“Purificar la vida pública, el legado”; “Se acabó la robadera de los de arriba”

CIUDAD DE MÉXICO.

En la estrategia contra la corrupción, en el segundo año de gobierno se aplicaron sanciones económicas a servidores públicos por un monto de 567 mil 236 millones de pesos, entre el 1 de  septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020.

Es un monto que derivó de 591 amonestaciones públicas y privadas; 64 destituciones; 609 inhabilitaciones; 97 sanciones económicas y 348 suspensiones.

“Las dos causas principales han sido la negligencia administrativa y el incumplimiento de declaración patrimonial, pero también se impusieron sanciones por violaciones al procedimiento de contratación, abuso de autoridad, entre otros”, se enumera en el Segundo Informe de Gobierno.

En referencia a ese logro, en el mensaje con motivo del Segundo Informe de Gobierno, el Presidente afirmó que su legado será purificar la vida pública de México, tarea en la que ha avanzado. “Este gobierno no será recordado por corrupto”, previó.

Enfatizó el Ejecutivo Federal que su administración no busca venganzas políticas, pero tampoco encubre a nadie. “Se acabó la robadera de los de arriba, pero todavía falta de cerrar por completo el bandidaje oficial”, asumió.

En el documento del Informe se desglosa que en las compras consolidadas de medicamentos y material de curación se logró un ahorro estimado de más de 18 mil millones de pesos para la compra de 2020. “Los ahorros de alrededor del 25 por ciento fueron posibles, incluso, con las condiciones adversas prevalecientes en el mercado, provocadas por la crisis sanitaria y económica mundial”, se indica.

En el lapso indicado, según el Informe, “se sumaron esfuerzos de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para erradicar la corrupción y la frivolidad que ha desvirtuado el sentido fundamental del servicio público”.

En otro apartado del documento se indica que al primer semestre del ejercicio fiscal 2020, en comparación al mismo lapso de 2019, se realizaron ahorros, en términos preliminares tanto en las  compras del gobierno por 80 mil 672 millones de pesos en materiales y 46 mil 984 millones en suministros.

También se indica que la Secretaría de la Función Pública impuso mil 532 sanciones a servidores públicos y, por primera vez en la historia, inhabilitó a funcionarios de alto nivel como Rosario Robles, Emilio Lozoya y Édgar Torres, exdirector de Pemex Fertilizantes, a  quien se le impusieron dos multas por un total de 3 mil 845 millones de pesos.

Función Pública ha impuesto 250 multas por 1,500 millones de pesos a licitantes, proveedores y contratistas, entre ellas a farmacéuticas y clínicas, en el marco de la pandemia.

Se destaca en el Informe que se han realizado 2 mil 401 auditorías con observaciones.  Y se dan detalles de algunos expedientes de corrupción:

Se notifica del caso de la carretera Puerto Vallarta-Manzanillo, donde se realizó el desvío en el trazo de la carretera, con el único objetivo de liberar terrenos junto a la playa para un desarrollador turístico. 

Se señala que en la carretera de Amozoc-Perote y el libramiento de Perote en Veracruz, fueron identificados un sobrecosto por errores constructivos injustificables de 1,442 millones de pesos, así como la autorización de una prórroga sin fundamento alguno en la que se otorgó concesión del libramiento por un periodo de 20 y de 30 años.

En el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales se identificó un desfalco millonario por el que se cedieron indebidamente 2.42 hectáreas de terrenos que eran parte del Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal, a dos empresas y dos personas físicas. El probable daño patrimonial es de 940 millones de pesos.

En el caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se canceló en Texcoco, se identificaron irregularidades por cerca de 19 mil millones de pesos: se otorgaron más de 6 mil millones de pesos en anticipos que están pendientes de amortizarse o recuperarse. Y hay otros 6 mil millones de pesos que se usaron para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución o en gastos indirectos que no están justificados.

“En total, se realizaron observaciones por más de 18,666 millones de pesos”, se especifica.

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