Para Estados Unidos, la política migrante cuesta muy cara

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de abril.- La aplicación de las leyes migratorias es la prioridad número uno del gobierno de Estados Unidos, si se hace caso al enorme fortalecimiento de la estructura de los servicios de control migratorio y seguridad fronteriza durante las últimas dos décadas.

El hecho lo hace evidente la asignación de cantidades excesivas de recursos a las agencias migratorias, el protagonismo de las leyes migratorias en el sistema de justicia penal y el endurecimiento de éstas.

Una investigación del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés) reveló que el presupuesto asignado a los organismos como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración, Control de Aduanas (ICE) y el Indicador Tecnológico del Estatus de inmigrantes (US Visitors) es mayor que el que se destina a todas las agencias de seguridad juntas.

El estudio titulado La ley de inmigración de los Estados Unidos. El ascenso de una maquinaria formidable, destacó que el presupuesto destinado a los servicios de migración en 2012 fue de 18 mil millones de dólares, 15 veces más elevado que el gasto realizado en 1986 cuando se implementaron por primera vez las normas de migración.

Lo anterior se comparó con los recursos destinados al Servicio Secreto, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la DEA, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos y el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuegos y Explosivos, que sumados alcanzan los 14 mil millones de dólares en gastos.

El presupuesto del fortalecimiento de la seguridad fronteriza también se ha disparado dramáticamente en los últimos años debido, en buena medida, al despliegue de tecnología, la construcción de cientos de kilómetros de muros en la frontera sur y el empleo de hombres con el objetivo de prevenir la entrada ilegal de inmigrantes a su territorio.

En 2012 se destinaron más de 11 mil millones de dólares al reforzamiento del control fronterizo de ese país. Dicha cifra representa 85 por ciento del total del presupuesto del CBP.

Doris Meissner, integrante del MPI, consideró que lo anterior obedece a la evolución del sistema migratorio actual que surgió a mediados de la década de 1980 con la aparición de la Reforma Migratoria y Ley de Control (IRCA, por sus siglas en inglés), sin embargo las medidas de control se fortalecieron después de los atentados terroristas el 11 septiembre de 2001.

“Después de lo ocurrido en el 9/11 la ley migratoria se ha estado revisando y por lo tanto fortalecido año tras año durante la última década, la cual durante un tiempo fue vista por políticos y público en general como muy débil”, afirmó Meissner en entrevista telefónica con Excélsior.

Durante una intervención para el Comité de la Nación y Asuntos Gubernamentales, David A. Shirk, director de Trans-Border Institute, explicó que el actual régimen de seguridad fronterizo representa un “enorme cambio desde el no tan distante pasado, cuando el sureste era una frontera escasamente poblada”.

Desde la década de 1920 existieron esfuerzos encaminados a evitar la entrada de migrantes a Estados Unidos, impulsados por crisis relacionadas con la identidad nacional y el nativismo, pero no fue sino hasta la década de 1980 que surgió la necesidad de evitar la llegada ilegal de extranjeros al país e introducir nuevas legislaciones.

Todo ello impulsado por el aumento de entradas de extranjeros, en mayor medida provenientes de los países de Centro y Sudamérica y Asia. Por ejemplo, durante 1970 el número de extranjeros ilegales en Estados Unidos era 1.9 millones, pero para 1980 está cifra aumentó casi 50 por ciento con 2.7 millones de inmigrantes.

En 1986, IRCA autorizó la amnistía a cerca de 2.7 millones de habitantes ilegales, al tiempo que obligó a llevar a cabo regulaciones laborales y estrictos controles fronterizos.

Durante esta misma época inicia la disposición de elementos de las fuerzas armadas estadunidenses a lo largo de la frontera: “en el contexto de la lucha contra el crimen organizado, la agencia y las medidas de seguridad de la frontera se tornaron fuertemente militarizadas (…) Tomando prestada de la doctrina de la “guerra de baja intensidad” o “contrainsurgencia” la vigilancia fronteriza se basó cada vez más en tecnologías y tácticas generalmente usadas en el combate militar”, aseguró Shirk.

Entre el equipamiento militar que menciona Shirk se encuentran sensores electrónicos, radares de visión nocturna, armas de fuego de alta potencia y vehículos aéreos no tripulados –mejor conocidos como drones– equipados con cámaras, entre otros.

Cabe destacar que en la actualidad se encuentran apostadas 38 bases de fuerzas militares, navales y aéreas en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, que hacen frontera con México.

Protagonismo en el sistema penal

Otro hecho que demuestra la importancia de las normas migratorias es que cada año se refieren más casos de enjuiciamiento federal por crímenes relacionados con la inmigración y constituyen, actualmente, la tercera causa de procesos legales –seguido de delitos de tráfico de drogas– cometidos por delincuentes extranjeros.

Actualmente el CBP asigna más casos de persecución penal a los fiscales estadunidenses que el FBI; y juntos CBP y ICE refieren más de los casos de prosecución que todas las agencias estadunidenses de seguridad juntas.

Los juicios por estos delitos aumentaron de 16 mil en 2001 a casi 92 mil, en 2009 y 90 por ciento de dichos casos comprenden los delitos de entrada ilegal, el cual se considera un delito menor y la reentrada ilegal, en cuyo caso corresponde a un delito mayor con penas que pueden alcanzar hasta dos años en prisión.

“La ley de inmigración está jugando un papel cada vez más dominante en el sistema de justicia penal federal”, dijo la investigadora Meissner a este diario.

Y recordó que, anterior al reforzamiento de las normas migratorias, el gobierno estadunidense solía deportar sólo a los inmigrantes que hubieran cometido delitos graves, sin embargo en 1996 el Congreso de ese país endureció las penas en casi 50 infracciones que hasta entonces se consideraban delitos menores o simples faltas.

Resultados pobres

El paso de personas por la frontera de manera ilegal provenientes de Latinoamérica ha disminuido significativamente desde 2008 debido a la recesión económica en la que la generación de empleos fue afectada. Sin embargo, la asignación de recursos y la creación de leyes cada vez más estrictas no han cesado.

Tanto Meissner como Shirk coinciden en que no es claro si los esfuerzos de las administraciones estadunidenses en esta materia arrojan resultados positivos. De hecho consideraron que esto ha impulsado la sofisticación de técnicas para el paso de migrantes, la expansión del crimen organizado y de tráfico de drogas. Así como el riesgo de que miles de personas pierdan la vida en la búsqueda de espacios menos vigilados para cruzar la frontera.

“Todo esto sólo puede cambiar si hay una nueva ley migratoria”, sugirió Meissner y afirma que los debates sobre la reforma migratoria son de vital importancia.

“Esperamos que las personas empiecen a entender que gran cantidad de dinero se ha gastado ya, y con el objetivo de mejorar las cosas va a ser necesario una nueva ley y no únicamente elevar el gasto en la vigilancia.”

Pese a estas y otras advertencias, cada uno de los intentos de las autoridades estadunidenses por reformar el sistema de normas migratorias ha llegado acompañado de la política de “primero reforzar”.

Para finalizar su intervención en el Congreso, Shirk afirmó que a pesar de la inversión tan costosa en la interdicción de la frontera, es probable que continúe el flujo ilícito de personas, drogas, armas y dinero incluso con mayor inversión en la vigilancia fronteriza.

“Parece probable que hay mayores probabilidades de mejorar al reducir los incentivos de los migrantes para dejar sus comunidades natales o hacerles más fácil verificar su elegibilidad para trabajar en Estados Unidos”,  resaltó  David A. Shirk.