‘La nueva Ley de Educación es ambigua y no garantiza certeza jurídica’: Rector de la Universidad Anáhuac

CIUDAD DE MÉXICO.

La nueva ley de Educación, aprobada el 15 de mayo en el congreso de Puebla, es ambigua y no garantiza certeza jurídica a los colegios y universidades privados, ya que permite al gobierno estatal intervenir en la impartición de contenidos educativos, el otorgamiento de becas y los certificados de validez oficial de estudio federales", afirmó José Mata, Rector de la Universidad Anáhuac campus Puebla.

Con David Páramo en Imagen Multicast, el académico recordó que la reforma recién aprobada es parte del proceso de articulación de leyes locales respecto a la nueva ley educativa que se avaló a finales de 2019 en el Congreso de la Unión, y que desechó temas como los esquemas evaluación docente y que desapareció el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Ejemplificó que la nueva legislación estatal incluía un artículo polémico, que fue desechado, en el que se contemplaba que la autoridad estatal pudiese regular los nombres de las escuelas e incluso los colores que las identificaban.

Por ello, se pronunció a favor de haber precisiones en la nueva ley de Educación, ya que existen claras ambigüedades en los artículos 105 y 143 sobre el destino del patrimonio de instituciones educativas privadas, así como en el otorgamiento de registros de validez oficial, bajo el argumento de que autorizará los planes de estudio de las instituciones que “la autoridad considere procedente”.

En los registros de validez oficial, tu sabes que la autoridad otorga esos registros de validez oficial. Ahora, ha dispuesto en el artículo si no mal recuerdo en el 143, que los registros de validez se darán a aquellos planes de estudio que la autoridad considere procedentes. Y hasta ahí. ¿Qué quiere decir con procedente? No hay ningun referencia objetiva después”, apuntó.

Indicó que la autoridad está disponiendo que ellos sean quienes puedan otorgar de manera directa un porcentaje, bajo sus propios criterios, lo que de alguna manera “puede trastocar la estrategia educativa y formativa de las instituciones”.

Agregó que en la reforma, la autoridad educativa estatal se ha auto otorgado concesiones de vigilancia y de supervisión que superan su ámbito de competencia, donde se menciona que puede sancionar a las instituciones con registros de validez, otorgados por autoridades federales.

José Mata dijo que para sorpresa de todo el sector, la nueva ley de educación contempla revisiones a las cuotas que cobran las instituciones privadas, y en caso, precisó, que haya justificación para el aumento de cuotas, la autoridad estatal emitirá una sanción o remitirá la situación a una autoridad competente.

Sobre las cuotas que se cobren en cualquier institución, que eso evidentemente depende la Secretaría de Economía, y si hubiese algún abuso, existe la Procuraduría Federal del Consumidor, es decir, ya hay instancias que sirven a esos fines”, comentó.

Dio a conocer que se tiene acercamientos con las miembros de colegios de educación básica, padres de familia y miembros de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior (FIMPES) para integrar una estrategia ya que ley de Educación viola la libertad académica, la decisión de padres de familia de preferir un tipo de educación y la certeza jurídica.

Dijo que insistirán con la autoridad estatal por la vía del diálogo para corregir la Ley de Educación y en caso de que no lograr acuerdos, señaló, se buscarán las vías legales para revertir ambigüedades y mejorar la enseñanza y el sistema educativo.