Impunidad, marca en el tráfico ilegal de pez totoaba

CIUDAD DE MÉXICO

La impunidad en el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba en el Alto Golfo de California, es una de las principales causas por las que hoy, sólo quedan nueve vaquitas marinas en promedio, lo que tiene a México sumido en un embargo pesquero impuesto por Estados Unidos y con amenazas de mayores sanciones comerciales por parte de la comunidad internacional.

Un caso emblemático se registró en mayo de 2013 en Ensenada, Baja California, cuando se logró el aseguramiento de dos contenedores, que se pretendían exportar, con productos y subproductos de especies marinas protegidas hacia el marcado asiático.

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En su momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), informó que se trataba de un “contrabando millonario“, de los más importantes de la historia, donde se encontraron grandes cantidades de pepino de mar, aletas de tiburón, caballitos de mar y sobre todo, Totoaba.

A siete años de distancia, la Profepa, se rehúsa a transparentar la investigación, al asegurar que el expediente sigue abierto y la información es “Reservada”, a pesar que la legislación establece que después de cinco años, los procedimientos administrativos prescriben o caducan.

Detalles

El 22 de mayo de 2013, personal del SAT adscrito al Puerto de Ensenada solicitó apoyo de la Profepa para revisar el contenedor HJCU 6068910, donde se encontraron 21 cajas con buches de Totoaba secos; 955 cajas con buches de Totoaba y curvina congelados, así como 12 cajas con esófago y estómago de Totoaba secos y 49 cajas con pepino de mar.

Además del contenedor TGHU 9976984, que tenía en su interior costales con pepino de mar, cubetas de plástico con medusa salada y congelada, así como 312 bultos con aletas de tiburón y caballitos de mar.

De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, por estos hechos se abrió el expediente administrativo número PFPA/9.3/2C.27.3/0106-13, “que contiene copias del procedimiento administrativo que dio lugar al aseguramiento de diversos productos marinos en dos contenedores”.

Consultada al respecto en agosto de 2020, la Profepa respondió a un ciudadano interesado en el caso, que el expediente sigue abierto y por lo tanto, la información es “Reservada”.

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A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el solicitante argumentó que como parte de una investigación sobre supuestos actos de corrupción, quería obtener copia del procedimiento administrativo y conocer “de cuánto fue la sanción por parte de la Profepa, el destino final del producto y quién resulto ser el propietario del cargamento, así como qué productos y cuántos realmente se aseguraron”.

En un oficio fechado el pasado 9 de septiembre y firmado por Elvira del Carmen Yáñez Oropeza, titular de la Unidad de Transparencia de Profepa, se establece que actualmente el procedimiento “está en sustanciación por la Subdelegación Jurídica de la Delegación de esta Procuraduría en el estado de Baja California”, por lo que el Comité de Transparencia, “considera que dicha información debe contar con el carácter de RESERVADA”.

Caducidad

Consultado al respecto el doctor en Derecho Mauricio Limón, director de Limón Consultores, Asesoría Ambiental, aseguró que después de cinco años de que se abrió el acta administrativa, el caso prescribió conforme al artículo 203 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y el artículo 79 la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Destacó que al ser un expediente de 2013, la autoridad ambiental ya no tiene elementos para mantener bajo reserva la información y debe ser pública.

Refirió que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que “la facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas prescribe en cinco años. Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en que se cometió la falta o infracción administrativa”.

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Mientras que la LEEGEPA señala que “el término para demandar la responsabilidad ambiental, será de cinco años contados a partir del momento en que se produzca el acto, hecho u omisión correspondiente”.

Por su parte, Mario Sánchez, abogado ambiental y director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) Noroeste, explicó que el acta administrativa de Profepa es un documento público, debido a que la firman dos testigos, y debe ser entregada sin mayor problema al interesado.

Sánchez, con amplia experiencia en el tema de transparencia, detalló que en todo caso la autoridad puede poner a disposición una versión pública del documento, protegiendo los datos personales de los involucrados.

Agregó que si el solicitante decide ingresar un recurso de revisión contra la resolución del Comité de Transparencia de Profepa, seguramente ganará y obtendrá el expediente, porque la autoridad ambiental no tiene elementos jurídicos para reservar la información.