Ignoran a vecinos; aprueban reforma

CIUDAD DE MÉXICO.

El Congreso local aprobó ayer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana que deja en manos de las alcaldías el ejercicio de los recursos vecinales “si hay alguna circunstancia de índole jurídica, formal o material que impida llevar a cabo algún proyecto ganador del presupuesto participativo”.

Ahora los alcaldes podrán utilizar dinero que antes solamente podían decidir los ciudadanos a través de proyectos que se elegían a través de consultas.

Todavía el miércoles se llevó a cabo una reunión de vecinos e integrantes de Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos) para pedir a los diputados locales que votaran en contra de la iniciativa.

Finalmente, la reforma consiguió en lo general 42 votos a favor de Morena y sus aliados, y 12 en contra de la oposición. En la votación de la reforma a los artículos transitorios, presentada por el PAN, la votación fue de 53 a favor y cero en contra.

Lo más que pudo conseguir la oposición fue que cuando los alcaldes ejerzan el presupuesto participativo lo hagan sólo en obras de “infraestructura pública, equipamiento y servicios urbanos”.

En una reserva, impulsada por la panista América Rangel, también se aprobó que si un proyecto no se puede realizar por circunstancia jurídica, formal o material, no se “postergue la ejecución”, como proponía la iniciativa original de la jefa de Gobierno, sino que se liberen inmediatamente los recursos.

Las colonias donde previsiblemente será más factible que las alcaldías intervengan y ejerzan el presupuesto participativo es en aquellas en las que no se llevaron a cabo asambleas ciudadanas, pues no tienen Comités de Vigilancia y Comités de Ejecución electos.

Sin embargo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó en su página web el pasado lunes que ya se habían llevado a cabo 71.31 por ciento de las asambleas ciudadanas en mil 767 unidades territoriales, pues en 48 pueblos originarios se impugnó el proceso.

En tanto, indica que se han instalado 70.97 por ciento de los comités ciudadanos.

Además, consultado por Excélsior, el IECM aseguró que 100 por ciento de las asambleas se habrán realizado para “finales de agosto”.

Conforme a esa información, las alcaldías donde se han celebrado menos asambleas son Cuauhtémoc, con 25 por ciento; Benito Juárez, con 31.25 por ciento, y Cuajimalpa, con 41.03 por ciento.

Por tanto, en esas mismas alcaldías es donde menos comités se han instalado en la ciudad.

En el resto de las demarcaciones están entre 58 y 100 por ciento de asambleas celebradas y comités integrados.

Pese a esa información, que es pública, el diputado Federico Döring (PAN) tomó buena parte de su intervención parlamentaria en proponer una reforma al artículo Sexto Transitorio, misma que se aprobó de la siguiente manera:

(...) A más tardar el 5 de septiembre próximo, el IECM deberá publicar el porcentaje de avance de las asambleas y constitución de los comités”, además de dar a conocer dónde se cumple el “supuesto de que las alcaldías ejecutaron por adelantado los proyectos que no ha podido acreditar nadie ante el Congreso”.

Döring también propuso reformar el Séptimo Transitorio para que, en el supuesto de que no se ejecuten los proyectos de presupuesto participativo de 2020 o 2021 “por los motivos contemplados en el decreto (aprobado ayer), la Secretaría de Finanzas realizará los ajustes para garantizar los recursos suficientes para la ejecución de los proyectos durante el ejercicio fiscal 2022, con base en ministraciones adicionales, provenientes de los remanentes del ejercicio fiscal 2021”.

Sin embargo, el vicecoordinador de la bancada de Morena, José Luis Rodríguez, le solicitó retirar su iniciativa.

Me parece que este Congreso tendrá la oportunidad de analizar en el paquete económico (de 2022) las acciones que correspondan; podríamos obviar la redacción de esta propuesta del séptimo transitorio y tener la posibilidad de un análisis plural en el momento procesal oportuno que tenga este Congreso, a través de la Segunda Legislatura”, dijo Rodríguez.

Döring aceptó con un exhorto: “debemos empeñar nuestra palabra que sí lo vamos a discutir en el próximo presupuesto de egresos”.

El vicecoordinador de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, se vio más desconfiado de lo que sucederá en la siguiente legislatura: “¿Cómo vamos a cumplir esa promesa? Esta legislatura está llegando a su fin”.

La semana pasada, el mismo Döring rechazaba por completo la reforma impulsada desde el Ejecutivo local, lo mismo que Gaviño.

Ambos legisladores de oposición consideraron, consultados por este diario, que los argumentos de tal enmienda son pretextos para darle a las alcaldías control sobre los recursos de proyectos de presupuesto participativo de 2020 y 2021, los cuales deben ejecutarse antes de que finalice este año y cuyo monto suma dos mil 816 millones 406 mil 401 pesos.

La defensa de la entonces iniciativa y hoy ley era que las alcaldías decidan sobre esos dineros cuando ya hayan ejecutado los proyectos por los que votó la ciudadanía o exista un impedimento jurídico, formal o material para ejecutar los proyectos.

A mí me cuesta mucho trabajo pensar que un alcalde hubiera sacado recursos en plena pandemia para financiar algún proyecto de presupuesto participativo. Ninguna alcaldía ni el gobierno han sido capaces de darnos ni un solo ejemplo de dónde ya se ejecutaron proyectos de presupuesto participativo”, dijo en ese momento Döring.

Gaviño alertó que le darían libertad a las alcaldías de cambiar los proyectos de presupuesto participativo que votó la gente o utilizar ese recurso en otro tema.

El objetivo último de la reforma es que las alcaldías actuales contraten la obra, ya no les importa tanto quién la va a ejecutar”, declaró el perredista.