Propiedad privada, de última hora

El dictamen de la Comisión de Principios Generales incorporó el concepto, que aún deberá someterse a consideración del pleno de la Constituyente

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CIUDAD DE MÉXICO.

En la redacción original del proyecto de Constitución el concepto derecho a la propiedad privada no estaba acentado, lo que generó desconfianza en más de un empresario y en constituyentes que presentaron iniciativas para que se incluyera. Al final la Comisión de Principios Generales incorporó el derecho a la propiedad privada en su dictamen, el cual se someterá a consideración del pleno de la Asamblea Constituyente.

(...) La Ciudad de México asume como principios el respecto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social (…), el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación”, se lee en el numeral 2 del artículo 3 del dictamen de dicha comisión.

Pero antes de que esa comisión decidiera incorporarlo, el tema se debatió en las comisiones de Carta de Derechos y Desarrollo Sostenible, a las que llegaron iniciativas de constituyentes y ciudadanos que pedían que se protegiera expresamente el tema de la propiedad privada, y donde otros consideraban que era suficiente con que ese derecho ya esté en el artículo 27 de la Constitución federal.

Una de las propuestas que llegó a la Comisión de Desarrollo Sostenible fue de la constituyente del PRD Elizabeth Muñoz Ruiz, que proponía “hacer adecuaciones para dar plena certeza jurídica a los ciudadanos sobre el derecho que tienen a la propiedad privada”.

 Cuando se abordó la iniciativa de Muñoz Ruiz, otros constituyentes expresaron su inquietud de que se añadiera la protección de la propiedad privada, además de la “protección a la función social del suelo”, que estaba expresamente señalada en  el artículo 21.

Tras el debate la redacción original del numeral 1, del inciso C del artículo 21 que en el proyecto de Constitución decía la “Constitución reconoce la función social del suelo y la propiedad” quedó en el dictamen como “Esta Constitución reconoce la función social del suelo y de la propiedad pública, privada y social, en los términos del artículo 27 –que protege el derecho a la propiedad privada– de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

El presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, el perredista Enrique Provencio, expuso que el dictamen de su comisión “habla explícitamente del sector privado, de la propiedad privada, pública y social, de la promoción de los emprendimientos, siempre ha estado allí”.

Provencio consideró que a lo largo de los trabajos del constituyente frases como la ‘función pública de la propiedad’ fueron distorsionadas, pero ésa es una figura que existe en el derecho mexicano y que la Constitución de la Ciudad de México nunca cuestionó el capítulo económico de la Constitución general.

 También llegó a la comisión la iniciativa del ciudadano Francisco Javier Solares Alemán, que solicitaba incluir la frase “El gobierno debe garantizar la propiedad privada”, esto en el numeral 2, del inciso E del artículo 21, lo cual no fue incluido.

El 9 de noviembre el grupo parlamentario del Partido Verde entregó al Constituyente la propuesta de incluir el apartado G al artículo 10 de la Constitución para incluir el concepto de “derecho a la propiedad privada” y la iniciativa la turnaron a la Comisión de Carta de Derechos.

A la misma comisión llegó una iniciativa hecha en el mismo sentido y en la misma fecha por el partido Encuentro Social. Así el tema lo analizaron los constituyentes de la Comisión de Carta de Derechos, pero de acuerdo al constituyente del PAN, Carlos Gelista, “después de que hablamos con varios diputados, entre ellos algunos de la Comisión de Principios Generales, nos comentaron que incluirían el tema en uno de los artículos que correspondían a su comisión”.

El tema llegó a la Comisión de Principios Generales en las últimas semanas, y de acuerdo con la constituyente del PRD Marcela Lagarde allí se consideró en los debates que “la propiedad social, y también la comunal y la privada son importantes para el desarrollo económico y social de la Ciudad de México”, por lo cual el derecho a estos tipos de propiedad se incluyó en el dictamen.