Una defensoría de oficio rebatiría a delegaciones; propuesta de TEDF e IEDF

CIUDAD DE MÉXICO.

Los dictámenes emitidos por las delegaciones a los proyectos para el Presupuesto Participativo podrían ser impugnadas por los ciudadanos a través de una Defensoría de Oficio Electoral en la que abogados especialistas en el tema los asesorarían en el cumplimiento de requisitos y formatos, según la propuesta del Tribunal Electoral del DF y el Instituto Electoral local .

La iniciativa propuesta por el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Armando Hernández Cruz, permitiría que la población que sin filiación política se involucra en los procesos democráticos cuente con un sustento y respaldo legal en casos específicos, similar a la estructura legal con que cuentan los partidos políticos para los litigios de carácter electoral, en rubros como las consultas públicas o la elección de comités, hasta en las impugnaciones.

Comentó que hasta el momento, la calidad de las pruebas que presentan los vecinos en asuntos relativos a procesos de participación ciudadana como es la Consulta Ciudadana sobre la asignación de Presupuesto, carece del suficiente sustento legal y los tiempos en que se presentan, en muchos casos, hacen inviables las sanciones que solicitan o sus demandas no prosperan; incluso, dijo que hay ocasiones en que tratan de ser flexibles para que los procesos avancen, pero no siempre es posible.

“Una defensoría es fundamental porque el ciudadano no está obligado a conocer los elementos jurídicos y nos llegan impugnaciones extemporáneas, que no plantean concretamente la petición; cuentan la narrativa de los hechos, pero no llegan al punto concreto, eso una defensoría se los puede hacer”, indicó.

Por su parte, el consejero del IEDF Carlos González dijo que un equipo de abogados de oficio que acompañe a los ciudadanos permitirá que los trámites que realicen cumplan con los requisitos legales establecidos.

“Si hubiera un cuerpo de abogados especializados en derecho electoral y de participación ciudadana, las personas podrían asistir a ellos, plantear su inquietud y tener una asesoría que vaya más allá. Las autoridades electorales tenemos un mandato específico en el sentido de orientar a los ciudadanos, pero es necesario ir más allá”, señaló González.

El magistrado explicó que ni el TEDF ni el IEDF pueden hacer la función de defensoría ya que serían juez y parte.

Lo ideal es que sea un ente independiente, aunque por medidas de austeridad propone disponer de personal de los dos órganos, que conocen la materia como nadie más, para que lo conformen en un inicio, dijo.

Ambos coincidieron en la urgencia de crear la defensoría, pero para ello son necesarios cambios en la Ley de Participación Ciudadana, que de lograr darse en el siguiente periodo ordinario serían efectivos hasta 2017.

Tarda dictaminación de proyectos

Las 16 jefaturas delegacionales aún no concluyen la dictaminación de los 18 mil 500 proyectos que buscan la asignación del presupuesto participativo 2017, pese a que el plazo terminó este lunes conforme a la convocatoria emitida por el Instituto Electoral del DF (IEDF).

Ante el retraso, el órgano electoral solicitó a las autoridades delegacionales agilizar el proceso para no atrasar el resto de las etapas, como es la difusión de los proyectos aprobados para participar en la Consulta Ciudadana del 4 de septiembre, así como la impugnación de aquellos que fueran rechazados por su inviabilidad técnica, legal o presupuestal.

Un reporte preliminar enviado por las delegaciones indica que 20 por ciento de los proyectos ha sido calificado en sentido negativo, por lo que sus promoventes tendrán cuatro días, a partir de que se les notifique la decisión, para impugnar ante el Tribunal Electoral del DF.

El consejero electoral Carlos González confió en que las delegaciones concluyan lo antes posible con la tarea y adelantó que expertos del Colegio de México preparan el mecanismo de muestreo para elegir los dictámenes que estudiarán los especialistas en políticas públicas y participación ciudadana para hacer su análisis e identificar anomalías o irregularidades que se requiera corregir, ya que esta parte del proceso es la que genera mayor inconformidad entre los ciudadanos que registran los proyectos.