En pugna por la tierra; 11 estados disputan linderos

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de abril.- México enfrenta al menos seis conflictos limítrofes entre entidades federativas, dos de ellos pendientes de resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y un número inmensamente mayor de disputas municipales por territorio. Como las resoluciones a estos problemas corresponden al Poder Judicial, la decisión de los ministros puede influir en lo geográfico, pero también en lo social, lo cultural, lo económico y hasta en lo electoral.

Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala, Puebla, Nayarit, Jalisco y Colima son las entidades que actualmente libran batallas jurídicas y políticas para corregir su extensión territorial.

Las pugnas por tierras se agravaron cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al publicar el censo más reciente, adjudicó comunidades de un estado a otro y la entidad afectada exigió al máximo tribunal del país respeto a sus garantías y la devolución legal.

Con su determinación, el INEGI afecta no sólo la cartografía de una entidad, sino que, además, influye en el patrimonio estatal, pues el gobierno federal puede recortar el monto de las participaciones a los estados.

Para Marisol Luna, especialista y catedrática de la UNAM, ante la diversidad de problemáticas que enfrenta actualmente la sociedad mexicana, resulta absurdo que también tenga que enfrentarse con sus vecinos, reclamar o inquietarse por no saber a qué municipio pertenece, qué ayuntamiento tiene que prestarle los servicios básicos o realizar obra pública en su zona, amén de que dicha indefinición, error o confusión territorial la mayoría de las ocasiones es usada con fines y tendencias partidistas.

En octubre de 2012, el entonces presidente Felipe Calderón firmó un decreto mediante el cual regresó a la Suprema Corte la facultad de conocer y resolver los conflictos limítrofes entre estados, pues desde 2005, por decisión del máximo tribunal, era competencia del Senado emitir las resoluciones correspondientes.

Previamente, el Congreso emitió el decreto para reformar los artículos 46, 76 y 105 de la Carta Magna y regresar a la Suprema Corte la facultad de resolver las controversias sobre límites territoriales.

El aval de 16 congresos estatales —Aguascalientes, Baja California, Durango, Guanajuato, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán— permitió la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Senado, primero, y luego por la Cámara de Diputados.

“La reforma dará salida a los conflictos limítrofes que existen entre varias entidades, pues aunque se trasladó al Senado la facultad para dirimirlos, nunca se pudo avanzar, pues la naturaleza de esta Cámara hace difícil resolver estos asuntos tan importantes para el país”, explicó en ese entonces el Senado en un comunicado.

La nuevas conquistas territoriales

Excélsior documentó en días pasados uno de los principales conflictos limítrofes, el de Oaxaca con Chiapas. Un total de 19 municipios de Oaxaca y tres de Veracruz (de éstos ya se desistieron los chiapanecos) eran reclamados, debido a la invasión de territorio de los Chimalapas, en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec.

Aseguran que el gobierno de Chiapas pretende invadir una parte del Istmo, tierra indígena zapoteca, y la zona del Bajo Mixe, donde viven mixes, mixtecos y mestizos.

Los municipios se localizan en la parte noreste respecto de la capital, en las últimas estribaciones del cerro del Zempoaltépetl, en la sierra norte de la entidad.

El gobierno oaxaqueño aseguró que ha aportado a la Suprema Corte mapas y planos que datan de los siglos XVII y XVIII, debidamente certificados por las autoridades competentes, para corroborar los límites históricos entre ambas entidades.

Incluso, el gobierno de Gabino Cué ha recurrido en los últimos días no únicamente a archivos en México sino también a los de España, con el objetivo de ofrecer pruebas al máximo tribunal del país.

En el mismo proceso, la Suprema Corte recibió a principios de marzo el desistimiento de Chiapas de la controversia para reclamar como suyos tres municipios veracruzanos.

Los promoventes del desistimiento signado por Manuel Velasco Coello, gobernador; Noé Castañón, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Óscar Ramos, presidente del Tribunal Superior de Justicia, y Vicente Pérez, consejero jurídico, todos del gobierno de Chiapas, mediante escrito fechado el 8 de marzo, exponen a la SCJN:

“Vinimos a aclarar y a precisar que con la Federación y con el estado de Veracruz no se tiene controversia o conflicto de límites alguno; razón por la cual no se endereza acción legal en su contra ni se le demanda prestación alguna.”

