Cataluña defiende consulta separatista

BARCELONA, 1 de octubre.—  El gobierno catalán interrumpió ayer  su campaña por el referéndum independentista para respetar la legalidad después de que el Tribunal Constitucional español la suspendiera el lunes, al tiempo que se declaró determinado a luchar para que los catalanes puedan votar.

Y por ello, miles se manifestaron ayer para reclamar su derecho a votar sobre la independencia el 9 de noviembre, desafiando la suspensión cautelar de la consulta.

El día después de esta esperada decisión, el gobierno catalán se mostró determinado a continuar adelante e inició la defensa jurídica de este proceso que ha generado un conflicto sin precedente con Madrid.

“Hay una situación procesal que no se puede pasar por alto pero es evidente que ayer (lunes) no terminó nada”, dijo el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, pero la determinación del gobierno es continuar.

El portavoz gubernamental reclamó también la movilización ciudadana que se materializó por la tarde con manifestaciones en las plazas de numerosos municipios, que se llenaron de gritos de “independencia” y “votaremos”.

El lunes, el Tribunal Constitucional aceptó los recursos presentados poco antes por el gobierno español y suspendió cautelarmente la convocatoria, dándose un plazo de cinco meses para dictar sentencia.

Esperando esta decisión “en el mínimo tiempo posible”, Homs anunció la suspensión de la campaña informativa de la consulta para no “poner contra las cuerdas a los funcionarios de la administración”.

Potente región industrial de 7.5 millones de habitantes en el noreste de España, con una fuerte identidad cultural e idioma propio, Cataluña lleva años en conflicto con el gobierno español, que le niega el derecho a decidir su futuro unilateralmente.

“Quien esgrime estos argumentos en realidad le está privando de ese derecho al que realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español”, dijo el lunes el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy.

Una iniciativa que en su opinión no se ajusta a la Constitución de 1978, pilar de la transición democrática tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).