Cárcel a quien cobre con amenazas

Prisión de seis meses a dos años se aplicará a quien requiera el pago de una deuda, por medios ilícitos, engaño, hostigamiento e intimidación

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23/08/2014 03:17 Filiberto Cruz Monroy
Se dará prisión hasta por dos años a quien busque cobrar una deuda mediante intimidación en el DF. Foto Especial
Se dará prisión hasta por dos años a quien busque cobrar una deuda mediante intimidación en el DF. Foto Especial

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de agosto.- A partir de hoy cobrar una deuda económica con amenazas será un delito en la Ciudad de México el cual será castigado con una pena de hasta dos años de prisión, informó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito
Federal.

En la  Gaceta Oficial del Distrito Federal, el gobierno capitalino publicó el decreto por el cual se sancionará el delito de “cobranza ilegítima”, cuando una persona requiera el pago de una deuda “ya sea propia del deudor o de quien funja como referencia o aval, y  utilice medios ilícitos o ilegítimos, se valga del engaño, o efectúe actos de hostigamiento e intimidación”.

En esos casos se impondrá prisión de seis meses a dos años, señala el Código Penal para el Distrito Federal, con el nuevo artículo 209 BIS.

Además de las sanciones que correspondan, “si para tal efecto se empleó documentación, sellos falsos o se usurparon funciones públicas o de profesión”, tendrá  una multa de 150  a 300 días de salario mínimo”, advierte.

La protección de la ley contra la intimidación u hostigamiento aplica no sólo al deudor sino también a quien funja como referencia o aval.

Para la reparación del daño cometido se estará  sujeto a lo dispuesto en el artículo 46 del Código Penal para el DF.

Ese apartado  se refiere, entre otros aspectos, a que están obligados a reparar el daño “los dueños, empresas o encargados de negociaciones o establecimientos mercantiles de cualquier especie, por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, con motivo y en desempeño de sus servicios.”

Dicha ley busca eliminar prácticas indeseables por parte de personas que se dedican a realizar préstamos, mejor conocidos como “usureros”,  y quienes después intentan cobrar la deuda o los intereses mediante prácticas agresivas.

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