Iniciativa en CDMX busca agilizar la pensión alimenticia

En el pleno del Congreso de la Ciudad de México, se presentó la iniciativa para que, en el proceso legal para obtener la pensión alimenticia, ya no sean las mujeres las que deban darle a la autoridad la dirección e información del salario que gana el padre de sus hijos, sino que la Unidad de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia local, lo haga. La iniciativa la presentó la diputada local del PAN, Gabriela Salido.

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Salido reconoció que fue gracias al impulso del colectivo Caso 992, encabezado por Ingrid Tapia, que en las últimas semanas dialogó con las legisladoras sobre las formas en las que se pueden simplificar los trámites para acceder a la pensión alimenticia, que ayer se pudo presentar la iniciativa.

En el pleno de Donceles, mientras Salido presentaba la iniciativa en tribuna, la escuchaban alrededor de 25 mujeres ataviadas con su traje de novia, que forman parte de la organización Caso 992.

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Salido argumentó que pesar de que en los niños “descansa el futuro de la humanidad” muchos de sus padres: “han encontrado en la norma actual una forma poco ética y moral de evadir la responsabilidad -de pagar la pensión alimenticia-, pues al dejar a la autoridad medios de localización poco precisos o falsos, la posibilidad del cumplimiento de las obligaciones de pagar alimentos, se reducen prácticamente a cero”.

Y recordó que actualmente son las madres que inician procedimientos legales ante juzgados de lo familiar “quienes deben hacer todas las gestiones posibles para localizar al deudor alimentario, lo cual implica gastos que en muchas ocasiones no están en posibilidad de cubrir”.

Explicó que el mecanismo ideal para modificar esto sería reformar el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, sin embargo, recordó que los congresos locales no tienen la facultad de “legislar en materia procesal, civil o familiar, ésa es una facultad conferida sólo al legislativo federal”.

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Ante ese obstáculo, un grupo de 22 diputados de diferentes bancadas, entre ellos Salido, decidieron presentar la iniciativa para reformar otras leyes y simplificar el procedimiento para notificar al presunto deudor de que se sigue un procedimiento legal contra él.

Si se aprueba esta reforma, cuando el juez o la madre demandante se lo solicite a la Unidad de Medidas Cautelares, ésta deberá “emitir un dictamen donde señale si el presunto deudor es localizable o no ¿En qué domicilio? Si cuenta con arraigo familiar. Si existe el riesgo de que sustraiga al menor…o si existe el riesgo de que evada sus obligaciones y huya”.

A partir de ese dictamen el juez podrá emitir un citatorio, se le entregará al presunto deudor, y una vez que haya sido notificado podrá iniciar el proceso legal. Para lograr este objetivo, la iniciativa presentada ayer, propone reformar la Ley de derechos de niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Atención al Desarrollo de la Niñez y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, que deberán analizarla, elaborar un dictamen y someterlo a votación. Si se aprueba en comisiones y en el pleno, se convertirá en ley.

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