Visibilizar rezagos, su lucha; diputadas indígenas

Antes de llegar a la Cámara de Diputados, anduvieron caminos pedregosos. Y aunque son de partidos diferentes, comparten la experiencia de no encontrar todavía en el Congreso la prisa que ellas tienen por reparar el rezago de sus comunidades: sea para que se reconozca el derecho a la consulta o para que una niña violada pueda denunciar a su padre sin el acompañamiento de sus familiares.

En conversaciones con Excélsior, las legisladoras Eufrosina Cruz (PRI), contadora; Irma Juan Carlos (Morena), bióloga; Anabey García (PAN), abogada; Esther Martínez Romano (PT), con carrera comercial, y Fabiola Rafael Dircio (PRD), maestra, cuentan de las dificultades que enfrentan para concretar sus iniciativas: sea porque no logran convencer a los senadores o por falta de consenso en San Lázaro.

Hay otro impedimento ajeno al Poder Legislativo que invisibiliza sus causas: los cambios que en la tribuna se celebran y que en el caso de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia generalmente se aprueban por unanimidad, todavía no llegan a los pueblos originarios, donde escasea el acceso a la justicia y sus ministerios públicos ignoran de perspectivas con enfoque de género.

Y es que ahí donde la obra pública sigue pendiente y los estudios de bachillerato están vedados aún para las jóvenes, los hombres golpean a sus esposas y abandonan a sus hijos sin que existan consecuencias; las madres solteras piden infructuosamente una oportunidad laboral y los cuerpos de las niñas están en peligro.

“Las causas duelen más cuando se viven”

Lamenta que como país no avancemos en la defensa de nuestras menores y que importen más otros temas.

Eufrosina Cruz Mendoza (44 años), diputada federal del PRI, lamenta que la suerte de las niñas indígenas no haya merecido en el último año el respaldo de los senadores.

Impulsora de la iniciativa que busca castigar a padres, tutores y adultos responsables de las menores que son dadas en matrimonio, la política que logró romper el cerco de usos y costumbres para la representación de las mujeres de los pueblos originarios reclama a la Cámara Alta la complicidad que, por la vía de los hechos, tiene con quienes han convertido a México en el principal productor de pornografía infantil.

Autora del libro La niña de la montaña, donde cuenta cómo su maestro de primaria, en Santa María Quiegolani, intercedió ante la familia para que continuara formándose, reconoce que esta lentitud la frustra. “Pero no tienes derecho de dar un paso atrás”.

Diputada federal por segunda ocasión, extitular en de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en Oaxaca, Eufrosina Cruz dice que esa minuta aprobada por unanimidad en Cámara de Diputados no sólo castiga como delito la permisividad de matrimonios de niñas que se convierten en mamás y en cuidadoras, sino que visibiliza cómo éste les abre la puerta a otros.

“He pedido, dicho, exhortado; he gritado: pareciera ser que las niñas no importan. Porque en esta reforma van implícitas la trata de personas, la trata de niñas; somos el primer país en producir la pornografía infantil, según la ONU, generando el 60 por ciento.

“No puedo creer que se apruebe la minuta para que haya el día del frijol y esta no sea importante. He ido a tocar puertas con la presidente de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez. Me dice, no te preocupes. Es que me ocupo, porque mientras estoy conversando con ella, una niña es entregada en matrimonio, obligada en matrimonio. Y nos espantamos. Pero nadie hace que esto sea delito grave. Y nos espantamos porque un grupo de gente tiene como mascota a un animal exótico y ahí sí es delito grave; el abigeato es delito grave”.

Expresidenta de la Mesa Directiva en el Congreso de Oaxaca, la diputada Cruz ahora sabe que las causas duelen más cuando se han vivido. De lo contrario, “no lo sientes igual, no lo gritas igual, no lo lloras igual, no lo exiges igual”.

