Tabasco emite decreto de austeridad; proyecta ahorrar 500 mdp

VILLAHERMOSA, 13 de marzo.- Como medida para contrarrestar la crisis financiera que dejó el quebranto económico en Tabasco la administración de Andrés Granier Melo, que alcanza ya los 20 mil 200 millones de pesos, el gobernador Arturo Núñez Jiménez emitió un decreto de austeridad que establece medidas de racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública con el que se pretende ahorrar por lo menos unos 500 millones de pesos, según confió Núñez a Excélsior.

En el documento firmado por el mandatario estatal, que fue publicado el pasado 9 de marzo en el Diario Oficial del estado, se prohíbe el incremento salarial desde el cargo de gobernador del estado hasta directores del sector público, así como la instrumentación de un programa de retiro voluntario de trabajadores de base, la reducción de por lo menos 5% del recurso asociado a gasto corriente y la disminución al mínimo de los contratos de servicios profesionales de asesoría y representación legal.

En el decreto se establece que la Secretaría de Contraloría será la dependencia responsable de vigilar que todos los entes públicos cumplan las disposiciones del presente ordenamiento.

“El gobierno estatal sostiene que las medidas previstas en el acuerdo se orientarán a generar ahorros en el corto y mediano plazo, con objeto de superar la problemática financiera de la administración pública y promover la modernización de la gestión de gobierno”, explicó la administración estatal.

En el acuerdo, dividido en tres capítulos, se ordena que toda plaza que se libere de la aplicación de dicho programa quede cancelada, mientras que las plazas que queden vacantes por cualquier otra causa sólo podrán ser utilizadas previa autorización de la Secretaría de Administración.

El documento establece que tampoco se autorizará la creación de plazas que no se encuentren previstas en el Presupuesto General de Egresos o en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en tanto que los contratos de servicios profesionales de asesoría y representación legal se reducirán al mínimo.

El Poder Ejecutivo adelanta además la creación de un Registro Único de Recursos Humanos que permita generar información confiable y oportuna, mejorar la planeación y medición de procesos y actividades, y comprobar la existencia y asistencia de los servidores públicos.

El acuerdo de austeridad precisa que sólo se podrá contratar personal bajo el régimen de honorarios, previa autorización de las secretarías de Planeación y Finanzas, y de Administración, siempre y cuando se acredite que dichos servicios resultan indispensables para la operación de las tareas respectivas.

En materia de servicios personales, las medidas mandatan que los gastos de representación y comisiones oficiales se reducirán al mínimo indispensable.

Por lo que respecta a la modernización, eficiencia y reducción de costos administrativos y de apoyo, el jefe del Ejecutivo estatal gira instrucciones para impulsar las medidas necesarias que permitan la reducción del costo que asume el gobierno del estado por el pago correspondiente a seguros.

En lo referente a la contratación de bienes y servicios generales, se determina que sólo se promoverán las compras consolidadas de materiales y suministros, mobiliario y demás bienes, además de servicios, incluyendo telecomunicaciones.

Pide a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental poner en marcha un Programa de Eficiencia Energética en toda la administración pública estatal, con el propósito de obtener ahorros en el consumo de electricidad.

Se decreta también la restricción del pago de los servicios de telefonía celular, un uso racional de material de oficina y útiles de impresión y fotocopiado, así como privilegiar la transmisión electrónica de datos y aprovechar las ventajas de la tecnología.

Giran las primeras tres órdenes de aprehensión

Tres jueces estatales liberaron órdenes de aprehensión en contra de tres ex funcionarios granieristas por presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública. Los ex servidores públicos demandados por la actual administración estatal son: el ex director de Protección Civil, Roberto López Romero; la ex titular del Comité Estatal de Agua y Saneamiento, Clisceria Rodríguez, y el ex director del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, Manuel Antonio Bravata, aunque estos dos últimos lograron la protección de la justicia federal a través de un amparo que promovieron.

Pero la atención se centra en el ex secretario de Finanzas de Andrés Granier, José Manuel Saiz Pineda, ex secretario de Finanzas del Estado, a quien se acusa de haberse enriquecido escandalosamente con el erario tabasqueño con trasferencias directas. De su dependencia “desaparecieron” los mil 900 millones de pesos que la administración de Arturo Núñez busca afanosamente.

Trascendió que el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ya tiene girada la primera orden de aprehensión en contra de Saiz.

El modus operandi del ex Tesorero de Granier era simple: los dineros llegaban de la Federación a una cuenta concentradora y de ella Saiz Pineda sacaba sumas de uno, dos o tres millones de pesos para sí y para gente de su confianza.

La prensa tabasqueña le descubrió hace algunas semanas a Saiz Pineda un lujoso penthouse en el Jade Residence, en Brickell Bay de Miami, Florida, en cuya torre también tienen propiedades artistas de renombre como Luis Miguel, Gloria Estefan, Shakira y  Ricky Martin, entre otras estrellas mundiales del espectáculo.

Al respecto de las órdenes de aprehensión giradas, la ex titular del CEAS, Clisceria Rodríguez, logró el pasado 6 de marzo la “suspensión provisional” por la cantidad de 22 mil 400 pesos, según consta en el juicio de amparo número 568/2013, el cual puede ser consultado en la página web de la Suprema Corte. Con dicho recurso continuará su defensa en libertad, en el juzgado Cuarto de Distrito con sede en Villahermosa.

Según denunció el gobierno de Arturo Núñez a principio del mes de enero, Rodríguez liberó un cheque sin fondos por 25 millones de pesos a favor de la CFE, pero el 27 de diciembre de 2012 Banamex devolvió el documento crediticio y se le condenó a pagar por 5 millones 15 mil 732 pesos.