Defienden cohesión social vía la cultura

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de diciembre.- “Una vez que se atiende una comunidad no te puedes ir”, advierte Alejandra Frausto, directora general de Culturas Populares (DGCP) del Conaculta. Marcharse significaría “generar nuevas relaciones de desconfianza” en un ambiente ya de por sí fracturado: con comunidades en las que se ha instalado el miedo, con cientos de miles de personas
desaparecidas o asesinadas y poblaciones enteras manejadas por el crimen organizado.

“Se requiere de una fuerza enorme, en cuanto a recursos y trabajo, es preferible no atender una comunidad a sólo llegar e irte porque creas nuevamente relaciones de desconfianza, si lo logramos es un esfuerzo titánico que permanecerá; no echo campanas al vuelo, pero sí creo en la fuerza de cohesión que da la cuestión cultural”, agrega la funcionaria.

A Frausto le ha tocado en buena medida idear la mayor parte de uno de los programas que Rafael Tovar y de Teresa ha puesto como eje en su regreso a Conaculta: utilizar la cultura como herramienta de transformación, como vehículo de cohesión social. El proyecto parte además del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que fue anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto el 1 de diciembre del 2012.

En el verano del año que termina, el Conaculta lanzó el programa piloto de lo que se ha prometido como una iniciativa que a corto plazo abarcará todo el país. Previo diagnóstico de Culturas Populares, se llevaron a cabo cerca de 200 acciones culturales en 100 municipios de 25 estados que serían el primer paso para la construcción de una de las líneas estratégicas para integrar un programa cultural de impacto social.

Tras ese primer ensayo, asegura Frausto, en Baja California, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca “ya se han sembrado los proyectos que van a continuar. Después tendremos que trabajar de manera constante para ampliarlo a todo el país”. Pero las cosas no serán fáciles.

La funcionaria acepta que no existen diagnósticos que contabilicen el verdadero impacto que una acción artística puede tener en una comunidad y tampoco se aventura a asegurar que la cultura puede terminar con la violencia. “No me atrevería y en eso soy plenamente cuidadosa y consciente de lo que podemos hacer o no hacer, nosotros damos alternativas de formación. En comunidades a las que entramos en realidad nunca han tenido estas opciones, yo no puedo asegurar que un niño que asista como público dejara de ser delincuente, pero sí que se involucre en una actividad y eso es lo que nos interesa”, explica.

También los recursos han sido limitados “no fueron tantos como hubiera querido, este es un programa nuevo, sabemos que operamos con un presupuesto que no estaba diseñado, tuvimos apoyo presupuestal para ciertas cosas”. En 2013, señala, apenas se invirtieron unos 10 millones de pesos de manera global, pero a decir de Frausto se requiere más.

“El programa implicará un recurso fuerte porque tenemos que llegar a todo el país, por supuesto que presupuestalmente tendremos que tener otro panorama, no puedo asegurar una cifra porque hay algunas cosas en las que se tiene que trabajar como infraestructura existente, compra de instrumentos, material para ciertos talleres y estamos en un trabajo enorme de condensación de todo, se puede saber cuánto cuesta un taller pero no cuánto será el global”.

La labor ha permitido además poner a trabajar las 25 unidades regionales de la DGCP. Ellas son las encargadas mayormente de identificar en los estados las manifestaciones culturales que deben apoyarse para crear comunidad. Pueden ir desde manifestaciones musicales, dancísticas o artesanales y también forman parte del conjunto programas como Cine sillita —que Frausto implementó siendo encargada de cultura en Guerrero— o la creación de grupos musicales comunitarios.

La meta será llegar a todo el país, pero por lo pronto se espera atender las mil 60 colonias de 57 demarcaciones, entre ellas las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, además de siete zonas metropolitanas y 48 municipios, que tienen los mayores índices de delincuencia. “Si trabajas de manera empática y dentro de los intereses de la propia comunidad podremos ir logrando algo; el sentido de urgencia está dado y no hay mucho para donde hacerse”, concluye Frausto.