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Infancia violentada

Martín Espinosa

Martín Espinosa

Uno de los rostros más dramáticos y lacerantes, bajo el que se presenta y refleja la escalada de violencia que sacude al país, es el de los niños y adolescentes, víctimas de abusos y homicidios que a diario ocurren en cualquier rincón del territorio nacional. Hace apenas unas horas, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) ofreció su informe sobre las cifras obtenidas a lo largo de 2019. Los datos, como todo lo que ha tocado la violencia en México, son desalentadores e impactantes.

El organismo informó que en México mueren al día 3.6 niñas, niños y adolescentes a causa de la violencia. A la par, al año entre 30 mil y 35 mil menores de edad son reclutados de manera forzada por el crimen organizado.

Además, entre enero de 2015 y julio de 2019 se registraron 3 mil 97 feminicidios en todo el país, 317 de ellos entre la población de 0 a 17 años. Esto quiere decir que uno de cada 10 feminicidios afecta a niñas y adolescentes.

Por supuesto que frente a un fenómeno tan devastador como lo ha sido el crimen organizado y la descomposición social que viven nuestras comunidades, las niñas y los niños no podían estar exentos de lo que ha sucedido en todos los estratos de la sociedad. Los datos revelan un panorama devastador: “Lo anterior evidencia que 2019 cerró como un escenario muy complicado para la infancia y adolescencia en México, en un contexto entre la invisibilidad y la violencia”, sentenció Juan Manuel Pérez García, director ejecutivo de la Red.

Sobre el registro de homicidios infantiles diarios, comentó que hubo una reconfiguración de la violencia, ya que en 2012 Guerrero y los estados fronterizos del norte del país tenían los mayores índices de violencia; para 2018 Chihuahua alcanzó la mayor tasa de homicidios pero la violencia se desplazó hacia el centro y occidente, convirtiendo a Guanajuato en el estado con mayor número de homicidios para la población de 0 a 17 años, pero el cuarto en cuanto a tasa de incidencia.

En cuanto al incremento del reclutamiento forzado de adolescentes, dicho informe indica que durante 2019 la sociedad mexicana se escandalizó con los videos virales de niños pequeños portando armas largas, con indumentaria militar, amenazando incluso a líderes de cárteles de la droga.

Sin embargo, lo peor de todo este asunto es que no parece existir interés, por parte de las instituciones mexicanas, en enfrentar el problema. En 2011 y en 2015, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano revisar la estrategia de seguridad a causa del  impacto negativo ejercido en la vida de millones de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer el reclutamiento forzado que realizan grupos criminales y fuerzas de seguridad mexicanas, sin que hasta el momento esta recomendación haya sido atendida.

El texto de referencia de Naciones Unidas advierte: “Los niños y adolescentes son usados como informantes de las fuerzas armadas o grupos armados. Estos últimos los involucran en prácticas militares, procesamiento de sustancias, comisión de delitos de alto impacto como homicidios, mutilaciones y desapariciones, al tiempo que ellos mismos son sometidos a abusos y explotación, sufren lesiones o incluso mueren como resultado del reclutamiento forzado.

Su condición les priva de sus derechos, a menudo con graves consecuencias físicas y emocionales. Al día de hoy se desconoce el número de niñas y niños jóvenes que han sido reclutados por grupos delictivos. El pasado 30 de abril en la sesión ordinaria de dicho organismo se reconoció la existencia del reclutamiento forzado y se comprometieron a desarrollar un programa de atención, sin que hasta el momento exista cumplimiento”.

Juan Martín Pérez García, director de REDIM, identifica tres factores que han detonado la violencia contra la niñez: “impunidad, corrupción y escaso presupuesto”.

Necesitamos, sin duda políticas públicas; no programas, no declaraciones, sino política pública. Un marco de ley e instituciones del estado ya existen. Lo que hace falta es articularse entre las propias autoridades federales, estatales y municipales y para eso necesitamos un Jefe de Estado que tenga como prioridad a niños, niñas y adolescentes, para que, junto con el Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, articulen todo el esfuerzo a favor de la niñez.

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