Corrupción en desalojo en CDMX

Todo indica que el conflicto por la propiedad del predio ubicado en Turín 46, en la colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc, continúa y que escalará como una confrontación entre el Poder Judicial de la Ciudad de México y el gobierno de la capital. El pasado 15 de octubre hubo un enfrentamiento durante un acto de desalojo en medio de la intervención de un grupo de “granaderos” de la policía, que dice Claudia Sheinbaum desapareció, pero que sigue existiendo aunque con otro nombre.

Circuló la versión de que se trató de un desalojo arbitrario, pero la información de los tribunales revela que se trató de un desalojo legal ordenado por la titular del Juzgado 15 de Primera Instancia, Leticia Medina Torrentera, como resultado del fallo de la causa que consta en el expediente 1372/2019 en favor de los propietarios legítimos de Turín 46, para lo cual se solicitó el apoyo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana local con el fin de restituir la propiedad invadida desde hace más de 10 años.

El fallo de desalojo fue notificado a los invasores el día 25 de agosto y en el acto los funcionarios judiciales fueron agredidos y perseguidos por los ocupantes del predio; la petición de entrega inicial por parte del juzgado se dio el 4 de diciembre de 2020 y el 10 de mayo de 2021 ordena el lanzamiento. El 18 de mayo se realiza la diligencia para que el inmueble sea entregado, pero los invasores se rehúsan, por lo que el 21 de junio de 2021 el juzgado autoriza el uso de la fuerza pública y gira oficio a la SSC para recuperar el edificio.

Sin embargo, la SSC a cargo de Omar García Harfuch negó el apoyo y a pesar de esta situación, tanto los funcionarios del juzgado como los propietarios y sus representantes legales se presentaron la mañana el 15 de octubre para hacer cumplir la sentencia y la orden de desalojo.

A pesar de tener conocimiento de la orden judicial, el jefe del sector Centro de la SSC se presentó con al menos 100 elementos y, según las víctimas, ordenó a los policías arremeter contra el actuario del juzgado Rodolfo Javier Galeana, los familiares de los propietarios y los cargadores que realizaban el desalojo.

Lo que “encendió las alarmas” en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX es el hecho de que sus funcionarios hayan sido golpeados, esposados y remitidos ante el Ministerio Público por órdenes del jefe del Sector Centro, quien también arremetió en contra de los representantes legales de los propietarios en un acto que viola legal y físicamente un mandato del Poder Judicial local.

A los invasores no los tocaron ni con “el pétalo de una rosa”. Ahora se sabe por qué: los invasores presumen estar protegidos por el jefe policiaco en la Cuauhtémoc a cambio de que las 35 familias que ocupan el edificio le paguen ¡una “renta” de entre 2 mil y 3 mil pesos al mes! El mando policiaco obtendría, sólo por ese inmueble, una cuota “por protección” cercana a los 100 mil pesos mensuales. Según denuncias, la situación se repite en otros inmuebles de la zona. Tan sólo en la Juárez reportan al menos 15 predios que pasan por la misma situación. Saque usted cuentas, estimado lector.

Por cierto, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, requiere con urgencia un ajuste en su área Jurídica y Gobierno, pues ha equivocado las cosas. Para empezar, no fue un acto, como afirma Cuevas, ordenado por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Se trata, más bien, de un fallo judicial ante el despojo de un predio; un acto ilegal que desembocó en una sentencia en favor de los propietarios del inmueble.

La pregunta es si el gobierno de la capital respetará los fallos del Poder Judicial y garantizará el derecho a la propiedad y dará opciones de vivienda a grupos vulnerables, víctimas de la corrupción de organizaciones “urbano-populares” que medran con la necesidad de los “sin casa”, promoviendo invasiones de predios y permitiendo que los mandos policiacos se llenen los bolsillos “vendiendo” protección y permitiendo el despojo de inmuebles. Veremos…
 

clm