Universidades se ponen al día en amparo

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de abril.- La reforma al amparo obligará a las facultades y escuelas de Derecho a ponerse al día. Se trata de un cambio de paradigma, de un parteaguas en lo que se había considerado el corazón de las garantías en México.

En eso coinciden los maestros Luciano Silva Ramírez, de la Facultad de Derecho de la UNAM; Édgar Corzo Sosa, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, y José Antonio Lozano Díez, director de la carrera en la Universidad Panamericana (UP).

Los cambios han comenzado a presentarse ya. Mientras en la UNAM a la materia de Garantías Constitucionales se le cambiará el nombre por Derechos Humanos y Garantías, en la Panamericana sus profesores ya fueron convocados para trabajar este mismo mes en la reforma curricular.

Pero la actualización académica empujada por dicha reforma estará marcada por las diferencias que en su momento protagonizaron los maestros Ignacio Burgoa Orihuela y Héctor Fix Zamudio en torno de la suficiencia de la institución del amparo. Para el primero, éste era superior a otros modelos de protección de derechos. Para el segundo, había que acudir a la experiencia internacional para dar paso a los derechos humanos.

“Fueron escuelas antagónicas. El maestro Fix tuvo éxito en el impulso en México de una figura nórdica como la de las comisiones de derechos humanos. El maestro Burgoa decía que eso era

inútil, que debíamos tener un derecho nacionalista, que no viera hacia afuera, porque atenerse a los organismos internacionales dañaba la soberanía”, sintetiza José Antonio Lozano Díez.

La transformación deberá darse incluso en libros de cabecera, obras clásicas que en su momento formularon Burgoa y Fix Zamudio, pero también los ministros Genaro Góngora, Juventino Castro y Arturo Zaldívar.

“Porque la esencia del juicio de amparo se tiene que volver a escribir, no los detalles. Ahora habrá que enseñar qué es una declaración general de inconstitucionalidad, es decir, cuando ocho de once ministros se pongan de acuerdo en la impugnación de una ley”, señala en tanto Édgar Corzo Sosa.

En el terreno de las diferencias

Heredero de la escuela de Burgoa, el titular de la institución que reúne a los especialistas en amparo, Luciano Silva Ramírez, asegura que la reforma será abordada en las aulas de la Facultad de Derecho con una visión crítica y constructiva.

Alerta que si bien los profesores están listos para atender la evolución de derecho en los tratados internacionales, los cambios que entraron en vigor en el arranque de abril siguen dando prioridad a la Constitución.

“Es un cambio profundo, radical, en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales”, afirma el autor de El control judicial de la constitucionalidad y el juicio de amparo en México.

Pero en lo que concierne a su enseñanza en los salones de clase, Silva Ramírez matiza: “Es importante atender los aspectos esenciales de los contenidos. Pero sin que afectemos el plan de estudios, ya que eso no está en el ámbito de la facultad”.

Sin embargo Corzo Sosa, investigador formado por Fix Zamudio, prevé  en tanto que la reforma obligará a la formación de “un abogado globalizado” que tendrá que ser capaz de echar mano de lo sucedido igual en las Cortes de Colombia que en Argentina para formular mejores respuestas.

La reforma también transformará los usos y costumbres del litigante, quien ahora podrá presentar una demanda desde su oficina, para lo cual deberá contar con una firma electrónica y haberse dado de alta en un registro.

El responsable de la carrera en la Panamericana sostiene que el gran cambio en la enseñanza radica en el reconocimiento de una realidad que ya se observa en la práctica: la imposibilidad de ejercer la profesión sin atender el derecho internacional.

De manera que la formación de “un abogado abierto al derecho internacional” pone de relieve la existencia de dos tipos de escuelas de Derecho en el país.

Lozano Díez lo describe así: “Aquellas instituciones que ya incorporaron esta transformación a su ADN, porque se asume que requerimos abogados globales, que no compiten sólo con otros mexicanos, sino con muchos extranjeros. Y escuelas que aún no lo ven y que conservan en su ADN una educación demasiado nacionalista, poco abierta al exterior”.

En el terreno de las interpretaciones

La citada pugna se extiende ya hasta la interpretación de cuándo operaría el reclamo a la autoridad por omisión. Frente al ejemplo de si procede este recurso ante una suspensión en el caso de la refinería de Tula, Édgar Corzo Sosa y José Antonio Lozano Díez responden afirmativamente.

El académico del IIJ de la UNAM plantea: “Sí, y también valdría contra la no intervención del Estado por no acabar con los grupos de autodefensa. Antes combatíamos a las autoridades por lo que hacían y al hacerlo violaban los derechos humanos. Pero ahora las vamos a combatir por lo que no hacen”.

Corzo puntualiza que habría que revisar detalles del caso de la refinería. “Pero si eso constituye una cuestión importante para el cumplimiento de un derecho social, entonces el Estado tiene que hacerlo”, alega.

Formado en la UNAM, en la Sorbona y en la Universidad Autónoma de Madrid, el ex titular de Relaciones Internacionales del Poder Judicial subraya  que los derechos sociales como salud, educación, vivienda, agua, alimentación “que siempre preguntábamos cómo se van a cumplir cuando el Estado no ha hecho nada, ahora podrán reclamarse”.