Pero hay que continuar, concluye, “porque todavía hay Rocíos, Marías, Juanas que están siendo entregadas, ultrajadas sin tener la capacidad de entender. Y en el nombre de la cultura, de las mafias, que hemos invisibilizado y que representan también un poder, más que el del narcotráfico, nos hacemos de la vista gorda también. Por eso es tan importante seguir y visibilizar este delito grave y gritar que con los cuerpos de las niñas no se puede traficar”.

Ayudar a la gente, una labor titánica

Fabiola Rafael dice que se sacrifican muchas cosas, pero al final queda la satisfacción de respaldar a la gente.

Fabiola Rafael Dircio (41 años), diputada federal del PRD, fue en 2015 la primera síndica mujer de Acatepec, en la montaña de Guerrero, donde nunca pudo ayudar a las niñas a denunciar al padre, padrastro, tío o abuelo que las violó.

Por eso, esta maestra de educación indígena y exdiputada local ha propuesto incluir en el Código Penal Federal el matrimonio infantil bajo la figura de “matrimonio forzado”, después de atestiguar como adolescentes de 13 años son casadas con hombres de la tercera edad.

Y busca sacar adelante una reforma que permitiría que las víctimas violadas por sus familiares puedan realizar la acusación de ese delito acompañas de alguna autoridad local, sin que sea obligatoria la presencia de sus padres.

“Allá todavía se acostumbra que los síndicos se tienen que ir a las localidades para levantar cadáver. Somos auxiliares del Ministerio Público. Tiene que ir a investigar qué hay, que se detuvieron aquí, que sí ya mataron no sé a quién. Ayudar a la gente no es fácil, desvelarte con la gente es lo que se necesita en un pueblo originario, acompañar en su proceso de demanda, en algún trámite. Dormía 3 horas. Es mucho el desgaste”.

Después fue diputada local. “No alcanzó el tiempo, el dinero menos para poder ayudar a la gente”.

Hija de campesinos que no hablan español, Fabiola tuvo sin embargo la oportunidad de elegir: cultivar la tierra o estudiar, le dijo su padre. Ella viajó a Ayutla de Los Libres para cursar la secundaria y el bachillerato. Después se incorporó al magisterio.

A cuatro horas de distancia en transporte y 11 horas caminando del municipio, su lugar de origen se queda incomunicado durante las lluvias y carece de señal telefónica. Aunque ahora, describe, algunas personas tienen negocios de internet.

“Trabajar con los niñitos es muy complicado, y tratar de leer tu plan y programa, traducirlo en tlapaneco. Todos los niños hablan la lengua materna”.

Dice que hubo rechazo, burlas, discriminación e insultos de sus compañeros maestros y de las mujeres en general cuando se hizo síndica.

“Le pedí consejo a una persona que ha estado en la política. Me dijo ‘atiende a la gente como a ti te hubiese gustado que te atendieran’. Descuidé a mis hijos, a mi familia, pero me llevó una gran satisfacción”.

Cuenta que la comunicación en tlapaneco es obligada cuando se es autoridad; del uso partidista de los programas que antes se distribuían sin distinciones y de la falta de medicamentos, como principal problema.

Por lo pronto, espera que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados le apruebe la iniciativa para que el síndico, comisario, presidente municipal, pueda acompañar a los menores en el proceso de las demandas, un cambio necesario “en todos los municipios, en todas las comunidades, hasta en la ciudad, porque en todas partes hay padres que violan a sus hijas, hay padrastros que violan a sus hijastras, padrinos u hermanos”.

Muchas veces, narra, acompañó a varias niñas que salieron embarazadas de sus papás, del tío, del abuelo. “Son historias tristes y fue doloroso el no poder hacer nada”.

“Sí hay un trato diferenciado entre mujeres”

Irma Juan Carlos afirma que no es lo mismo una política en la 4T que en la derecha y  así te tratan.

