Magistrados, por la independencia del TEPJF

Ahora corresponde a esas instituciones electorales que hagan valer ese acto cívico y responsable mostrado por la ciudadanía con su voto el 6 de junio; tanto por quienes participaron como funcionarios de casilla (cerca de un millón y medio de ciudadanos) como por quienes rebasaron las expectativas de los analistas políticos y acudieron a depositar su sufragio en una urna electoral.

Quienes han dado muestras de seguir por esa ruta institucional, ordenada por la ciudadanía, son la magistrada Janine Otálora y los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante, quienes, juntos, participaron en el foro nacional La labor de los Tribunales en la Calificación de las Elecciones 2020-2021, y mostraron solidez y unidad en lograr un mismo fin: hacer eco de esa voluntad ciudadana expresada en las urnas que, a su vez, exige un tribunal libre de sospechas y que ponga límites a la concentración del poder.

Como receptores del “mensaje ciudadano de las urnas”, así lo demostraron con sus ponencias: hacer cumplir los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad e independencia en el Tribunal Federal Electoral y, con ello, acabar con la negligencia y malas prácticas en ese órgano jurisdiccional, así como trabajar para que los litigios poselectorales se tramiten y resuelvan con todas las garantías de legalidad. De ello han dado muestra, más que sobrada, esos cinco magistrados.

En México, las instituciones encargadas de organizar y calificar los procesos electorales, fundamento de la llamada “democracia representativa”, ejercen muchas facultades. Dicho fenómeno es consecuencia de la historia inmediata del país: los años de gobierno que transcurrieron (más de 70) de un partido hegemónico y el prolongado proceso de negociaciones entre los diversos “actores” políticos conocido como “la transición hacia la democracia” —enfocada principalmente en asegurar la efectiva renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo— resultaron en una estructura electoral hoy altamente especializada y calificada.

Ese proceso de especialización que experimentaron las autoridades electorales en México, donde la organización de las elecciones está en manos de un organismo público autónomo, conformado por dos estructuras que actualmente gozan de enorme credibilidad entre los ciudadanos, una de primera instancia que organiza y califica los comicios (INE), mientras que la justicia electoral queda a cargo de un tribunal especializado perteneciente al Poder Judicial (TEPJF), permite a toda la sociedad asegurar la autenticidad y legalidad de las elecciones.

De ahí la importancia del discurso recién pronunciado por los magistrados Otálora, Fuentes, De la Mata, Rodríguez e Infante, quienes, con todo tino, han puesto el “dedo en la llaga”: no tirar por la borda lo logrado hasta ahora en nuestra incipiente vida democrática a través del profesionalismo, la excelencia, pero, sobre todo, la imparcialidad y la autonomía de quienes hoy son los encargados de impartir justicia en el ámbito electoral del país.

Si hoy México se encuentra en tránsito hacia mejores escenarios dentro de nuestra convivencia social y política, aun a pesar de la violencia y las amenazas que hoy representa el crimen organizado para las instituciones del país, se debe en gran medida a la aportación de mujeres y hombres que, salvo algunas excepciones, se han comprometido a trabajar en favor de los ciudadanos por encima de los intereses de grupos y “camarillas” que tratan de mantener privilegios al amparo del poder político.