Fiscalía exculpa a la infanta Cristina

PALMA DE MALLORCA, 10 de diciembre.— El fiscal solicitó al juez que archive la causa respecto a la infanta Cristina, hermana del rey Felipe VI de España, investigada en un caso de corrupción, por inexistencia de indicios racionales de criminalidad.

No obstante, el fiscal Pedro Horrach solicita al juez José Castro, que investiga el denominado caso Nóos, que la considere responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587 mil 413 euros.

En la misma causa, por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, que presidió el marido de la infanta, Iñaki Urdangarin, el fiscal pide para él una condena de 19 años y 6 meses de prisión y que pague 3.5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y lavado de dinero.

El caso Nóos investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6.1 millones de euros de fondos públicos entre 2004 y 2007.

El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587 mil 413 euros.

Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el Ministerio Público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo a 50% y que destinaron a pagar gastos personales.

Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su  actividad personal y pagar menos impuestos.

El fiscal considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, “se benefició” porque su esposo los destinó a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.

En su escrito, Horrach considera que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra la infanta Cristina ante la “inexistencia de indicios racionales de criminalidad”, criterio que coincide con el de la Abogacía del Estado.

El abogado de la infanta, Miquel Roca, dijo que su clienta pagará de forma inmediata la cantidad reclamada como responsable civil.