Los primeros 100 días: autodefensa, riesgo para gobernabilidad

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de marzo.- Enraizadas en diversos pueblos de la República, las guardias comunitarias hicieron crisis en el arranque de 2013, manifestándose como otra problemática derivada del crimen organizado.

Gobernadores, autoridades, diputados, senadores y representantes de la sociedad civil dividieron sus posturas en torno a dos visiones. De un lado, quienes admitieron que estos grupos de autodefensa deben entenderse como una respuesta a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad.

Bajo esa visión, se pidió flexibilidad para distinguir entre la autodefensa comunitaria que cuenta con el consenso de sus destinatarios y la delincuencia organizada que podría utilizar el camuflaje del resguardo a favor de los pobladores.

Pero en contraste sonaron las voces que alertaron que, independientemente de las causas del surgimiento, el permitir que estas llamadas policías comunitarias sigan operando significa renunciar a las funciones del Estado.

Esas advertencias señalaron el riesgo de que el asunto escale a dimensiones similares al caso de Colombia, donde los grupos paramilitares se ligaron al narcotráfico y a la guerrilla.

Como nunca antes, el problema se hizo visible por la acumulación de situaciones violentas, particularmente en Guerrero, donde el gobernador Ángel Aguirre entró en diálogo con los grupos de autodefensa que habrían de aplicar justicia por su propia mano.

La historia inició el 5 de enero, cuando cerca de 800 personas de los municipios de Ayutla, Tecoanapa, Florencio Villarreal y Copala se armaron para autodefenderse de la delincuencia organizada e instalaron retenes en Ayutla.

Como parte de sus acciones, unas 150 guardias comunitarias se hicieron cargo de liberar el mismo día de su secuestro al comisariado de la comunidad de Rancho Nuevo, de Tecoanapa, Eusebio Alvarado García, perteneciente a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero.

Aunque ya lo habían liberado, los grupos de autodefensa siguieron realizando acciones de detención de automóviles y personas, lo que desencadenó un enfrentamiento a balazos entre estos grupos y presuntos delincuentes. El saldo fue un muerto.

El asunto llegó hasta la Cámara de Diputados, donde el jefe de la bancada del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reclamó que las autoridades estatales se hicieran cargo de la seguridad.

Para el priista, la presencia de esos grupos civiles armados era signo de ingobernabilidad e ineptitud.

La visibilización de los grupos civiles armados en Guerrero se extendió a Jalisco, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Morelos, Michoacán, entre otros.

En el Congreso hubo unanimidad para reclamar que bajo ningún pretexto ni circunstancia debía tolerarse que el Estado abdique en su función.

Pero también se ventilaron las dudas. El coordinador del PRD en la Cámara Diputados, Silvano Aureoles, consideró que era “muy raro y sospechoso” que de repente hayan surgido “como reguero de pólvora” grupos de autodefensa con armas de alto poder, vehículos nuevos y una gran capacidad de movilización.“Aquí hay gato encerrado”, alertó el perredista.

El PAN vinculó la proliferación del problema con la ausencia de definiciones en el nuevo gobierno en materia de seguridad. En la Cámara, el jefe de los diputados blanquiazules, Luis Alberto Villarreal, afirmó que la multiplicación de guardias comunitarias en diversos estados de la República “denota repliegue de la policía y del Ejército; ausencia de gobierno; falta de compromiso con los ciudadanos, y que no hay quien salga a defender a los ciudadanos”.

En esa misma línea, el vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara, José González Morfín, sostuvo que en el surgimiento de esos grupos hay una enorme responsabilidad de los gobiernos estatales, que los han permitido y dejado crecer cuando son absolutamente ilegales.

“No se justifican, no tienen soporte en nuestro marco constitucional ni legal (...) Nadie puede tomar las armas, la seguridad, la justicia por su propia mano”, definió el legislador.

Apenas el jueves pasado, el Ejército detuvo a 34 personas de una policía comunitaria en Buenavista Tomatlán, Michoacán, a quienes les aseguraron decenas de armas de alto poder. Las primeras indagaciones refieren que tiene vinculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, relacionado con Joaquín El Chapo Guzmán.

El senador del PAN Roberto Gil Zuarth caracterizó el problema: “Si bien estos grupos no cuentan con entrenamiento ni capacitación en materia policial, en uso de armas de fuego, en protocolos de investigación o de detención de presuntos responsables de ilícitos y tampoco en el respeto y garantía de los derechos humanos, de facto han tomado la función de seguridad pública en sus localidades mediante el uso de armas de fuego, así como instalando retenes de revisión y deteniendo e incluso juzgando a personas acusadas de delitos”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció el 17 de febrero al rechazar la conformación de grupos de autodefensa y definió como “indelegable” la obligación de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno de cumplir con su responsabilidad de garantizar la integridad física y patrimonial de la población.

Reacción

El tema orilló al gobierno federal a tomar definiciones. Si bien aún no se cuenta con una política pública para solventar el problema, el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong habló ya de distinguir entre la regulación que debería dársele a las policías comunitarias y la eliminación de los grupos de autodefensa.

El titular de la Segob señaló hacia finales de febrero que se trata de dos expresiones diferentes, pues mientras aquéllas operan desde hace más de 15 años, los otros carecen del consentimiento del Estado para su funcionamiento.