Expertos advierten falta de preparación en gaseras en San Juanico

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de febrero.- A pesar de que trabajan con un material de alto riesgo, los empleados de las gaseras no cuentan con capacitación adecuada sobre la correcta operación de los equipos con los que laboran, lo que pone en peligro a los más de 200 mil pobladores de la zona de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, donde se asientan las empresas Gas Metropolitano, Unigas y Gasomatico.

Además, 80 por ciento de las viviendas en México utiliza gas LP, por lo que la seguridad de millones de personas depende del manejo que los dueños de las gaseras hagan de sus instalaciones, de la capacitación que den a sus empleados y de las condiciones de sus tanques de almacenamiento.

Héctor Reyes, ingeniero industrial y experto en manejo de sustancias peligrosas, consideró que los trabajadores de dichas plantas están mal preparados y las autoridades tampoco tienen capacidad para revisar a fondo las instalaciones.

“El mayor problema de las plantas radica en usos y costumbres, es decir, la gente se empieza a confiar y no le da un adecuado mantenimiento, el personal no tiene la capacitación idónea y no hay autoridad que esté revisando que efectivamente estas personas estén cumpliendo con la normatividad.

“La realidad es que la normatividad que existe en el país es muy buena, lo que no está bien aplicado es hacer que el particular y la empresa cumpla con ésta y que la autoridad supervise que se esté cumpliendo con ella”, explicó a Excélsior el también exfuncionario de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal.

En tanto, Miguel Ángel García, instructor en incendios, explosiones y bombas de la Unidad Especializada en Tecnologías, Ciencias y Artes Forenses, sostuvo que la distancia de 100 metros que debe haber entre los tanques de almacenamiento y las zonas urbanas, señalada en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SESH-2014, es insuficiente en caso de una explosión como la de San Juanico, cuando la onda expansiva alcanzó un kilómetro y medio a la redonda.

Ayer, este rotativo publicó que una fuga o explosión de las gaseras propiedad de Eduardo Ramírez López y Tomás Zaragoza Fuentes alcanzaría zonas habitacionales y escuelas, tomando como referencia la tragedia que cobró la vida de 498 personas.

“Considero que cien metros realmente es muy poco. Deberíamos considerar o asumir que puede haber una fuga de gran capacidad o de mucho producto, lo cual generaría problemas como en San Juanico en noviembre de 1984”, advirtió.

Si bien las zonas habitadas de San Juanica cumplen con la norma, están en peligro porque Gasomatico, Unigas y Gas Metropolitano resguardan en conjunto 20 tanques cilíndricos con capacidad de 250 mil litros cada uno y otros 16 con capacidad de 200 mil litros cada uno.

Para los expertos es más viable reubicar a dichas empresas que hacerlo con los habitantes del lugar.

“Yo creo que es más fácil mover a la gasera que a miles de personas que pueden estar establecidos alrededor. Es mejor mover a la industria a zonas libres e incluso pedirles un perímetro más amplio protegido para que en un futuro no se pueda asentar la población ahí”, indicó García, quien ha tomado decenas de cursos de manejo de sustancias peligrosas.

Ejemplificó que en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa la transportación de hidrocarburos se realiza por ductos desde plantas que están alejadas de las zonas urbanas.

Aseguró que esto elimina el riesgo de que una planta afecte a la población en caso de un siniestro y evita que los autotanques circulen por las ciudades.

“Colocar las plantas lejos no es improbable. Elevaría los costos un poco porque la distribución tendría una ruta más larga”, secundó Reyes.

Desde 1986 debieron salir

Gasomatico, Unigas y Gas Metropolitano han ignorado la solución integral del problema planteada desde el gobierno federal después de la explosión de San Juanico, en 1984: la reubicación de las plantas a una zona apartada.

La exigencia se plasmó en un acuerdo publicado el 21 de noviembre de ese año en el Diario Oficial de la Federación por los entonces titulares de la desaparecida Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (Secofi) y la Secretaría de Salud (Ssa).

En el documento, se les exigió a las gaseras, en tanto se iban, una serie de medidas precautorias, entre ellas instalar sistemas de monitoreo y detección de fugas de gas; reubicación de la zona de transportes; construir muretes de concreto de 60 centímetros de alto en torno a los tanques de almacenamiento; delimitar los linderos de las plantas con bardas de tres metros de altura; enviar reportes mensuales de operación a las autoridades y someterse a inspecciones periódicas.

Las dependencias reconocieron que el crecimiento urbano provoca que algunas plantas de almacenamiento de gas LP se ubiquen cerca de zonas densamente pobladas, lo que implica riesgos para la vida de las personas y sus propiedades.

El acuerdo fija un año de plazo para la reubicación de las empresas a partir de la fecha en la que se les notifique el requerimiento para tal fin, previo dictamen de las secretarías.

Aclara que, tras recibir este estudio, las gaseras tienen 30 días para implementar las medidas de contención señaladas por las autoridades.

La publicación también señala que la Secofi y la Ssa intensificarán las verificaciones técnicas de las plantas para garantizar la seguridad de la población.

Por último, determina que las empresas que no cumplan con la reubicación o la implementación de las medidas de seguridad serán sancionadas con su clausura definitiva.