En el mismo sentido, Lozano Díez sostiene: “Sí podría presionar a la autoridad para cumplir con un programa de gobierno al que se ha obligado, porque ése es un derecho de interés público. Es lo que se llama el interés difuso. Lo que pasa es en la antigua ley, el principio general era exactamente el contrario, que no se podía”.

El maestro Luciano Silva Ramírez, en tanto,  rechaza tajante la posibilidad de que proceda un amparo por omisión en una suspensión de obra de la refinería, al tiempo que alerta que la Suprema Corte, junto con la academia universitaria, deberá fijar jurisprudencia en torno a muchos asuntos que la reforma deja indefinidos como son los alcances del interés jurídico y el interés legítimo. 

Miembro del Instituto de Amparo cuestiona: “Ésos son los problemas que se van a presentar. Ahora los magistrados de circuito van a tener amparos en cascada porque todos van a querer promoverlos bajo el argumento del interés legítimo. Pero no hay que confundir una acción popular o un interés simple como es el derecho a la información, con aquellos que tienen más jerarquía. ¿Qué vale más, la vida y la libertad, o el que una telefonía tal me está cobrando más de la cuenta el servicio de celular?”

Incluso, también tiene sus reservas en torno de la reforma en derechos humanos. “Resultó con falta de técnica jurídica porque no precisa qué son los derechos humanos ni hace una clasificación”.

“Nosotros ya los tutelábamos bajo la denominación correcta de derechos fundamentales con el amparo. Y ahora estamos viendo a los derechos humanos como la panacea.”

Luciano Silva Ramírez. Por “un amparo más social”

El presidente del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM, reseña que dos son las materias vinculadas a la reforma, en el quinto y sexto semestre.

“Una es Garantías Constitucionales, que ahora hemos propuesto se llame Derechos Humanos y sus Garantías, y la del Juicio de Amparo, y en ésta desde antes que se aprobara la reforma hicimos cursos de actualización”, explica.

Asegura que en la institución se encuentran a la vanguardia: “La Universidad jugará un gran papel, si desde aquí logramos que los muchachos tengan otra mentalidad en contra de la corruptelas”.

Cuenta que a los estudiantes de licenciatura y posgrado se les enfatiza que el amparo fue concebido para controlar el ejercicio del poder protegiendo derechos fundamentales.

También, dice, se les inculca la idea de buscar “un amparo más social, más justiciero, accesible al grueso de la población, que no sea costoso ni tardado ni lleno de tecnicismos. Porque en México, después de la Virgen de Guadalupe, la figura más querida es el juicio de amparo, porque tutela los derechos fundamentales más preciados para el ser humano como la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad jurídica, la igualdad”.

Édgar Corzo Sosa. Un impacto “muy fuerte”

Profesor de Teoría Constitucional, Derecho Constitucional Mexicano y Derechos Humanos en la UNAM y Universidad Panamericana, Corzo Sosa afirma: “Se requerirá un abogado globalizado”.

“Se requerirá un abogado atento a lo que pasa más allá de nuestras fronteras; un abogado que no tenga miedo o que no se sienta incómodo al acudir a otras instancias internacionales. Ya no seré el abogado que va a tribunales de la Alameda, presentó mi escritito y ya”, explica.

Integrante en el Nivel III del Sistema Nacional de Investigadores, advierte que el impacto de la reforma en las aulas será muy fuerte, al igual que en la vida pública y en los tribunales.

Se requerirá de una formación “para jugarle en serio a los derechos humanos”, y cualquiera que quiera explicar en las aulas el juicio de amparo tendrá que entrarle a lo que es el nuevo paradigma de los derechos humanos, señala.

Explica que el litigante podrá recurrir a la Convención Americana de Derechos Humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Seguimos con la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal y lo que dice nuestra Constitución. Pero también hay que tomar en cuenta lo que dicen los tratados internacionales”, recalca.

José Antonio Lozano Díez. Un “cambio de paradigma”

El director de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana señala los cambios que prevén en la enseñanza ante la nueva Ley de Amparo.

“Una de las cosas muy importantes que estamos enseñando no sólo por la reforma al amparo, sino también con las nuevas reformas en materia de derechos humanos, es que existen ciertos derechos superiores a los derechos individuales, derechos comunitarios, derechos de grupos de personas”, dice.

Doctor por la Universidad de Navarra, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, Lozano Díez sostiene que con este cambio hay una nueva concepción de responsabilidad social vinculada con la idea de que “cuando se violan los del vecino, de alguna manera también se violan los propios”.

Otro punto clave en el aprendizaje, destaca, es valorar los aspectos que están en juego en una relación de litigio. Pone como ejemplo el hecho de que ahora se atenderán los derechos de los consumidores del sector de telecomunicaciones.

“Antes sucedía que por defender el derecho de uno, valioso desde luego y sin duda, dejábamos a los pobres consumidores totalmente descobijados”, enfatiza.

Cuenta que en el caso de su institución, dentro de diez días habrá reunión del claustro de maestros para un seminario especial de estudio, a fin de garantizar que  todos estén en conocimiento de las reformas y tomar la decisión de los cambios que deberán hacerse al plan de estudios.