Ante la demanda de médicos forenses, la UNAM crea nueva carrera

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de julio.- Casi 40 mil personas han muerto en el conflicto del narcotráfico en México desde fines de 2006 y en los últimos meses los servicios forenses han logrado albergar, a duras penas, los cientos de cadáveres que son encontrados en fosas clandestinas alrededor del país.

De acuerdo con información de la cadena televisiva británica BBC, algunas de las morgues en las zonas más afectadas por la violencia del narcotráfico, especialmente en el norte, cerca de la frontera con Estados Unidos, han visto sus instalaciones saturadas por los cadáveres encontrados en esas fosas comunes que son atribuidas a los carteles de la droga.

La situación también ha llevado a que decenas de cuerpos sin identificar están albergados en las morgues del país, a la espera de que los parientes de las víctimas se presenten para reclamar los cuerpos mientras los médicos forenses procesen los cadáveres.

En México, un país de más de 100 millones de habitantes, sólo unos 2 mil médicos calificados pueden llevar a cabo un trabajo forense completo, una figura baja que parece haber llevado a la Universidad Autónoma de México (UNAM) a crear un diplomado multidisciplinario que empezará a impartirse en 2012.

El desafío será atraer estudiantes, ya que la profesión es conocida por pagar salarios bajos, demandar horas de trabajo duro y en el contexto de la "guerra al narco",  obliga a enfrentar a un creciente número de víctimas de violencia.

La saturación de las instalaciones forenses fue sentida de primera mano por las autoridades del estado de Durango en los últimos meses, ya que en esa zona se encontraron ocho fosas que contenían de más de 250 cuerpos.

"Solo tenemos instalaciones para 20 personas; nuestra capacidad fue avasallada por mucho", asegura José Gutirrez Silva, encargado del servicio médico forense de la ciudad de Durango.

"Contratamos dos termokines (camiones refrigerados) para los cuerpos, y eso nos alivió en mucho nuestra necesidad", agrega.

Funcionarios locales han prometido que abrirán nuevas y modernas instalaciones en el estado, buenas noticias para el servicio forense, pero al mismo tiempo una triste admisión de que pocos en México creen que el número de personas que mueren en el conflicto por el narcotráfico se reducirá en un futuro cercano.

Las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de la Ciudad de México, que fueron expandidas tras el terremoto que en 1985 sacudió la capital y dejó unas 10 mil víctimas, han estado jugando un rol crucial en el conflicto actual.

"Nosotros apoyamos a los estados del norte al recibir los cuerpos, porque ellos no tienen la capacidad de tenerlos durante mucho tiempo", afirma Macario Pompeyo, director técnico del centro.

"Y como siguen encontrando, eso les dificulta más su trabajo".

Un ejemplo es el caso de las víctimas encontradas en la ciudad de San Fernando, en el estado de Tamaulipas.

Allí se han descubierto más de 190 cuerpos en casi 50 fosas clandestinas; se cree que muchos de ellos son pasajeros de autobuses de larga distancia que fueron secuestrados y ejecutados por los carteles al rechazar unirse a sus filas.

A medida que se fueron desenterrando los cuerpos, algunos de ellos mutilados o con huellas evidentes de tortura, fueron transferidos a la morgue en Tamaulipas.

Pero sólo unos pocos días después, cerca de 120 de esos cuerpos fueron trasladados a la Ciudad de México - y ahora están resguardados en bóvedas en el SEMEFO de la capital, tras puertas cerradas, esperando su identificación usando técnicas genéticas.

Hasta ahora, sólo 21 de ellos han sido identificados. De esos, asegura el Dr. Pompeyo, a ninguno se le encontró vínculo alguno con el crimen organizado.

"Todos son migrantes, todos son personas que iban hacia la frontera con Estados Unidos", asegura.

Esa es una de las razones por las que los supuestos parientes de las víctimas no están concurriendo a las instalaciones del SEMEFO en masa.

En muchos casos se trata de emigrantes centroamericanos y mexicanos que intentaban cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos.

Sus familias en sus lugares de origen, asegura Pompeyo, "no saben que su familiar ha sido extraviado o que ha fallecido".

Ése no es el caso de Máximo Bazalda, quien cree que su cuñado, Rafael, podrá estar entre las víctimas que se encuentran en el SEMEFO de la capital mexicana.

La última vez que tuvo noticias de él, Rafael estaba camino a la frontera con Estados Unidos a borde de un autobús.

Por teléfono, avisó a su familia que el vehículo haba sido detenido en un "retén" cerca de San Fernando, Tamaulipas.

Según investigaciones oficiales, los carteles a veces establecen retenes clandestinos en las rutas clave para el trasiego de droga hacia territorio de Estados Unidos.

Todos los esfuerzos que ha hecho Bazalda por encontrar a su cuñado han resultado inútiles; la incesante burocracia y los costos de la búsqueda parecen estar desalentándolo de seguir adelante con el doloroso proceso.

"Estamos por darnos por vencidos", asegura.

Su cuñado, así, permanecerá en la lista que 6 mil personas que, según grupos de derechos humanos, han desaparecido en México desde 2006.
Y en cuanto a los cuerpos llegados de Tamaulipas en las bóvedas del SEMEFO, su destino parece esconder una lúgubre ironía.
Si en alrededor de un año no son identificados, serán enterrados. Nuevamente, en una fosa común.