Quieren investigar gasto en publicidad por promoción delegacional

La bancada del PRI en el Senado impulsa un punto de acuerdo para auditar informes de gobierno

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27/02/2014 05:50 Leticia Robles de la Rosa
Se pide que no sólo se sancione a los funcionarios públicos, sino que se les obligue a informar de dónde obtuvieron los recursos para la promoción de sus informes de labores, que en algunos casos llegan a ser millonarias.
Se pide que no sólo se sancione a los funcionarios públicos, sino que se les obligue a informar de dónde obtuvieron los recursos para la promoción de sus informes de labores, que en algunos casos llegan a ser millonarias.

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado impulsa un punto de acuerdo para exigir que los 16 jefes delegacionales del Distrito Federal sean investigados en sus gastos realizados para la promoción de sus informes de labores.

Los legisladores priistas quieren que el Senado de la República exhorte a la Auditoria Superior de la Federación y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para que instruya al órgano fiscalizador de la entidad a realizar de manera coordinada una auditoría.

El objetivo es “verificar un probable desvío de recursos hacia rubros en materia de comunicación social; asimismo, se solicita verificar que se hayan atendido los principios constitucionales en materia de uso de recursos públicos e informes de labores”, señala el punto de acuerdo publicado desde el pasado 18 de febrero en la Gaceta del Senado y nuevamente ayer.

De igual forma, pide que el Senado demande a la ALDF que “solicite a los 16 titulares de los órganos político-administrativos del DF rendir un informe desglosado, exhibiendo documentales públicas y privadas del gasto ejercido con motivo de su Primer Informe de Labores y lo haga del conocimiento de esta soberanía en un plazo no
mayor a treinta días”.

De prosperar en comisiones y después en el Pleno del Senado, también se exigiría “un informe detallado que incluya los costos de las publicaciones contratadas en medios impresos y electrónicos en las que aparezca su imagen (de los delegados), del 1 de diciembre de 2013 al 18 de febrero de este año”.

En la exposición de motivos del punto de acuerdo se establece que los diputados locales han violado el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), al presentar propaganda utilizando su imagen personal para promover los informes.

Se presume, además, que los gastos no han sido presentados en su totalidad, y enumeran casos de en los que se emplearon anuncios espectaculares, pantallas gigantes y hasta fuegos artificiales para promover el informe y durante el acto protocolario, respectivamente.

Los senadores priistas argumentan que “los informes de labores anuales se han convertido en actos unidireccionales mediante los cuales los ciudadanos sólo son convocados a escuchar y vitorear, sin tener oportunidad de intercambiar ideas y generar retroalimentación para el gobernante. Los ciudadanos tampoco tienen ocasión de analizar con detalle las cifras proporcionadas por el gobernante en turno y cotejar su certeza.

“Más aún, lo que debería estar presente en todos los informes de labores, los “indicadores de gestión”, son los grandes ausentes. Todo queda reducido a una numeralia de acciones que por mandato deben atenderse.

“Un apartado también ausente en los informes de labores anuales son las sanciones por incumplimiento de algún programa de gobierno, todo se reduce a campañas publicitarias, que desatienden los principios de austeridad, de transparencia y oportunidad de la información”, se lee en el punto de acuerdo.

Excélsior publicó el pasado 20 de febrero que los legisladores de la ALDF y los delegados aprovechan la opacidad para gastar recursos en la promoción de sus informes de labores, que en algunos casos llegan a ser millonarias, como el caso de la diputada Ariadna Montiel, que en sólo diez espectaculares y dos pantallas luminosas debió haber gastado entre 1 y 1.5  millones de pesos, de acuerdo con una cotización realizada por la representación del PRI en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).

Por lo que el partido político integra una denuncia ante el órgano electoral para que no sólo se sancione a los funcionarios públicos por este tema, sino que se les obligue a informar de dónde obtuvieron los recursos para su promoción.

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