Otros conflictos en ciernes

Alrededor de 407 kilómetros cuadrados, en donde se ubican las comunidades de El Rabalse, Las Pesadas y El Volcán disputa Jalisco a Colima. Fue hace poco más de 15 años cuando el gobierno jalisciense inició el juicio ante la Suprema Corte.

La demanda promovida en enero de 1998 fue sobreseída en 2005, tras la reforma a la Carta Magna que retiró al máximo tribunal la facultad de resolver este tipo de disputas, para otorgarle esa función al Senado. Ahora el asunto está, otra vez, en manos del tribunal constitucional.

“En el caso Colima-Jalisco está toda la parte del desarrollo turístico Barra de Navidad o está la mina de Benito Juárez-Peña Colorada, que son importantes fuentes de recursos. La disputa sólo es por cuestión simbólica o por una cuestión de patriotismo en relación con las entidades, sino que en unos casos pueden ser fuentes de importantes ingresos para la entidad”, explicó el ministro José Ramón Cossío.

El otro conflicto territorial, el de Campeche-Yucatán-Quintana Roo, surgió cuando el primero de ellos creó el municipio de Calakmul y el tercero comenzó a defender lo que aseguró era su territorio. Poco después Yucatán le entró a pelear una porción de esa misma localidad en el punto de convergencia entre los tres estados.

Quintana Roo mantiene la lucha jurídica por cuatro mil 810 kilómetros cuadrados de tierra que Campeche argumenta le pertenecen, mientras que Yucatán reclama cinco mil 400 kilómetros cuadrados.

Según el ministro Cossío, en el punto de intersección que se hace en la península hay un pequeño lugar donde se da un vértice y ahí, en los decretos que ordenó Porfirio Díaz para fijar la delimitación, se puso como referencia que estuviera cerca de Put, una antigua población maya.

“El problema es interesante, porque qué quiere decir cerca de Put en el contexto geográfico de la Península de Yucatán. Hay que delimitar dónde está Put y qué quiere decir ‘cerca’ de Put y desde ahí trazar los vértices, porque se podrían mover, y eso significaría un desplazamiento importante entre los tres estados en conflicto”, detalló.

Otros conflictos que aún no adquieren grandes dimensiones son el de Nayarit-Jalisco, que se deriva de un censo del INEGI que ubica a 187 comunidades wixaritari, pertenecientes a Jalisco, dentro de Nayarit.

Puebla y Tlaxcala también disputan territorio, pues pobladores del sur del segundo estado argumentan que algunas tierras no corresponden al primero. Legisladores tlaxcaltecas buscan que el conflicto limítrofe llegue ante la Suprema Corte para que desde ahí se dé una solución.

Para Javier Potrero, diputado local de Tlaxcala, este conflicto tiene antecedentes históricos, por lo que es urgente una solución, porque en caso contrario se darían enfrentamientos entre pobladores.

En el conflicto entre Oaxaca y Guerrero ya ha habido muertos; surgió debido a la ocupación de comuneros oaxaqueños de Jicaral a Jicayán del Tovar, Guerrero. Ambas poblaciones se disputan alrededor de 40 hectáreas. Las tierras siguen en disputa.

La Suprema Corte define

Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre conflictos territoriales podrán obligar a una entidad a realizar acciones de gobierno en favor de una comunidad, afirmó el ministro José Ramón Cossío.

“En los dos conflictos que actualmente tiene la Corte hay que demostrar, de acuerdo con lo que dice la Constitución, que hasta antes de 1917 un estado o un territorio tenía cierta demarcación territorial; realmente las pruebas son muy sofisticadas para estos efectos.”

Entrevistado por Excélsior, el ministro de la SCJN explicó que la razón por la que están en conflicto los estados es “relativamente simple”, pues en 1823, cuando se expidió el Acta Constitutiva de la Federación, se dijo que la delimitación de las entidades se resolvería en la Constitución de 1824, pero tras la promulgación de ésta se dijo que se emitiría una ley por el Congreso y que ahí se delimitarían fronteras; sin embargo ésta nunca se emitió y los estados fueron generando su propia soberanía territorial.

