El joyero Kamal Boughader impone récord de arraigo

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de marzo.- Kamal Boughader, empresario mexicano de origen libanés dedicado a la joyería, pasó de ser acusado como presunto responsable de terrorismo a víctima del Ministerio Público Federal, dados los abusos cometidos en su contra.

La Procuraduría General de la República (PGR) no ha logrado, en cinco años, obtener una orden de aprehensión contra el comerciante y le tiene congeladas sus cuentas bancarias, la de su madre, una hermana y un cuñado.

Además, por estos hechos, Kamal cuenta con la marca de ser la persona investigada por un delito federal que más tiempo pasó en el Centro Nacional de Arraigos de la PGR, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, con 160 días.

Esto sin contar los ocho días que, en diferentes periodos, estuvo a disposición de la entonces Siedo, hoy Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Drama bancario

Ricardo Flores, abogado defensor del empresario, explicó que su cliente fue víctima de sus presunciones, motivadas por el coraje de ver perdidas sus pertenencias que tenía bajo resguardo en una caja de seguridad de la sucursal del banco Scotiabank Inverlat, ubicada en Eje Central y Xola.

“El caso de Kamal es sui generis, por todo el cúmulo de abusos legales y extrajudiciales que ha sufrido por autoridades de la PGR que han sido consecuentadas por el Poder Judicial de la Federación.

“A Kamal lo detienen por una balandronada, le tratan de fabricar el delito de terrorismo, no lo logran; ejercen la acción penal en esa averiguación previa, le niegan la orden de aprehensión; para empezar ni la Siedo era competente para conocer de las supuestas amenazas”, explicó el abogado.

En mayo de 2008, Kamal acudió a su banco para retirar algunas de sus propiedades de una caja de seguridad, pero al abrirla se percató que ya no había nada en su interior.

“Primero creí que habían hecho un cambio en el banco. Me dicen que tenía que hablar con la dirección general, quise hablar con el gerente en turno y ya no estaba. Me comunican con Eunice Tafoy, gerente de cajas de seguridad y le explico la situación.

“Me argumenta ella que nosotros tenemos algo de culpa, porque nosotros de vez en cuando teníamos que venir a aceitar nuestras cajas de seguridad. Cuando dijo aceitar pues no lo entendí, era darle mantenimiento, ahí pensé que esto esa un caso perdido”, recordó el empresario.

Los reclamos se fueron prolongando sin soluciones de parte del banco.

Fue cuando Kamal decidió colocar anuncios espectaculares por diferentes puntos de la ciudad, narrando su caso y responsabilizando al banco del robo, sin respuestas favorables, lo que provocó que el malestar aumentara.

Récord de injusticia

En un arrebato de ira, el empresario amenazó con “hacer volar la sucursal”.

Eso fue suficiente para que se iniciaran las acusaciones, y el 27 de octubre de 2008 fue citado para “buscar un arreglo”, pero con el engaño agentes federales lo detienen y lo trasladan a la Siedo, en donde le explican que tenía acusaciones por terrorismo.

El 29 de octubre de ese año Kamal es trasladado al Centro Nacional de Arraigos, en cumplimiento a una orden por 40 días girada por el juez 15 de Distrito de Procesos Penales Federales.

Una vez que se cumplió ese plazo fue trasladado a la Siedo y el 17 de enero de 2009 se le notificó de la ampliación de la medida cautelar, por otros 40 días.

La misma operación se repitió por dos ocasiones, hasta que fue puesto en libertad el 7 de abril de 2009, pero con la averiguación previa en su contra en trámite.

“Primero llegué a una habitación en donde había una televisión, pero luego me pasaron a otra en donde no había nada. Era un cuarto pequeño, con una cama, sin almohadas, muy pequeño con una puerta de metal. Y empezaron a pasar los días y seguía solo, permanecí solo casi todo el arraigo.

“Aprendí que el centro tiene cuatro niveles, que el cuarto nivel es para que los Afis (Agentes Federales de Investigación, cargo ya desaparecido) subieran a dormir; cada pasillo tenía dos cámaras y hay ocho celdas por piso, y en cada una hasta seis personas por cuarto, pero yo seguía solo”, narró Boughader sobre su estancia en el lugar.

Explicó que, en esos días, el resto de población era llamada a hacer las tres comidas en la planta baja, hacían caminatas en un patio y recibían a sus visitas en habitaciones personales.

Pero a Boughader lo mantenían aislado, sus comidas las hacía en su celda, en donde también recibía las visitas de sus familiares y abogado, y no tenía permitido salir al patio a caminar.

Si quería cosas especiales tenía que pagar por ellas.

“Me falta un riñón y la mitad del estómago, y ni así recibía tratos especiales, ni comida especial. Si uno quiere una Coca Cola, en el arraigo cuesta 150 pesos, las vendían los Afis, si uno quería una torta especial costaba 200 pesos.

“Una vez, en año nuevo, quisimos meter unos dulces para los agentes, del negocio de mi mamá, y nos querían cobrar para meterlos, y eran para ellos”, recordó Boughader.

Con severos problemas de salud, el empresario vive oculto en un hotel de la Ciudad de México, en espera de que se resuelva un amparo en donde el Poder Judicial ya le solicitó al Ministerio Público que resuelva la situación de la averiguación previa contra Boughader.

Además presentó una denuncia de hechos en contra de los Ministerios Públicos Luis Maya Téllez e Iván Miranda Tamayo, adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones de Procedencia Ilícita, y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Seido.

Al inició de la presente administración, el 6 de diciembre de 2012, la defensa del empresario envió una carta al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, lo que derivó en una respuesta inesperada tanto para el abogado como para su cliente.

“En respuesta, nos dio una cita la Visitadora General de la PGR, Lidia Noguez Torres, el 9 de enero del presente año, quien nos ha dado una atención excepcional; ya está presentada la denuncia contra los dos funcionarios.

“Entendieron que todos los daños que le han provocado a Kamal van más allá del asunto legal, hay un deterioro de su salud, ha perdido toda la dentadura, tiene una adicción medicamentosa descontrolada ante una severa depresión”, explicó el abogado Ricardo Flores.

La Visitaduría General de la PGR canalizó a Boughader a Províctima, en donde le han ofrecido llevarlo con un neurólogo para comenzar a atender sus malestares. Además, el defensor comentó que se presentarán denuncias por discriminación, al considerar el origen de su cliente para acusarlo de terrorista.