Cerrarán el paso a las armas de las FARC

BRASILIA.

El gobierno brasileño anunció una fuerte inversión para reforzar el control de sus fronteras en 2017, debido, entre otros motivos, a temores a que la desmovilización de la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC) aumente el contrabando de armas.

El Ejecutivo de Michel Temer prevé este año un desembolso de 470 millones de reales (148 millones de dólares) para su Sistema de Monitoreo de Fronteras, detalló el portal gubernamental Brasil. El monto duplica al gastado el año pasado, según la web.

El ministro de Defensa, Raul Jungmann, mencionó el temor a que las armas de los combatientes desmovilizados de las FARC puedan llegar a manos de los grupos criminales de Brasil después del acuerdo de paz entre esa guerrilla marxista y el gobierno colombiano.

“Con el acuerdo de paz, el arsenal de ellos se está quedando en parte en manos de los disidentes (de las FARC) o no son entregados. Esas armas pueden acabar llegando a nuestros centros urbanos, agravando la crisis de seguridad”, citó el portal a Jungmann.

Brasil vive actualmente una escalada de violencia entre bandas criminales, reflejada sobre todo en varias matanzas ocurridas en las cárceles del país, donde conviven fuertes facciones del crimen organizado.

Las reyertas son atribuidas en parte a disputas entre las bandas para hacerse con el control de las rutas de narcotráfico en Brasil, sobre todo en la región amazónica, fronteriza entre otros países con Colombia, Perú y Bolivia.

Varios expertos apuntaron recientemente a la posibilidad de que el retroceso de las FARC, acusadas desde hace años de financiarse a través del tráfico de drogas, conduzca a una reorganización de ese enorme mercado ilegal en la región.

Brasil, el país más grande de América Latina, tiene 17 mil kilómetros de frontera con 10 países de Sudamérica.

Por otra parte, siete de los 16 miembros de un organismo dependiente del ministerio brasileño de Justicia, incluido su presidente, presentaron su renuncia acusando al gobierno de recurrir a una política represiva “ineficaz” y “populista” para enfrentar la crisis carcelaria.