La Constitución de 1917 otorgó “una buena solución al problema”, al indicar que las entidades conservarían la extensión y límites que tenían en ese momento, siempre y cuando no hubiera problemas entre ellos.

“Creo que hay muchísimos estados con conflictos, algunos subyacentes, no les han estallado. El mapa del INEGI, hasta hace unos años, tenía la leyenda: ‘este mapa no tiene el efecto constitutivo, plena demarcación territorial para efectos oficiales’.”

Según Cossío, los dos métodos para resolver los conflictos son: basándose en la colocación de límites por parte de la autoridad o la definición de dónde se ejerció con eficacia un orden jurídico frente a otro, como el registro de niños, actas de defunción, servicios hospitalarios y educativos.

“Es un problema de comprobación en buena medida documental y será a cómo se estuvieron asignando los presupuestos y llevando a cabo acciones de gobierno.”

Aún no hay fecha para que los asuntos comiencen a analizarse, pero se espera que los conflictos territoriales entre Jalisco-Colima y Yucatán-Campeche-Quintana Roo, que ya están en las manos de la Suprema Corte, sean resueltos por el pleno de ministros.

“Nací y moriré chiapaneca”

Nací chiapaneca y chiapaneca me he de morir, afirma Irene Hernández Figueroa, quien vive desde hace más de 40 años en el Ejido Gustavo Díaz Ordaz, Chiapas. Los chimas, como les llaman a los indígenas zoques de Oaxaca, “nos quieren quitar nuestro territorio para apoderarse de la reserva del ocote”, dice, la cual forma parte de las 180 mil hectáreas en disputa desde hace casi tres décadas.

Dice que su padre, Teófilo Hernández Gutiérrez, originario de Cintalapa, fue uno de los fundadores de este ejido, desde hace 80 años aproximadamente, en la zona colindante con San Miguel Chimalapas, “y todos los que vivimos aquí somos chiapanecos.

“Desgraciadamente somos una localidad aislada, debido a que para llegar por carretera tenemos que viajar de Cintalapa, Chiapas, a Rizo de Oro y luego tomar la carretera que va a Santa María Chimalapas; es la única vía que tenemos, lo que no significa que no seamos chiapanecos.

“Es una sola vía de comunicación que tenemos para realizar los trámites correspondientes al centro del estado de Chiapas. Sin embargo, con el recién creado municipio Belisario Domínguez, parece que los servicios van estar más cercanos, porque precisamente el Ejido Gustavo Díaz Ordaz es la cabecera”, sostuvo.

Si bien en este momento viven en completa calma, temen que en cualquier momento los chimas ingresen y “causen destrozos a nuestras viviendas y nos vuelvan a amenazar con desalojarnos”.

De hecho, dice que son una decena de ejidos de la zona pertenecientes a Chiapas que continuamente son acosados por los habitantes de San Miguel Chimalapas, quienes reclaman el territorio como propio.

“De lo que nosotros estamos bien seguros es de que somos de Chiapas; hemos vivido de la agricultura siempre. Sin embargo, los habitantes de San Miguel buscan arrebatarnos parte de la reserva del ocote, ya que con ello buscan el saqueo de la madera.

“Nuestros hijos viajan hasta la cabecera municipal de Cintalapa (Chiapas) cada ocho días para continuar sus estudios de preparatoria, ya que en la zona sí hay preescolar, primaria y secundaria, y los que logran terminar el nivel básico, emigran a Cintalapa, que es el pueblo más cercano”, acotó.

La disputa, que persiste desde hace más de 40 años, se le adjudica a grupos de intereses particulares “que provocan el distanciamiento en ambos pueblos mexicanos, para evitar la presencia de las autoridades para que regulen la explotación forestal y otras actividades (no quiso llamarlo narcotráfico) en ese bastión de riqueza natural importante.

“Hay muchos intereses, a quienes conviene mantenerlo en indefinición esta parte del territorio, porque con ello claman que no entren ni la policía del estado de Chiapas ni ninguna otra corporación policiaca, y así poder tener una tierra de nadie donde puedan pulular este tipo de acciones que dañan a la República mexicana.”

