Transportistas piden frenar la inseguridad en Guatemala
El sector paga al año alrededor de 23.10 millones de dólares en extorsiones, denuncian
CIUDAD DE GUATEMALA, 25 de julio.— Empresarios y conductores del transporte extraurbano de pasajeros de Guatemala demandaron ayer a las autoridades mayor seguridad y modificar el artículo de una ley aprobada este año por el Congreso por considerar que afecta a ese servicio.
Miles de transportistas participaron en una marcha pacífica en la capital, donde fueron atendidos, inicialmente, por el presidente del Congreso, Arístides Crespo, y varios diputados, a quienes plantearon sus demandas.
El presidente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa), Itiel Ordóñez, dijo a periodistas que las principales demandas son de seguridad, debido a los asaltos y extorsiones que sufren.
“Todos los días sufrimos extorsiones y muchos choferes son asesinados”, manifestó el empresario, pero sin precisar cifras de las cantidades que les demandan los pandilleros.
De acuerdo con investigaciones del Ministerio de Gobernación, los empresarios del transporte en general pagan unos 180 millones de quetzales (23.10 millones de dólares) al año por extorsiones.
“No más extorsiones ni asesinatos de pilotos y ayudantes”, se leía en los carteles que portaron varios de los más de tres mil transportistas y choferes que participaron en la marcha.
Ordóñez indicó que la manifestación fue también para demandar al Congreso la modificación a un artículo de la Ley Preventiva de Hechos Colectivos de Tránsito, aprobado este año por considerar que los afecta.
Esa normativa señala en un artículo que el propietario del vehículo o su representante legal serán los responsables de un accidente de tráfico que cause muertes cuando el chofer se dé a la fuga.
El empresario pidió al Congreso eliminar esa responsabilidad penal y buscar otros mecanismos para hacer cumplir la ley.
Al respecto, el presidente del Congreso se comprometió a evaluar la posibilidad de reformar el artículo, siempre y cuando exista un consenso en el organismo legislativo.
El diputado Luis Fernández, del oficialista Partido Patriota (PP), comentó que la Ley fue aprobada en beneficio de la población usuaria del transporte de pasajeros, porque siempre que se registra un accidente con saldo de muertos, los familiares de las víctimas no saben a quién acudir para fincar responsabilidades.
Mientras, el viceministro guatemalteco de Gobernación, Eddy Juárez, quien participó en la reunión en el Congreso, aseguró que una de las prioridades de esa normativa es prevenir los accidentes, pero también sancionar a los responsables.
Durante 2013 se registraron en Guatemala 816 muertes por accidentes de tráfico, según la Dirección de Tránsito.
Vestidos con camisetas blancas, los miles de empresarios y conductores del transporte extraurbano de pasajeros marcharon en diferentes sectores de la capital de Guatemala.
Los manifestantes, que cerraron parcialmente cuatro carreteras de ingreso a la capital, exigen a diputados y funcionarios de gobierno que frenen el acoso de los pandilleros.
Ordóñez refirió que si no se atienden sus demandas, el próximo jueves efectuarán un paro nacional.
Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito de la capital, expuso que la última vez que los transportistas protestaron, el embotellamiento llegó al parque Naciones Unidas, en la ruta al Pacífico; zona 18, hacia el Atlántico; San Lucas Sacatepéquez y puntos por la calzada San Juan.
“Exigimos leyes justas para el desarrollo del transporte”, también se leía en pancartas amarillas con letras negras que llevaban los manifestantes.
De acuerdo con el humanitario Grupo de Apoyo Mutuo, entre 2010 y 2013 al menos 23,048 guatemaltecos, unos 15 por día, denunciaron ser víctimas de extorsiones en este país centroamericano, principalmente comerciantes y empresarios del transporte colectivo.
La mayoría de las extorsiones, que se hacen incluso desde las cárceles, se realizan bajo amenazas de muerte a la víctima, según reconocen autoridades de seguridad en Guatemala, uno de los países más violentos de América Latina, con un promedio de 17 muertes diarias.
Las temibles pandillas “Mara 18” y su antagónica “Mara Salvatrucha” son acusadas por las autoridades de asesinar a comerciantes, transportistas y otras personas que se niegan a pagar extorsiones.
