Arrumban datos de cédula de identidad; en el limbo, fichas de 6.8 millones de niños

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Gobernación (Segob) tiene una base de datos de 6.8 millones de niños, cuyo uso futuro es una “incógnita”, aseguró Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Se trata de información del Registro Nacional de Menores de Edad, que inició en el sexenio anterior, en 2011, y fue cancelado en 2015, y es parte del Registro Nacional  de Población e Identificación Nacional.

El comisionado explicó que las fichas de identidad tienen el nombre de los niños, su domicilio, fotografías, imagen del iris y huellas dactilares.

Al insistir que es un asunto “grave” por el tipo de información, Acuña Llamas señaló que el gobierno tiene el reto de que no quede a la intemperie.

Sin embargo, Humberto Roque Villanueva, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob,  dijo que el banco de datos de la cédula de identidad no corre riesgos y su resguardo no genera costos adicionales.

Explicó que el proyecto  “está en receso”, porque la idea es integrar los datos biométricos a una clave única de identidad, que será concretada con la modernización de los registros civiles y la depuración de la Clave Única de Registro de Población CURP.

“Sería un error que (la cédula de identidad) se viera en términos sexenales; llegaremos hasta donde los recursos nos lo permitan”, agregó Roque Villanueva. 

En el limbo, 6.8 millones de datos de niños

La cancelación del proyecto de la cédula de identidad para menores ha dejado en el limbo 6.8 millones de registros de niños que contienen los datos más sensibles de una persona, como son iris y las diez huellas dactilares, según Javier Acuña Llanas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Al respecto, el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Humberto Roque Villanueva, aseveró que el registro de menores no tiene una cancelación formal pero sí de facto, por tanto está en “receso” y puede ser el punto de partida para la clave única de identidad.

En entrevista, Acuña Llanas apuntó que el proyecto, “quizá uno de los más delicados del país”, fue precipitado y del que no se llegó a pensar incluso el procedimiento de recolección y qué se haría, como sucede actualmente, si se cancelaba.

Consideró “bueno” que se haya cancelado el proyecto (iniciado en 2011 y que estuvo en operación hasta 2012), pero “apenas ahora nos estamos dando cuenta que es muy peligroso tener la base de datos más de delicada del país”.

La base de datos personales tiene 6.8 millones de menores, de un total de 25.7 millones previstos, y apenas a principios de este año se apuntó que quedaría cancelado.

En ella se incluyen además del nombre y domicilio, fotografías y los datos biométricos “más sensibles que puede haber”: el iris y las diez huellas dactilares, es decir, “los más graves de recabar, guardar y proteger”.

“La base se refiere a niños mexicanos que todavía, muy probablemente, casi todos ellos, todavía siguen siendo menores de edad. Y respecto de los cuales se recabaron datos biométricos más sensibles”, argumentó.

Explicó que los padres de familia es probable que no tengan en claro la dimensión de estos datos, pues actuaron desde el principio de buena fe en concederlos y no hay reportes relacionados con resistencia o actitud de rechazo para que se llevara a cabo.

Por su parte, Villanueva admitió que los aparatos con los que se tomaron los datos biométricos de 6.8 millones de niños ya quedaron desfasados.

“El aparato ahí está, pero ya no tiene la misma viabilidad de utilización porque el software utilizado está totalmente desfasado”, explicó.

Asimismo, consideró que no era necesario captar el iris del ojo: “Fue una exageración”,  pues “es más que suficiente tener la fotografía y la huella de los diez dedos, eso es lo importante”.

Roque Villanueva aseguró que la base no tiene riesgos de ser vulnerada o hackeada y actualmente no tiene un costo adicional para mantenerla y garantizar su seguridad.

Sin embargo, mencionó que su mantenimiento tiene dos fases “una que fue complicada y un poquito tediosa”, que es la ordenanza de los datos recabados y que se llevó dos años para hacerlo. La segunda, clasificarla en medios electrónicos, la cual no estará lista hasta que no se proceda a la clave única de identidad.

“A la hora que se concentró todo en la Ciudad de México, encontramos diversas irregularidades en la forma en que fue trasladada esta identificación o los elementos de identidad”, dijo.

El proyecto inicial esperaba registrar en el sexenio anterior a 25.7 millones de menores de entre cuatro y 17 años, a fin de evitar el robo, la suplantación e ilícitos como la trata de infantes.

El costo de la cédula de identidad ciudadana fue de 2 mil 300 millones de pesos y permitió al gobierno federal capturar los 6.8 millones de datos de menores, entregándose 1.3 millones de éstas.

Acuña Llamas apuntó que los datos personales que se encuentran en dicha base tienen impacto nacional, por lo que se debe analizar si deben eliminarse todos los datos para evitar malos manejos.

Afirmó que el principal desafío para el gobierno federal para esta base es que no quede en la intemperie.

Sin embargo, consideró que el futuro de la misma es una incógnita, pues desde un punto de vista gubernamental puede considerarse como una base “valiosísima” y que se puede aprovechar para otras cosas.

Al respecto, Villanueva aseveró que los datos pueden ser un punto de partida para  la clave única de identidad, la cual se llevará a cabo cuando se modernicen los registros civiles en todo el país, el acta homogénea y se termine con el subregistro.

“Sería un error que lo viéramos en términos sexenales. Llegaremos hasta donde los recursos nos lo permitan. Tenemos esperanza de que la parte presupuestal pueda resolverse de tres maneras: que haya recursos federales; sólo con financiamiento y no con recursos, y tercera, una asociación público-privada”, enfatizó.

Expertos proponen una nueva cédula

La finalidad de una base de datos que contenga información biométrica es garantizar la identidad de una persona, y en caso de robo o extravío, tener la certeza de que es ella misma.

Por ese motivo, un grupo de expertos trabaja en una nueva cédula de menores que, a diferencia de la cancelada, serán los mismos padres quienes tomen los datos necesarios y tengan la información recabada.

En entrevista con Excélsior, René López, del Instituto Forense Pericial de Latinoamérica, A.C., detalló que para dicha base –la cuál será encriptada— se tomarán seis cabellos, un pelmatograma, toma de muestra de sangre, más datos como domicilio, nombre y apellido, y otros que los propios padres puedan tomar.

“(El costo) no rebasaría por arriba de los diez pesos. Es muy sencillo el costo, por niño fichado”, comentó.

Los padres de familia serían capacitados para saber tomar las muestras de manera correcta a través de un cuadernillo de seis hojas y en el que explicarán para qué quieren un cabello con bulbo.

“Esta cédula es el inicio de la base de un archivo nacional de personas mexicanas con características biométricas”, mencionó.

El estado que comenzaría a operar esta cédula es Tlaxcala por su contexto en el que los menores de edad son robados y en la entidad operan grupos dedicados a la trata de personas.

“Tomamos el ejemplo de Tlaxcala porque es el estado más pequeño de la República, y nosotros tenemos al día de hoy invitaciones de tres municipios porque ahí son 60 municipios, vamos a ir uno por uno”, expresó.