Consulta entrampa a la Constituyente; comisión de pueblos indígenas

CIUDAD DE MÉXICO.

La Comisión de Barrios Originarios y Pueblos Indígenas tiene la responsabilidad de consultarle a 784 mil ciudadanos indígenas que viven en la ciudad y conforman 8.8% de la población —de acuerdo con el Inegi— si están o no de acuerdo con los artículos de la Constitución que afectan sus derechos, pero esta comisión de la Asamblea Constituyente lleva 12 días debatiendo el tema y no llegan a un acuerdo sobre cómo y cuándo se hará la consulta.

El desacuerdo de fondo es si permitir o no que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) participen en el proceso. Mientras PRD y PAN consideran que su actuación  es necesaria, Morena ve su intervención con desconfianza.

La constituyente de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, en entrevista con Excélsior, expresó que el pasado 18 de noviembre los constituyentes de la comisión llegaron a una serie de acuerdos: “Establecimos el procedimiento de la consulta, nuestra relación con las instituciones, cómo se iba a participar… habíamos quedado en que el IEDF no iba a participar, porque el proceso de consulta es de deliberación entre los pueblos… no es una votación”.

De acuerdo con Ruiz Anchondo, el PRI, PAN y PRD firmaron esos acuerdos “y luego empezaron a meter otros documentos que no tenían nada que ver, en eso estamos entrampados… han pasado 12 días porque quieren imponer acuerdos y votaciones que violentan esos acuerdos que ellos ya firmaron”.

“No queremos que intervenga ninguna autoridad del Distrito Federal, ni partido político, nadie tiene derecho a manipular la deliberación de los pueblos…ésta debe ser libre”, señaló Ruiz Anchondo.

Este diario entrevistó ayer a la constituyente del PRD, Ana Julia Hernández Pérez, y sobre la desconfianza de Morena dijo: “Pero ni tiempo hay de que haya injerencia —de instituciones—la verdad es que dudo ya de las dos compañeras de Morena —Patricia Ruiz Anchondo y Consuelo Sánchez Rodríguez— a todo le ponen trabas, a todo, estuvieron aquí en la mañana sus asesores, se revisó una nueva propuesta…y estoy segura que ni ese documento van a aprobar”.

Ayer la misma Hernández propuso a la comisión un protocolo para la consulta. Plantea llevarla a cabo del 5 de diciembre al 13 de enero, en una serie de fases que van desde lanzar una convocatoria, informar a las comunidades indígenas y del 13 de diciembre al 13 de enero, llevar a cabo una Fase Deliberativa entre los pueblos originarios y luego una etapa de “Diálogo y Construcción de Acuerdos”.

Sobre esa propuesta, Ruiz Anchondo dijo que “quieren imponer al Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios como sujeto de derecho, y no lo es. El consejo es un organismo gubernamental que preside (el jefe de Gobierno) Mancera y una  de las dirigentes es Fabiola Poblano, ella constantemente está presionando a la Comisión -de Barrios Originarios y Pueblos Indígenas- porque quieren manipular la consulta”.

OTRA  INCÓGNITA

Otro tema es qué se someterá a consideración de la población indígena.

Víctor Toledo, relator de la ONU sobre Pueblos Indígenas, dijo que no sólo debían someter a la consulta los artículos 63, 64 y 65, sino todos los que afectaran los derechos políticos, acceso a la justicia y a la salud de la población indígena.

Eliminan inmunidad

En una transformación importante de la redacción original del artículo 72 del proyecto de Constitución, los constituyentes de la Comisión de Buen Gobierno decidieron eliminar el fuero del jefe del Ejecutivo al quitar de la redacción un segmento que era una especie de blindaje, así lo hicieron en el proyecto de dictamen.

 El segmento que se proponía en el proyecto de Constitución y que eliminaron —numeral 2 del artículo 72— exponía: “Las personas titulares de la Jefatura de Gobierno, de las dipu-

taciones al Congreso local, de las magistraturas, de las secretarías del gabinete, de la Fiscalía General, así como de las Alcaldías no podrán ser privadas de su libertad durante el periodo de su encargo”.

 Y sí mantuvieron el numeral 1 del mismo artículo que señala que “las personas servidoras públicas son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo. Ninguna goza de fuero o inmunidad”, lo que incluye al jefe de Gobierno.

 En el proyecto de dictamen de la Comisión de Buen Gobierno  también se plantea la creación de una Auditoría Superior de la Ciudad de México con “autonomía constitucional, presupuestal, técnica y de gestión, para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”.

 Los miembros de dicha comisión tendrán 72 horas para estudiar el proyecto de dictamen.