Fallas en la línea 12 afectan a miles; son incapaces de pagar

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de diciembre.- Las sanciones económicas por 21 mil 900 millones de pesos que la Contraloría General del Gobierno del DF (GDF) impuso a 38 funcionarios por las omisiones y fallas en la planeación y construcción de la Línea 12 del Metro -una de éstas por más de cinco mil millones de pesos- son ilógicas e incobrables, de acuerdo con expertos en rendición de cuentas

Incluso, explican que los funcionarios señalados se están amparando, apostándole a que el juicio se alargue por años y el caso se olvide.

“La sanción no es cobrable: ¿qué funcionario público puede pagarla? Estaría en la lista de Forbes si tuviera ese dinero y no tendría que trabajar, a menos que lo hiciera por amor al arte”, dijo a Excélsior Marco Cancino, director de Inteligencia Pública.

También considera que las multas sólo buscan mandar un mensaje político o un mensaje a la sociedad de que se está “sancionando a los responsables”, aunque después no se puedan cobrar.

Para Ricardo Corona, abogado general del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), las sanciones exageradas son una debilidad del sistema de responsabilidades de funcionarios públicos: ante la imposibilidad de cobrarle al funcionario la obligación de pagar se diluye.

El 24 de noviembre, la Contraloría emitió nuevas sanciones de tipo económico, inhabilitaciones y se abrieron procesos penales contra algunos de los 38 funcionarios que fueron acusados de ser responsables, en distinta medida, del desastre que provocó el cierre de la parte elevada de la Línea Dorada.

Los primeros castigos, anunciados por el GDF el 10 de septiembre pasado, incluían 54 sanciones, entre multas e inhabilitaciones, contra 33 funcionarios y exfuncionarios.

En aquella ocasión, el entonces contralor Hiram Almeida explicó que las sanciones eran proporcionales a la gravedad de las infracciones que cometieron los servidores públicos y de las “consecuencias jurídicas y económicas” de sus conductas.

Entre los 38 sancionados destaca Moisés Guerrero Ponce, exdirector de Construcción de Obras Civiles del Proyecto Metro, quien deberá pagar tres multas que suman cinco mil 598 millones 987 mil 630.84 pesos.

Está también Pedro Servando Delgado Gamboa, exdirector general de Obras de Transporte de la Secretaría de Obras y Servicios, con una sanción de mil 26 millones de pesos 126 mil 912.98 pesos.

Él fue quien firmó el contrato principal con el consorcio conformado por ICA, Alstom y Carso.

- A estos funcionarios, ¿la Contraloría les puede embargar sus bienes para que cubran parte de la sanción económica?

“Sí, ellos tendrían que responder de manera patrimonial y la Contraloría toma en cuenta sus declaraciones patrimoniales, las de su cónyuge y dependientes económicos”, explicó Corona.

Sin embargo, inmediatamente después de que se emite la sanción, el funcionario la puede impugnar y se pueden dar vaivenes procesales de años lo que al final permite disolver el tema, señaló el abogado del IMCO.

Alertan que no basta con inhabilitaciones

Además de las sanciones económicas, la Contraloría inhabilitó a exfuncionarios como Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, quien en una primera instancia fue vetado 20 años para ocupar cargos públicos y luego recibió otros tres años más, aunque no mereció ninguna multa.

A Horcasitas se le acusó de haber entregado obras inconclusas y no haber supervisado a sus subalternos. Además se le denunció ante la Procuraduría General de Justicia capitalina.

El resultado de éste y otros procesos penales es fundamental porque “tiene que ver con la justicia hacia los ciudadanos y que haya un castigo ejemplar, pero si no hay una responsabilidad penal y (los responsables) andan como si nada caminando por la calle se empieza a hablar de impunidad y de falta de justicia”, advirtió Cancino.

Para Corona, si inhabilitan al funcionario pero no se establece una responsabilidad penal “es una sanción muy leve para el impacto de interés público, donde cientos de miles de personas resultaron afectadas”.

Los especialistas consideran que se deben mejorar los procesos operativos de la administración pública para cerrar el paso a los actos de discrecionalidad o corrupción, y mejorar el sistema de responsabilidades de los funcionarios.

Sobre el primer punto, Cancino propone que la Contraloría asuma un rol de asesor de las dependencias públicas: que detecte qué procesos operativos deben perfeccionarse, incluyendo los de las licitaciones y así cerrar el camino a la corrupción.

“Que la Contraloría tenga autonomía técnica y de gestión, donde ellos puedan definir por sí mismos cuál es la agenda a seguir y cómo mejorar procesos”, afirmó.

Para Corona, lo principal es construir un buen sistema de responsabilidades de servidores públicos que no permita casos como éste, donde se establezcan claramente las responsabilidades penales y haya sanciones económicas reales, no impagables.

Una cuestión pendiente, señalan los especialistas, es saber hasta qué nivel del gobierno capitalino llegan las responsabilidades de un caso como éste.

Los sancionados

Algunos de los funcionarios y exfuncionarios que recibieron los castigos más elevados por sus omisiones en la L12:

• A Moisés Guerrero Ponce, director de Construcción de Obra Civil del Proyecto Metro, se le fincaron cuatro sanciones, tres de ellas económicas, que alcanzan un monto de cinco mil 598 millones de pesos. Otro castigo le impide ocupar un empleo en la administración pública por 46 años.
• A José León Fernández Villaseñor, subdirector de Obra Civil “A", tiene dos sanciones que suman dos mil 824 millones de pesos y una inhabilitación de diez años para ocupar un empleo en la administración pública.
• Kooichi Mario Endo Jiménez, director de Obras Inducidas, recibió una multa de mil 391 millones de pesos y no podrá ocupar un cargo en el gobierno durante 15 años.
• José de Jesús Celada del Castillo, subdirector de Obra Civil “B", tendrá que pagar mil 371 millones de pesos y estará excluido de ocupar algún cargo por 25 años.
• Noé Quiroz González, jefe de Unidad Departamental de Residencia de Obra Civil B3, debe el pago de mil 279 millones de pesos y está inhabilitado por 13 años.
• A Enrique Baker Díaz, subdirector de Ingeniería y Proyecto de la Dirección de Diseño de Obra Civil, se le impuso una sanción económica de 981 millones 772 mil pesos.
• A Salvador Trejo Nava, jefe de la Unidad Departamental de Ingeniería de la Dirección de Diseño de Instalaciones Electromecánicas tiene una multa de 806 millones 526 mil pesos.
• Aunque no recibió castigo económico, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, fue sancionado con 23 años de inhabilitación, además de que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por suscribir indebidamente diversos contratos, entre otras acusaciones.

• José Pascual Pérez Santoyo, quien fungía como director de Administración de Contratos del Proyecto Metro, es el que más años acumulará inhabilitado, con 45. También deberá pagar 116 millones 312 mil pesos por haber firmado contratos sin atribuciones y de forma irregular, además de enfrentar tres denuncias ante la PGJDF.