El narco infiltra a El Salvador

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de septiembre.- “Todo el sistema político empieza a pudrirse en El Salvador”, resuena la voz de Héctor Silva, un académico del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, desde el otro extremo de la conexión telefónica en la capital estadunidense.

A lo largo de la entrevista con este diario, Silva dibujó un escenario muy distinto a las metas fijadas en los Acuerdos de Paz que rubricaron el hoy expresidente Alfredo Cristiani y los miembros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México para poner fin a la guerra civil que dejó 75 mil muertos.

Muchos de los compromisos adquiridos con la creación de la Policía Nacional Civil (PNC) tras la eliminación de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda que perpetraron crímenes de lesa humanidad en aquel conflicto de 1980 a 1992, se quedaron, por ahora, en el papel.

Acuerdos como el de “combatir toda clase de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad,  el orden y la seguridad pública en el ámbito urbano como rural” o el de prestar “un servicio del Estado a la ciudadanía, ajeno a toda consideración política, ideológica o de posición social o cualquier otra discriminación”.

El mismo grupo de oficiales, que no pasan de una treintena, han ocupado los mandos de la policía a lo largo de los últimos 22 años. Las designaciones son puramente políticas, eso ha impedido que los mandos que vienen de abajo no hayan podido ascender en los mandos de la policía”, dijo Silva en la entrevista telefónica.

Se trata, dice, de una élite, de un grupo de policías que se han estado rotando, que se han protegido unos a otros y eso es lo que “ha impedido que haya una rotación del cuerpo y ni siquiera una rotación de los mandos” en el caso de El Salvador.

Entretanto las investigaciones periodísticas que Silva ha venido realizando para la publicación en línea InSightCrime  y para su libro Infiltrados. Crónica de la corrupción en la PNC 1992-2013 (UCA Editores, mayo 2014) reflejan un desenlace muy distinto al que se esperaba hace dos décadas con los Acuerdos de Paz.

El narcotráfico y el crimen organizado ya infiltraron a los partidos políticos y las nuevas élites de quienes se han enriquecido con actividades ilegales como el narcotráfico, el tráfico de personas ya se están empoderando de los sistemas políticos. Los nuevos ricos tienen para dar y regalar. Incluso ofrecen paquetes a candidatos a diputados de diferentes jurisdicciones para que puedan tener dinero para hacer proselitismo”, dijo.

Agrega que estos diputados llegan a la Asamblea Legislativa debiendo favores a sus financistas y que luego estos diputados son los que escogen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces es un sistema muy infiltrado.

“El problema es que ya todo el sistema empieza a pudrirse en el caso de El Salvador”, dice.

Los encabezados mismos de una serie de cinco artículos que Silva preparó para InSightCrime.org, especializada en el crimen organizado de América Latina, dibujan una situación que no previeron los negociadores de la paz hace poco más de dos décadas: Los infiltrados, La policía y el arte de escapar, Anatomía de un fracaso, La conexión con Estados Unidos y El arreglista.

En Los infiltrados, por ejemplo, Silva evidencia los niveles de corrupción en las más altas esferas de la Policía Nacional Civil, concretamente en el caso de quien fue director de la PNC hasta 2010.

“A Ricardo Mauricio Menesses Orellana le gustaban los caballos y el rodeo de Pasaquina representaba para él una oportunidad de disfrutar de la fiesta. Se unieron a él en el evento –que se desarrollaba en el corazón del territorio controlado por Los Perrones, el grupo transportista de droga más poderoso de El Salvador, dirigido por el infame Natividad Luna Pereira, alias Chepe Luna, dice el reportaje que InSightCrime publicó en marzo.

En La policía y el arte de escapar Silva señala que Chepe Luna, un contrabandista de quesos convertido en narcotraficante, tenía el control sobre el territorio y bien sobornadas a las autoridades, entre las que figuraba el mismísimo jefe de la PNC, Mauricio Menesses Orellana quien pagó el fracaso del operativo con, como escribió Silva, un empleo inventado especialmente para él en la embajada de El Salvador en Washington: “enlace policiaco”.

