Reforma migratoria contempla alto gasto

WASHINGTON, 18 de abril.— Estados Unidos cuenta formalmente desde ayer con una propuesta de reforma migratoria, tras la introducción de una iniciativa legislativa en ese sentido por parte del Grupo de los ocho, compuesto por senadores republicanos y demócratas.

La “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración” es un documento de 844 páginas que esboza principalmente ideas para combinar dos de los principales reclamos en materia migratoria: reforzar la seguridad fronteriza estadunidense y una vía para la legalización de los 11 millones de indocumentados que viven en el país.

Pero ¿qué implica cada punto que contempla la iniciativa?

Seguridad fronteriza

Los autores del proyecto proponen dos estrategias en seguridad fronteriza para las que piden un total de cuatro mil 500 millones de dólares y la contratación de hasta tres mil 500 agentes de aduanas adicionales.

La primera iniciativa es la “Estrategia de Seguridad Integral de la Frontera Sur” y tiene como objetivo “lograr y mantener un control efectivo en todos los sectores fronterizos de alto riesgo” en la línea demarcatoria con México, para lo que prevé inversiones por tres mil millones de dólares y el uso de aviones no tripulados, entre otros.

La segunda es la “Estrategia de bardeado de la Frontera Sur”, que contempla otros mil 500 millones de dólares para “identificar en qué partes de la frontera se requiere más vallaje, incluidas vallas dobles, infraestructura y tecnología” para impedir el traspaso ilegal.

Rumbo a la legalización

Con la reforma sólo podrán beneficiarse aquellos indocumentados que ingresaron a EU antes del 31 de diciembre de 2011 y han estado de forma “continua” en el país desde entonces.

Además, no pueden haber cometido delitos y —salvo excepciones como en el caso de los jóvenes— deberán pagar una multa de 500 dólares y asumir los costos de todo el proceso antes de que éste comience.

Estos pasos les permitirán adquirir el “estatus de inmigrante registrado provisionalmente” (RPI, por sus siglas en inglés) que constituye el primer nivel del largo proceso hasta la obtención de la residencia permanente (la “tarjeta verde”) en no menos de diez años y la ciudadanía en principio tres años más tarde.

Todo este proceso le costará al postulante hasta dos mil dólares en varios tramos. Además, el candidato deberá cumplir otros requisitos, como poder demostrar conocimientos del inglés, que ha trabajado en el país de forma regular o que ha pagado todos los impuestos atrasados.

El camino es más sencillo para dos grupos específicos: los dreamers o jóvenes indocumentados que llegaron al país de pequeños junto con sus padres, y los trabajadores agrícolas. El periodo de espera para obtener la “tarjeta verde” es para estos dos grupos de sólo cinco años. En el caso de los dreamers o “soñadores”, tras ello además podrán obtener de manera inmediata la ciudadanía.

Incluye a inmigrantes legales

La propuesta de ley propone algunos cambios a la emisión de visas para ingresar a EU, entre otros el incremento de 65 mil a más de 100 mil la emisión de visados para trabajadores de alta cualificación (el HB-1) y un programa de trabajadores visitantes duramente negociado con empresarios y sindicatos.