Mancera enlista pendientes en caso de la Línea 12 del Metro

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de enero.- La estrategia jurídica que sigue el Gobierno del Distrito Federal en el caso del cierre de la Línea 12 busca que el costo para las finanzas de la capital sea el menor posible aseguró el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

El mandatario capitalino explicó que a la par de los análisis para la rehabilitación del tramo elevado y las auditorías sobre el desempeño de los involucrados en el proyecto, su administración busca en los tribunales que las empresas participantes se ciñan a los compromisos contractuales que adquirieron.

“Al Gobierno de la Ciudad de México le iniciaron cobrando cerca de seis mil millones de pesos. Ese cobro, en la primera etapa procedimental, tuvo una reducción aproximadamente a dos mil 500 millones. Eso es ahora parte de un litigio que está tanto en tribunales federales como en locales”, explicó en conferencia de prensa.

Detalló que durante el desarrollo de la obra, el GDF firmó convenios complementarios al contrato original a precio alzado con el consorcio constructor, que ahora forman parte del reclamo de las empresas.

De acuerdo con ICA, Carso y Alstom, el monto por los trabajos realizados, contemplados en estos convenios complementarios, y que no fueron pagados, asciende a tres mil 969 millones de pesos que se reclaman en litigios.

“Hubo un precio alzado y de ese precio alzado el Gobierno firmó convenios complementarios. Lo que demandan las empresas es que se les paguen esos convenios complementarios. Lo que el gobierno está argumentando es que hay un convenio inicial, un contrato inicial que es a precio alzado, eso es lo que está en diferendo”, dijo Mancera.

Agregó que el pago de indemnizaciones a propietarios de predios e inmuebles que resultaron afectados durante el proceso constructivo de la Línea, así como el reclamo que hizo la Secretaría de la Función Pública en marzo del año pasado por 489 millones de pesos procedentes de recursos federales gastados y no justificados, también forman parte de estos convenios en litigio.

“El gobierno de la ciudad se enfrenta, primero, a las etapas marcadas en los contratos, a los procedimientos en los que se tienen que hacer liquidaciones, evaluaciones y luego presentar reclamos.

“Se enfrenta también a las cláusulas que fueron suscritas y que hay que estar observando, como es el pago permanente a los trenes, independientemente de la funcionalidad plena o no de los mismos. Es una obligación contractual y no podemos vulnerar el contrato así nada más”, manifestó.

El contrato original entre el GDF y el consorcio constructor firmado el 17 de junio de 2008 estableció un monto inamovible de 17 mil 585 millones de pesos por la construcción del tramo Tláhuac-Mixcoac.

Adicionalmente, el GDF reclama desde octubre pasado, a través del Proyecto Metro, el pago de dos mil 177 millones de pesos por aproximadamente 900 trabajos faltantes que fueron pagados y no ejecutados o que fueron mal hechos.

Mancera también señaló que la lista de responsables por el cierre parcial de la Línea 12 se engrosará una vez que el GDF presente los resultados de dos auditorías que lleva a cabo la Contraloría General.

Indicó que la revisión de los datos técnicos avanza, por lo que la tercera tanda de sanciones a funcionarios o exfuncionarios con algún grado de responsabilidad en el caso se presentará a mediados de marzo próximo.

Comisión de ALDF alista conclusiones

Jorge Gaviño, presidente de la Comisión Investigadora de la Línea 12 en la Asamblea Legislativa, adelantó que al inicio de la siguiente legislatura entregará las recomendaciones finales sobre el caso, una de las cuales será que haya una reforma a la Ley de Obra Pública para que no se vuelva a presentar una situación parecida.

“Actualmente, la Ley de Obra Pública permite iniciar los trabajos sin un proyecto ejecutivo terminado, pero en ese tipo de obras a precio alzado se debe tener no solamente la ingeniería básica, sino también los proyectos ejecutivos sobre esa ingeniería básica para poder hacer la obra”, explicó.

También solicitará que Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles notifique en qué fecha va a entregar los trenes reparados y que asuma la diferencia entre el costo de mantenimiento regular y el sobrecosto por las fallas, y en caso de no hacerlo, se le rescinda el contrato.

Gaviño se pronunció por investigar a todos los exfuncionarios vinculados al caso, incluido el exjefe de Gobierno Marcelo Ebrard.

En tanto, Ebrard solicitó en una carta ser recibido por la Comisión Especial de la L12 en la Cámara de Diputados.

“A la fecha no estoy sujeto a ningún procedimiento de las instituciones locales ni federales.

“No obstante, en la medida en que el informe que usted ha expuesto y distribuido en los medios de comunicación es sólo del PRI, su partido, le hago formal solicitud por este medio para ser recibido en el pleno de la Comisión que usted preside”, se lee en el documento enviado ayer a los integrantes de la Comisión.

No ayudaría cambio: CAF

El cambio de la flota de trenes modelo FE-10 que fabricó la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) para la Línea 12 por otro tipo de material rodante, no resolvería significativamente el desgaste ondulatorio que afecta al sistema de vías.

Esta afirmación forma parte de los resultados de un estudio que solicitó CAF a Stuart Liddle Grassie, especialista internacional en problemas de desgaste ondulatorio para sistemas férreos, en el que concluyó que este fenómeno no tiene un vínculo directo con algún tipo específico de tren.

En las conclusiones del análisis, de las que Excélsior tiene copia, se indica que las modificaciones al material rodante no incidirán positivamente para mitigar el desgaste ondulatorio severo que afecta a la Línea Dorada.

“Las pruebas sugieren de manera contundente, tanto por los cálculos que se han llevado a cabo como por lo que especifica la documentación disponible, que llevar a cabo cambios de material rodante en la Línea 12 tendría escaso efecto sobre el desgaste ondulatorio”, apunta el documento.

Los resultados que presentó Grassie contradicen la postura del GDF, que ha sostenido que la puesta en marcha de modificaciones al sistema de vías y al material rodante con base en las recomendaciones de la empresa Systra mitigarían hasta en 65 por ciento los problemas que mantienen cerrado el tramo elevado.

“Si alguna organización afirmara que el llevar a cabo cambios en el material rodante evitaría de manera significativa el desgaste ondulatorio en la Línea 12, esa organización tendría la responsabilidad de proporcionar la justificación necesaria para llevar a cabo el cambio”, agrega el informe.

No obstante, la armadora acotó que los resultados de este análisis no constituyen una negativa para implementar las modificaciones a los bogies y en las suspensiones primarias de los trenes.

Este análisis fue entregado a la Secretaría de Obras y Servicios junto con la reiteración para que se le entreguen los anexos del informe de Systra y los resultados de la certificadora TÜV Rheinland sobre la flota de trenes.