En Anatomía de un fracaso Silva comenta que la fallida y extensa “Operación Camaleón” diseñada especialmente para detener en 2004 a Chepe Luna evidenció la amplitud de la colusión existente entre la Policía Nacional Civil y el crimen organizado local, mientras que en La conexión con Estados Unidos Silva revela la ruta que sigue la cocaína de los países vecinos del sur, como Honduras” y la colusión con la División Antinarcóticos de El Salvador para llevarla hasta los consumidores en Nueva York.

Y finalmente en El arreglista, Silva relata el papel decisivo que juega la élite del poder en la promoción, protección y manejo de los negocios ilegales en El Salvador y la red de complicidades que permean hasta los círculos internos del poder.

Pero en la entrevista con Excélsior Silva completa el panorama abordando el caso del Sistema Judicial donde, según comenta,  la corrupción está mucho más enraizada y mucho más protegida.

“Hay un procedimiento en el oriente del país en el que están implicados varios empleados judiciales que en una fiscalía están relacionados con temas de narcotráfico. Cada cierto número de años tenemos operativos de este tipo que se anuncian con bombo y platillo, pero al final no termina pasando nada. Y aquí también la protección es por parte de grupos criminales y también por grupos políticos”, dice.

Silva obtuvo su primer título académico como periodista de la Universidad Centroamericana de El Salvador, la UCA, que el 16 de noviembre de 1989 fue escenario del asesinato de seis académicos jesuitas, incluido su rector Ignacio Ellacuría, más dos colaboradoras de la institución, a manos de efectivos del Batallón Atlácatl del ejército mundialmente famoso por la matanza de El Mozote (1981) con métodos de exterminio como lanzar al aire a un menor de tres años para ensartarlo con una balloneta (https://www.markdanner.com/articles/127).

Al final, lejos de desanimarse ante el panorama que presenta en este momento la corrupción de El Salvador, Silva concluye la entrevista con una nota positiva:

“Yo como ciudadano, como académico, no reniego en ningún momento los Acuerdos de Paz. Creo que sin este acuerdo nacional básico donde está montado todo el sistema democrático en el que vivimos ahora –por muy profundos que sean sus vicios y sus defectos– la situación que tenemos ahora es mucho mejor a la de antes cuando teníamos un sistema de corrupción y de guerra abierta en la que nos estábamos matando unos a otros”, dijo el académico Héctor Silva.

Nicaragua empleó el dinero en penales

El gobierno de Nicaragua anunció que construyó tres nuevos centros penitenciarios y uno más está en proceso, con una parte de los 9.2 millones de dólares incautados a un grupo de mexicanos, capturados en 2012, que se hacían pasar por reporteros de Televisa para trasegar drogas.

Las instalaciones penitenciarias fueron inauguradas ayer.

“Los complejos que ahora forman parte del Sistema Penitenciario Nacional se financiaron con parte del dinero incautado al narcotráfico”, informó el gobierno, a través de su portal El 19 Digital.

Unos seis millones de dólares  fueron invertidos en un Centro Penitenciario de Mujeres, valorado en 1.8 millones de dólares, el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad, con 2.1 millones de dólares y el Centro Penitenciario de Bluefields, cuyo costo fue de 2.1 millones de dóalres, según el reporte.

Otros 974 mil dólares se gastaron en un “complejo productivo de régimen abierto y semiabierto para los privados de libertad”, de acuerdo con El 19 Digital.

Cabe recordar que el grupo liderado por Raquel Alatorre fue condenado a 30 años de prisión y fue trasladado a México por la PGR en diciembre de 2013. “Ahora pagarán sus sentencias internados en los centros federales de Readaptación Social en los estados de Jalisco, Tamaulipas y Nayarit”, indicó la fiscalía federal en aquel entonces.

El viceministro de gobernación, Carlos Nájar, dijo que estos centros solucionarán los problemas de hacinamientos en las cárceles.

–EFE y Notimex