Irma Juan Carlos (45 años), una de las legisladoras de Morena con mayor arraigo político en Oaxaca, donde en 2021 ganó la reelección consecutiva como diputada federal, no ha escapado a situaciones doblemente discriminatorias por su condición de género y pertenencia indígena.

Activista social desde la preparatoria, líder universitaria en la Cuenca del Papaloapan y en Tuxtepec, fundadora del PRD y de Morena, la legisladora figuró entre los cinco finalistas que en 2022 fueron considerados como prospectos de su partido a la gubernatura de la entidad.

Fue en esa coyuntura que la diputada Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la anterior y actual legislatura, experimentó cómo su perfil era invisibilizado por quienes se pronunciaban a favor de una candidata mujer.

“Sí hay presencia de personas, mujeres y hombres indígenas en la política en Oaxaca. Sin embargo, el simple hecho de ser mujer ya lo complica, porque hay cuestionamientos: ¿será que sí nos pueda gobernar una mujer? Se duda. Y si eres indígena es doble el cuestionamiento.

“Así que no fue el mismo trato de la mujer que es la senadora Susana Harp y la mujer que es Irma. De repente habían unas compañeras que se autodenominaron colectivo de mujeres y feministas en defensa de las mujeres que son agredidas, y a la única que traían en su lista era a la senadora. Y a mí no me contemplaron en la lista de mujeres que se estaban agrediendo en ese momento.

“Y bueno, el no mencionarme, pues también es discriminación. Y, sí, hay un trato diferenciado. Vamos a llamarlo así, porque si ser mujer es complicado, ahora ser mujer indígena, ser mujer pobre, porque no es lo mismo una mujer política en la 4T, que una mujer política en la derecha”, compara.

Enfatiza que en Morena se trabaja de otra manera: cuenta el trabajo, se compite en encuestas y hay tómbola. En su caso, como antes en el PRD, empujó las primeras asambleas, ha sido delegada e integrante y presidenta del Consejo Estatal de Morena en Oaxaca.

Impulsora de la iniciativa La lengua indígena toma la tribuna, espacio en el que cada sesión inicia con el mensaje de un hablante de lenguas originarias, la diputada Juan Carlos lamenta que la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas siga atorada en el Senado.

“Es para garantizar el derecho a la consulta, como lo mandata el Convenio 169 de la OIT. Para nuestro gobierno implicaría un respiro; para las empresas y los gobiernos pasados, hubiera sido terrible, por eso nunca pasó esta legislación. Les digo que ya suelten: la minuta está detenida en comisiones del Senado y una, la de Asuntos Indígenas, es presidida por la senadora Xóchitl Gálvez”.

“Planes contra violencia no aterrizan”

Esther Martínez asegura que la falta de acceso a la justicia se profundiza para las mujeres indígenas.

A Esther Martínez Romano (45 años), diputada federal del Partido del Trabajo le preocupa que las diversas reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “no están aterrizando”.

Con más de 20 años de gestión social como integrante de la Organización de la Unión de Trabajadores del Campo, la legisladora recoge el reclamo de sus representados en el Distrito 03, con cabecera en Teziutlán, Puebla.

“Cuando una mujer va a hacer una denuncia, de cualquier tipo de violencia, se encuentra con ministerios públicos y jueces que no están capacitados y que ni siquiera conocen las nuevas reformas que se han hecho a la ley”.

Asegura que la falta de acceso a la justicia se profundiza para las mujeres indígenas y revela haber compartido con legisladoras de otras bancadas diferentes esta realidad. “De nada va a servir que sigamos promoviendo o haciendo leyes que no están siendo visibilizadas”.

Y describe otra causa que como parlamentaria impulsa: “Siempre hemos sido precursoras de nuestra propia soberanía alimentaria, cultivando el maíz, el fríjol, el café. Pero ha sido muy difícil que las mujeres podamos tener acceso a la propiedad de la tierra. Seguimos en la lucha, impulsando leyes que garanticen ese derecho y el derecho a sus hijas a heredar la tierra”.

