Indemnización indebida

A las pocas horas de conocerse la “devolución millonaria”, el vocero del gobierno de Oaxaca, Alfonso Martínez, aclaró que el gobernador de la entidad no tenía injerencia en el tema, ya que dichos contratos fueron celebrados en 2016, posterior a la salida, en noviembre de 2015, de Alejandro Murat de la dirección del organismo para contender por la gubernatura del estado.

Y es que André y Max El-Mann Arazi y Rafael y Teófilo Zaga Tawil, accionistas de Telra Realty, una empresa que obtuvo en 2014 un contrato exclusivo con el Infonavit, pretendían ser beneficiados con el acuerdo para desarrollar un programa de Movilidad Hipotecaria, conocido como Cambiavit.

El pasado 11 de febrero, el propio Murat Hinojosa precisó que su paso como director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores no tuvo nada que ver con el pago que años después se hizo por 5 mil millones de pesos como “indemnización” para la cancelación del referido contrato con Telra Realty y afirmó que “quien lo realizó deberá responder”.

Y es que dicho “negocio” se adjudicó cuando no había un director institucional en el Infonavit, ya que Alejandro Murat se había separado meses antes del organismo para hacer campaña por el PRI a la gubernatura de Oaxaca.

De lo expresado hace una semana por el propio mandatario oaxaqueño se desprende otra irregularidad que ya investiga el actual gobierno: “... También dejar de manera muy clara que los contratos no tenían ningún tipo de sanción. Así que el resto (sic) ya tendrá cada quien que responder”, precisó Murat Hinojosa. Es decir, que no había razón para pagar la supuesta “indemnización” y menos por 5 mil millones de pesos como ocurrió en 2017 bajo la administración de Penchyna.

Según el plan acordado en un principio, la movilidad atendía a la necesidad de los derechohabientes del Infonavit de cambiar de vivienda, aun sin haber terminado de pagar su hipoteca, ante la modificación de sus necesidades habitacionales. Se requería entonces de un programa para tal fin, pero el caso de la contratación de Telra ejemplificó cómo una necesidad legítima fue extralimitada en el proceso de contratación de un tercero.

En la investigación que hizo la FGR se establece que fue hasta mayo de 2017 cuando, ya bajo la gestión de David Penchyna al frente del Infonavit, se procedió a cancelar anticipadamente el contrato por decisión del Consejo del Instituto y se indemnizó indebidamente a la empresa Telra, debido a que originalmente no existía la obligación del organismo tripartita de pagar una suma millonaria — como finalmente se hizo— en caso de cancelar el contrato, como lo advirtió en su momento el actual gobernador oaxaqueño.

Tal indemnización fue por 5 mil 88 millones de pesos a los accionistas, léase los El-Mann Arazi y los Zaga Tawil, y fue el origen de la demanda de la Fiscalía General luego de una investigación realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, de Santiago Nieto. El número de expediente es el 110/F/B/646/2020 de la UIF fechado el 27 de enero y del cual también tuvo conocimiento la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En el proceso, la Fiscalía solicitó el congelamiento de cuentas, pero los afectados ofrecieron a la FGR y a la UIF un “acuerdo reparatorio” a fin de evitar un daño mayor que afectara al resto de sus negocios. Ese acuerdo fue, en principio, el motivo de la devolución de dos mil millones de pesos, los cuales debieron haberse reintegrado en su totalidad al Infonavit y no al gobierno federal como se hizo hace una semana.

El anuncio que hizo el presidente López Obrador y el propio titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, fue lo que los primeros accionistas tuvieron que devolver para no ser sujetos de sanciones penales. El caso no ha terminado ya que falta más dinero por resarcir.