en el portal electrónico del sujeto obligado y localizó dos boletines de prensa, en los cuales la propia PGR ha publicado los nombres de algunos narcotraficantes que formaban o siguen siendo parte del programa de testigos colaboradores; tal es el caso de Édgar Enrique Bayardo del Villar y Jesús Zambada Reyes.

La ponente también ubicó notas periodísticas en las cuales se mencionan algunos nombres de los miembros de organizaciones criminales de narcotraficantes que se acogieron como testigos colaboradores, de 2008 a 2011, y dijo que, si bien éstas carecen de valor probatorio, al tener su origen en distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, arrojan indicios sobre los hechos a que se refieren.

En este sentido, a propuesta de la comisionada María Elena Pérez-Jaén, el pleno del IFAI modificó la respuesta de la PGR y le instruyó realizar una búsqueda en sus comunicados de prensa y entregue aquellos en los cuales se adviertan los nombres de los testigos colaboradores relacionados con el narcotráfico, durante el periodo de diciembre de 2006 a diciembre de 2012.

Efectos

1.- La figura de los testigos protegidos será revisada a fondo por la Cámara de Diputados para evitar abusos como los del sexenio pasado y tener una mayor regulación mediante normas estrictas, según los propios legisladores.

 

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