Los andenes de la Línea 12 del Metro tenían fallas de geometría

La entrada del tren a estaciones era insegura por la falta de espacio respecto al pasillo; aún así, ILF certificó a la Línea 12

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CIUDAD DE MÉXICO, 10 de febrero.- Unas horas antes de su apertura, el 30 de enero de 2012, la Línea 12 del Metro recibió una certificación de seguridad, a pesar de que a inicios de ese año se detectó que los trenes no empataban correctamente con el borde de los andenes en algunas estaciones del tramo elevado y subterráneo.

De acuerdo con documentos en poder de Excélsior, en estas pruebas, denominadas de gálibo, participó ILF, la firma en la que laboraba Carlos Adolfo Altamirano y Piolle, quien como trabajador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) evaluó la tecnología del material rodante para la Línea Dorada y después, como empleado particular, verificó la operación de los trenes.

Así se establece que nueve meses antes de que abriera la Línea 12, la certificadora conoció los errores en el gálibo gracias a las pruebas dinámicas que se llevaron a cabo con los primeros trenes en el tramo elevado.

Sin embargo, para emitir su visto bueno pasó por alto diversas inconsistencias, entre ellas las que tenían que ver con la falta de espacio entre el tren y el borde del andén que hacía insegura su marcha al ingresar a las estaciones.

La solución, también avalada por ILF, fue la de “rebajar” el muro estructural de la vía principal en algunas estaciones para permitir el paso seguro de los trenes.

Altamirano y Piolle supo de estos problemas, porque su nombre quedó asentado en la lista de asistentes en una mesa de trabajo que se llevó a cabo el 9 de enero de 2012 para abordar el tema del gálibo de la Línea en la que también participaron funcionarios del Proyecto Metro del DF (PMDF) y del STC, así como representantes del consorcio constructor (ICA, Carso y Alstom) y de las empresas supervisoras IPISA y CONIISA.

Incluso, desde septiembre de 2011, el consorcio certificador integrado por las empresas DB International Gmbh, ILF Berantende Ingenieure AG, Tüv Süd Rail Gmbh y Hamburg Consult Gmbh, sabía que la Línea Dorada presentaba faltantes relacionados con elementos arquitectónicos, estructurales y de seguridad, entre otros.

Entre otros pendientes que el PMDF detectó bajo la dirección de Enrique Horcasitas y la administración de Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno, destacaron la falta de escaleras, planos ilegibles y asentamientos diferenciales detectados a corto, mediano y largo plazo.

ILF tuvo conocimiento de todas estas irregularidades al haber representado al consorcio certificador en varias mesas de trabajo previas a la apertura de la Línea Dorada, en las que se determinó la seguridad de los diferentes elementos que integraron el proyecto.

Pero existen otras inconsistencias en las labores de certificación que llevó a cabo ILF, como las relacionadas a unos trabajos de marzo de 2010 en los que participó Altamirano y Piolle, quien como representante de la certificadora formó parte de las mesas de trabajo para definir materiales y equipamiento de los sistemas de alimentación y distribución de energía eléctrica.

Estos trabajos fueron señalados con incumplimientos y obras deficientes en el sistema eléctrico, de los cuales tomó conocimiento la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del DF.

Contraloría indagaría conflicto de interés

La Contraloría General será la encargada de investigar las implicaciones jurídicas de la participación de Carlos Adolfo Altamirano y Piolle en el dictamen técnico de la Línea Dorada y más tarde en la certificación de la obra como representante del consorcio certificador y de ILF.

Así lo afirmó José Ramón Amieva, consejero jurídico capitalino, luego de ser cuestionado por el posible conflicto de intereses que representarían las actividades del extrabajador del Metro.

Evitó pronunciarse sobre el hecho de que Altamirano y Piolle fue gerente de Instalaciones Fijas del STC, cuando dictaminó como debía ser la Línea 12 y después se encargó de certificar la obra desde el sector privado.

Sólo aseguró que las faltas serían de carácter administrativo, por lo que correspondería a la Contraloría investigar y establecer sanciones.

También señaló que se lleva a cabo un seguimiento del contrato que firmó la administración de Marcelo Ebrard con CAF para determinar cómo es que se determinó el precio de los trenes.

Esto, luego de que este medio dio a conocer que el tipo de cambio al que paga el GDF el uso y mantenimiento de los trenes no cuadra con la versión que se entregó a la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a los recursos destinados a esta obra.

Achacan adeudo a Ebrard

El actual gobierno capitalino no tiene obligación de hacer algún pago por afectaciones a los vecinos por donde pasa la Línea 12, afirmó el consejero jurídico José Ramón Amieva.

Señaló que ellos no recibieron las obras terminadas, eso lo hizo la anterior administración, quienes les notificaron que no había ningún pendiente de pago como el que se reclama.

“Como Consejería Jurídica no tenemos registrado ningún antecedente que les determine la indemnización de o pago por afectaciones a terrenos o inmuebles. Por parte del consorcio y en el finiquito tampoco lo tenemos detectado.

“Lo que sí, algún tipo de pago sé que lo lleva el Sistema de Transporte Colectivo, habría que preguntarles a ellos. Por ahí en su momento existió un convenio que la propia autoridad no reconoció, porque quien lo firmó no tenía facultades, se fue a un juicio de amparo, se sobreseyó”.

El domingo, este rotativo publicó que ejidatarios de Culhuacán denunciaron la simulación del pago de 25 millones de pesos en la que habría incurrido la pasada administración por expropiaciones de terrenos que fueron ocupados para la construcción de la obra.

De acuerdo con los afectados, a través de un oficio interno fechado el 25 de septiembre de 2012, el exdirector del STC, Francisco Bojórquez, recordó a la Dirección de Finanzas de ese organismo el pago pendiente correspondiente a un “apoyo económico” por mitigación de obra.

En el escrito, Bojórquez señala que ese pago fue autorizado en el acuerdo III-2012-III-18, emitido en el Consejo de Administración del STC en su sesión del 12 de septiembre de 2012.

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