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Sin control el contrabando de combustibles; competencia desleal saca del mercado a empresas que sí cumplen

Empresarios del sector aplaudieron versiones de que ya se investigarán actividades de empresas como Windstar LPG que vende a sus aliados a precio de mayoreo, pero abajo del costo; además de en sus expendios el producto se encuentra entre los más onerosos

José de Jesús Guadarrama H. | 06-04-2021
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO.

El contrabando de combustibles en la frontera norte está fuera de control, por lo que, junto con licencias de importación de carburantes, el huachicol y la complacencia de autoridades, diversas empresas con fachada de legalidad no solo han robado mercado a Pemex, sino que han sacado de la competencia a muchas otras compañías, según un análisis de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

En tal sentido, empresarios del sector aplaudieron versiones de que ya se investigarán actividades de empresas como Windstar LPG que vende a sus aliados a precio de mayoreo, pero abajo del costo; además de en sus expendios el producto se encuentra entre los más onerosos.

De la misma forma que Nexoil, que importa con documentación alterada y falsificada, declarando el producto que rebasa los límites de importación como mercancía diversa para reducir el pago de impuestos.

Las fuentes del sector observan voracidad en estas y otras compañías que se han beneficiado de la Reforma Energética, por lo que intervendrá Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía para investigar al empresario Marco Zaragoza Fuentes.

Comentaron que Windstar LPG se encuentra entre las cinco principales importadoras de carburante en el país y que echa mano de prácticas dumping.

Según el documento de la Comisión de Energía, existe una omisión y evasión planificada y dolosa en el pago de impuestos de gasolina y diésel, que entre IVA y el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) ascienden a 500 millones de pesos diarios que el fisco ha dejado de recaudar y afectando también gravemente la venta nacional que realiza Petróleos Mexicanos, contribuyendo a las pérdidas de más de 40 mil millones de pesos mensuales por este ilícito en todo el país.

La iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, enviada, el pasado 26 de marzo, por el jefe del Ejecutivo al Congreso de la Unión, señala que en las últimas décadas el robo y el contrabando de combustible se ha incrementado sustancialmente, afectando las finanzas de Petróleos Mexicanos y del pueblo mexicano.

De acuerdo con el análisis de la Cámara de Diputados, existe una omisión y evasión planificada y dolosa en el pago de impuestos de gasolina y diésel, que entre IVA y el Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) ascienden a 500 millones de pesos diarios que el fisco ha dejado de recaudar y afectando también gravemente la venta nacional que realiza Petróleos Mexicanos, contribuyendo a las pérdidas de más de 40 mil millones de pesos mensuales por este ilícito en todo el país.

De la misma forma, la iniciativa de ley destaca que el contrabando de combustibles representa una grave afectación para el erario y una competencia desleal para los permisionarios legalmente establecidos.

Como ejemplo de lo anterior, indica que la problemática ha crecido con la liberalización para importar los carburantes y que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) embargó en 18 meses más de dos millones 117 mil litros de diésel, gasolinas y gas propano, que iban a ser introducidos de contrabando desde Estados Unidos por distintas aduanas terrestres.

En la aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se aseguraron un millón 507 mil litros de gasolina, diésel y gas propano, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

En documento de la Comisión de Energía se explica que el contrabando de combustible se realiza principalmente por las aduanas de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, por empresas mexicanas que cuentan con permisos para la importación de hidrocarburos legalmente expedidos por la Secretaría de Energía.

Se indica que, entre las empresas que echan mano de prácticas ilegales, se observa que, exceden por mucho la cantidad autorizada por la Secretaria de Energía para importar gasolina y diésel, ya que el excedente llega al país con documentación alterada y falsificada, declarando el producto como mercancía diversa, es decir, aceites lubricantes, refinados de petróleo, aditivos y petroquímicos, entre otros, evadiendo el pago del IEPS.

Una vez que el producto se encuentra en territorio nacional, es vendido a empresas legalmente constituidas, pertenecientes a grupos que realizan prácticas ilícitas y desleales que van en contra de la competitividad del sector e incurren en delitos graves, configurando la delincuencia organizada, que cuentan con permisos de comercialización emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Se destaca que hay proveedores nacionales que venden el producto a un costo muy por debajo de su precio del combustible legalmente importado, pues las empresas importadoras rectifican los pedimentos y declaran fracciones arancelarias distintas a la de la gasolina y diesel, para evitar el pago del IEPS, lo cual representa un mayor margen de utilidad que el resto de importadores mexicanos, con una evasión de pago de impuestos.

Según el análisis de la Cámara de Diputados, el contrabando de combustibles y la adquisición de huachicol por proveedores nacionales, ha sido posible por la complicidad de las autoridades aduaneras que permiten estos actos, la Policía Federal y Estatal que permiten el tránsito de los auto-tanques y pipas del combustible que no cumplen con las normas de seguridad respectivas, la facilidad de los permisos otorgados por la CRE, así como de la Profeco que ha sido omisa en denunciar los precios públicos por debajo del costo de adquisición del producto nacional (PEMEX) y el importado legalmente, y ha puesto en riesgo al consumidor del producto.

De acuerdo con lo anterior, se han dado casos de la proliferación de comercializadoras, coyotes que se ostentan como importadores o comisionistas, así como la participación de expendedores, quienes enajenan los petrolíferos a precios por debajo de su costo, presentan documentos apócrifos, pedimentos sin certificar o desaduanar, el incumplimiento de las obligaciones fiscales, gastos y compras de inventarios que no corresponden a los ingresos, entre otros, causando graves daños al erario público y al mercado de hidrocarburos, así como a la economía nacional.

 

 

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