La diputada Martínez Romano señala que las dificultades también son mayores para lograr un espacio de representación popular. “Fui candidata a presidenta municipal de Tételes de Ávila Castillo; participé también como candidata a diputada federal, obviamente eran otras condiciones políticas. Nuestro trabajo fue siempre en territorio, con la gente”.

Sin embargo, para la tarea parlamentaria asegura haber encontrado en el PT compañerismo y apoyo.

Pero en la atención a sus comunidades, admite, “nos ha costado mucho poder decirle a la gente que no podemos atender una obra pública como el pavimento o caminos rurales que están en muy malas condiciones”.

Es una gestión legislativa que se limita a orientar a la gente sobre cómo recurrir a las autoridades, cuenta. Y detalla que las principales demandas hoy son la remodelación de escuelas que durante la pandemia fueron vandalizadas y la asignación pendiente de plazas; la falta de empleo para madres solteras en una región donde pocas pueden acceder al bachillerato.

Pero en la Cámara de Diputados aún espera que se concrete su iniciativa de volver a crear el Instituto Mexicano del Café, fundamental, señala, en los años 70 y 80 para nuestra caficultura. “Había grandes beneficios que ahora no se tienen”.

Considera que en las políticas públicas falta que el enfoque de género que la Cámara impulsa en el plano presupuestal se traduzca en una asignación de apoyos con esa perspectiva para las mujeres.

Lamentan que persistan los atrasos

Otra tendencia común son las mujeres que se quedan solas al frente de sus hijos porque los hombres se van.

Anabey García Velasco (44 años), diputada federal del PAN, cuenta de las dificultades que tiene como legisladora de oposición para conseguir el respaldo a iniciativas que permitan acompañar a las mujeres indígenas que ante la violencia doméstica siguen guardando silencio.

Albergues donde puedan huir de los golpes y ser atendidas en su lengua originaria es una de las propuestas que hasta ahora no consiguió el respaldo de la mayoría y que podrían cambiar la vida de las comunidades michoacanas.

Se describe impotente ante situaciones de violencia que las purépechas sufren en silencio, en una sociedad en la que la normalización de los golpes por parte de los esposos se mantiene intacta,

“Muchas son golpeadas y guardan silencio. Es muy difícil ver a tus amigas así y vivir una impotencia cuando no tienes un lugar a dónde llevarlas”.

Relata que otra tendencia común son las mujeres que se quedan solas al frente de sus hijos porque los hombres se van. “No sólo le pasa a Shakira”.

Exregidora y exdirectora de Desarrollo Social de Pátzcuaro, la diputada Anabey García asegura que estas comunidades han sido afectadas con el cierre de las escuelas de tiempo completo que permitían a las madres participar con sus productos en el trueque aún vigente.

“Cuando regresaban, sus hijos estaban desayunados, comidos, con la tarea lista. Ahora, ¿qué encuentras? Niños solos en la calle y un alza de drogadicción”, reseña.

Como lo ha hecho en tribuna, señala que las reducciones presupuestales para los refugios de mujeres violentadas lastiman más a las comunidades indígenas. Y que faltan recursos para acompañarlas cuando emprenden un negocio, pero también en el acceso a la justicia.

Por eso lamenta que le hayan rechazado la propuesta de promover en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia una adición para que sus derechos humanos puedan promoverse en lenguas indígenas, y que éstas contaran con apoyo de traducción en los refugios, ya que en las comunidades que ella representa se habla mitad purépecha mitad español.

“Esa fue votada en contra, la volvimos a meter, pero como eres el PAN, de oposición, la respuesta es un no”.

Asegura que en su entidad siempre ha habido panistas de grupos indígenas, como sus padres, y que los rezagos son graves en drenaje y agua, con los consecuentes efectos adversos en salud, porque no todas las poblaciones cuentan con plantas.