Contraloría girará citatorio a Valencia

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de enero.- Eduardo Rovelo, titular de la Contraloría General capitalina, indicó que se citará a comparecer al delegado en Iztapalapa, Jesús Valencia, para que aclare las acusaciones en su contra por supuestos conflictos de interés derivados de contratos otorgados a la empresa Amexire.

Esta firma es propietaria de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee valuada en un millón de pesos que el funcionario chocó contra otro vehículo la madrugada del pasado 17 de diciembre en la zona del Pedregal, donde tiene su domicilio.

Este incidente generó una polémica porque el perredista admitió haber manejado bajo los efectos de un medicamento y que además estaba enviando mensajes vía celular. También, porque primero dijo que el vehículo se lo había prestado un amigo, aunque después se reveló que pertenece a la empresa, que además es proveedora de la delegación que gobierna.

“No puedo revelar la fecha (de la comparecencia). Está en investigación, es un proceso que está en curso, pero en breve tendremos que desahogarlo y esa es la etapa procesal que toca.

“Bajo ninguna circunstancia pretendemos hacer un juicio sumario. Todo tiene que ser en estricto apego a derecho y, de detectarse alguna irregularidad, se tendrá que sancionar a través de los catálogos correspondientes”, dijo el contralor en entrevista.

Explicó que, debido a una denuncia de hechos interpuesta contra Valencia ante la Fiscalía de Servidores Públicos, la Procuraduría General de Justicia solicitó a la dependencia a su cargo información sobre asuntos administrativos.

“De esa manera hemos de coadyuvar con el órgano investigador de procuración de justicia. Hemos dado la información correspondiente.

“Son dos vías: una ministerial y otra administrativa que estoy integrando y que se resolverá conforme a derecho. Por lo que hace a las sanciones, todavía no llegamos a esa etapa. Se tienen que valorar todos los elementos de prueba y resolver”, agregó.

Cuestionado sobre si Jesús Valencia debe separarse del cargo durante este proceso de investigación, el contralor evitó dar su opinión al respecto y se limitó a decir que hay un estado de derecho que se tiene que cumplir.

Parte del trabajo que realiza la Contraloría General en este caso es verificar que el perredista no haya violado el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del DF al impedir que otras empresas participen en diversos procesos de licitación y así favorecer a una sola firma.

El gobierno de Iztapalapa y Amexire han celebrado tres contratos. Uno tiene que ver con la construcción de viviendas con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, cuyo dinero proviene de la Federación, el cual se signó por un monto menor de 19 millones de pesos y un máximo de 48 millones de pesos.

Los otros dos fueron por la compra de impresoras y diversos artículos de computación, según datos de la Contraloría.

Integrantes de la Asamblea Legislativa y diputados federales se han pronunciado porque el jefe delegacional también comparezca ante ambos órganos para aclarar el presunto conflicto de intereses en el que se le involucra y para revisar que no haya irregularidades en las licitaciones que ha realizado la administración perredista en la demarcación.

Continúan proceso por L12

Eduardo Rovelo, contralor del DF, señaló que la investigación por las fallas de la Línea 12 continúa, por lo que retomarán las pesquisas de las que se desprenderá la tercera lista de responsables por el cierre de once estaciones.

“Se han realizado dos auditorías, se han sancionado a servidores públicos, se encuentran en procedimiento otros y se siguen algunas líneas de investigación que en breve daremos a conocer”, dijo tras la presentación del mecanismo para Impulsar un Gobierno Eficiente.

A casi diez meses de suspendido el servicio en más de la mitad de la Línea Dorada, la Contraloría sólo ha dado a conocer dos de las tres listas con los nombres de los responsables que señaló que presentaría.

En total, van 47 inculpados, de los cuales 33 funcionarios y exfuncionarios corresponden a una primera “tanda”. Otros 38 se conocieron en la segunda, meses después, aunque sólo hubo 14 casos nuevos, pues el resto ya había sido sancionado.

Hasta el momento suman 21 mil 906 millones de pesos que el GDF está cobrando por sanciones, aunque las mismas autoridades capitalinas reconocen que difícilmente llegarán a las arcas de la ciudad, pues las multas son impagables.

En ninguna de las dos listas presentadas aparecen representantes del consorcio constructor, conformado por ICA, Carso y Alstom. La mayoría de los involucrados pertenecían al Proyecto Metro.