La entrevistada menciona que “en 1990 Oaxaca reforma su Constitución e incursiona tratando de extender su territorio sobre 180 mil hectáreas del territorio chiapaneco, pero esta reforma la hace el Congreso del estado (oaxaqueño) de manera unilateral. Pero la Constitución general de la República es muy clara donde dice que nadie puede modificar o tocar límites sino es con la aprobación del Senado de la República”.

Ven ambición invasionista

Los 19 municipios oaxaqueños involucrados en la contrademanda interpuesta por el estado de Chiapas contra Oaxaca, dentro de la controversia constitucional 121/2012, se pronunciaron por emprender “una defensa conjunta, tenaz y contundente de nuestro territorio que, de manera arbitraria pretende el gobierno del estado vecino”.

Asimismo, suscribieron su pertenencia al estado de Oaxaca por lo que “ni ahora ni nunca hemos pertenecido ni sostenido vínculo jurisdiccional con el actual territorio del estado de Chiapas”.

Los concejales acordaron ir en bloque ante la desmedida pretensión de funcionarios del gobierno de Chiapas que intentan enturbiar las relaciones que deben existir entre dos entidades hermanas.

En un documento, compartido con Excélsior, las autoridades municipales comunican que ven “con preocupación y asombro que detrás de los hechos, afirmaciones y consideraciones legales del vecino estado, se oculta una clara intención invasionista; producto de una mentalidad colonial que sólo puede entenderse por los intereses personales de funcionarios chiapanecos sobre el territorio zoque-chimalapa.

“En nuestros territorios ancestrales pertenecientes a los pueblos indígenas zapoteca, mixe y chinanteco, ni ahora ni nunca han sido limítrofes con dicha entidad.”

Asimismo —coinciden — la tradición oral y la documentación básica sólo registran nuestra pertenencia al Virreinato de la Nueva España y al estado de Oaxaca, “nunca a la capitanía de Guatemala ni al estado de Chiapas”.

A nombre de sus gobernados y ayuntamientos, los presidentes municipales anunciaron la decisión de emprender la defensa de su territorio ante “la desmedida pretensión del gobierno de Chiapas de querer variar los límites históricos que física y materialmente hemos tenido desde la época virreinal”.

Denunciaron “la insensata proposición” de Chiapas respecto de ubicar el límite histórico confundiendo “el cerro de los mixes”, ubicado al oriente de Oaxaca, con la “sierra de los mixes”, ubicada en el distrito de Yautepec, región de la Sierra Sur.

Consideran absurdo variar los linderos de Chiapas 172 kilómetros tierra adentro de Oaxaca, y deslindan “al hermano pueblo de Chiapas”, no así a los funcionarios del gabinete estatal y a los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Coincidieron en que habrán de presentar los documentos históricos que avalan su pertenencia “al territorio que hoy ocupa nuestra entidad; asimismo, de manera categórica, afirmamos que no se encontrará ningún documento ni sustento histórico que demuestre lo contrario”, subraya el primer comunicado conjunto avalado por los 19 presidentes municipales.

Expresaron su respaldo a los municipios de San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa y San Pedro Tapanatepec, quienes durante más de 70 años han sufrido invasiones territoriales y asentamientos ilegales. “Los animamos y nos sumamos a su lucha para lograr el respeto a nuestro territorio”.

Manifestaron su adhesión al gobierno de Gabino Cué, a quien le reconocen su interés por defender el territorio y la soberanía de Oaxaca.

“Estamos seguros que municipios y gobierno de Oaxaca frenaremos las invasiones al territorio Chimalapa y a nuestra entidad; asimismo obtendremos que la Suprema Corte confirme la verdad histórica irrefutable que nos asiste al pueblo de Oaxaca.”

El documento los suscriben los presidentes municipales de Chahuites, San Pedro Tapanatepec, Santo Domingo Zanatepec, San Miguel Chimalapa, Santa María Chimalapa, Asunción Ixtaltepec, Matías Romero, San Juan Guichicovi, El Barrio de la Soledad, Santa María Petapa, Santo Domingo Petapa, Guevea de Humboldt, Santiago Ixcuintepec, Santiago Yaveo, San Lucas Camotlán, San Pedro Ocotepec, San Juan Cotzocón, San Miguel Quetzaltepec y San Juan Mazatlán.