CIUDAD DE MÉXICO
Para lograr una transición energética justa, con pleno respeto a los derechos humanos, proyectos como parques eólicos en comunidades indígenas deben pasar por una evaluación de impactos socio-ambientales, que tiene que realizar el propio gobierno, advirtieron expertos convocados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
En el Webinar “La integración de la dimensión social en la política energética: propuestas y reflexiones”, Rodolfo Salazar, socio de Haizur, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible dijo que si bien este requisito lo contempla la ley, hay un vacío que permite que empresas lo pasen de largo, por lo que se necesita una reforma para crear un sólo instrumento que contemple los impactos en las comunidades y en los recursos naturales.
Tendría que ser un instrumento que unificara dos procedimientos, es decir, no podríamos tener dos instrumentos, uno que mida impacto social y otro que mida impactos ambientales, no tendría ningún sentido, además de que sería un gasto innecesario tanto económico como en términos de funcionarios y horas hombre para revisar las evaluaciones”, explicó.
Por su parte, Itzel Silva, abogada del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar advirtió que el Estado tiene la obligación de hacer las evaluaciones de los proyectos, ya sea que los realice por sí mismo o puede encomendarlos a terceros, pero bajo una estricta supervisión.
Aclaró que las empresas involucradas no pueden hacer de manera directa las evaluaciones con su personal ni puede contratar consultoras o escoger quién va a hacer los estudios.
Habría que dar una discusión para revisar en un momento dado, si el Estado se pone las pilas para dar cumplimiento a esta obligación, cuáles de las instancias del Estado, tendrían que verse involucradas en la realización de estos estudios integrales”, detalló.
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jcs
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