Menos Estado de derecho

De inmediato, el titular del Poder Ejecutivo atajó las críticas que se desataron desde la misma noche del lunes pasado, cuando se conoció el documento, al señalar que “esto no tiene nada que ver con la transparencia; todos estamos obligados a rendir cuentas”, dijo, al tiempo que aclaró que “se trata de un acuerdo entre dependencias” que busca evitar amparos que retrasen la conclusión de las obras públicas de su gobierno al permitir agilizar los trámites burocráticos para su realización.

Entendible la postura presidencial, sin duda, ante la premura con la que avanza este sexenio, sin embargo, la decisión contraviene los principios constitucionales, legales y democráticos que juró defender cuando tomó posesión del cargo hace casi ya tres años. Una vez más prevalece su argumento de que la “justicia” debe estar por encima de las leyes.

Los expertos en derecho constitucional establecen que resultaría dramático convertir a jueces y magistrados en “profesionales de la empatía”, es decir, la aplicación de la justicia debe hacerse mediante la utilización de las leyes que fueron diseñadas para ello y no hacer justicia porque la causa de tal o cual grupo de personas le “caen bien” a un juez, independientemente de lo que estipule dicha legislación. En todo caso, lo que hay que cambiar o modificar es esa ley, pero no “impartir” justicia sin tomar en cuenta la ley de referencia. Ahí radica la diferencia entre un Estado de derecho y gobernar por “simpatías o caprichos”.

Quienes hacen factible el derecho constitucional tienen la tarea de juzgar y ejecutar lo que se juzga, no han sido formados para impartir justicia, sino para aplicar la ley. Y al aplicar la ley hacen precisamente justicia bajo el marco constitucional diseñado por la misma sociedad. No al revés. Pero pareciera algo difícil de entender para quien gobierna bajo un régimen populista en el que las decisiones se apegan más al “sentir popular”, aunque contravengan las leyes establecidas. De ahí el origen de tales distorsiones.

Y ya que hablamos de leyes y Estado de derecho, ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cumple 25 años, tocó a su magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, presentar el informe de labores 2020-2021 de ese órgano jurisdiccional ante los plenos de la Suprema Corte de Justicia, del Consejo de la Judicatura Federal y del mismo TEPJF.

Fue claro al afirmar que la salud de la democracia mexicana depende, en gran medida, de la intensa, benéfica y respetuosa relación entre las instituciones públicas, por lo que las magistradas y los magistrados “en todo momento sabremos mantener el principio de división de Poderes, entendiendo que división no significa confrontación”.

En un proceso electoral complejo, no son menores las 18 mil 242 impugnaciones que recibieron las Salas Regionales y la Sala Superior, que fueron resueltas —en promedio— en 15 días. La Sala Superior validó acciones afirmativas en favor de los grupos en situación de vulnerabilidad, un aporte a la igualdad de derechos.

El Tribunal Electoral representa un factor fundamental para la vida democrática del país que enfrentó el pasado proceso electoral con altura de miras y profundo compromiso institucional, lo que refleja su trabajo colegiado, implementando una justicia más abierta y cercana a la gente. La institución trabajará con una “visión de futuro”, a partir de tres ejes: la renovación interna de la institución, el cumplimiento de sus compromisos inmediatos con la integridad electoral y la contribución permanente a fortalecer la cultura democrática de México.