Reguladoras para evitar Tlahuelilpan

A 72 horas de lo ocurrido en Tlahuelilpan, otra fuga, también en Hidalgo. A menos de 10 km de distancia. Otra vez, un chorro de al menos tres metros de altura. Ésta vez nadie se acercó a la zona más que personal de Seguridad Pública y militares. Es tema recurrente. Este estado registró mil 726 perforaciones clandestinas durante 2018, cifras de Pemex.

Hace apenas un par de meses, una alerta que llegó por teléfono, una llamada bastó para que las autoridades llegaran a la zona, bomberos y elementos de Protección Civil de Hidalgo. Se trataba de una enorme fuga de combustible. El chorro de gasolina alcanzaba varios metros de altura. Ocurrió en el poliducto Poza Rica-Azcapotzalco. Era una zona despoblada en el municipio de Tlanalapa. No hubo víctima alguna. Así se reportó en este diario: “Se suspendió temporalmente la operación del ducto, bloqueando de forma automática las válvulas de seccionamiento para disminuir el flujo de producto y proceder a la atención del incidente. Al registrarse la fuga en una zona despoblada y sin cuerpos de agua en sus cercanías, por lo que no se pone en riesgo a la población y no fue necesario bloquear la circulación de los vehículos que transitan la carretera federal...”. La historia se repitió ocho semanas después, a 90 km, en Tlahuelilpan. Al momento 91 muertos.

Con la aprobación de la Reforma Energética, se creó una nueva entidad encargada de regular y hacer cumplir la seguridad industrial y protección ambiental, parte importante en la cadena de valor de los hidrocarburos. Se trata de la ASEA. Según un programa de trabajo elaborado por la OCDE en 2017, para este año, ASEA —junto con otras dos reguladoras para el sector energético— tendría que alcanzar su autonomía financiera gracias a los ingresos percibidos por derechos y multas tras las revisiones que se encargarían de realizar. Funcionar al 100, pues. Pero no ha sido fácil la ejecución de lo encomendado a esta reguladora. Lo reportó el portal Sin Embargo: “Aquella madrugada del 1 de abril de 2015 las explosiones de la plataforma Abkatún Alfa de Pemex dejarían un saldo de daños del que se necesitaron al menos 24 horas para determinarlo: cinco muertos, dos desaparecidos y 16 lesionados; así como una mancha de 4 km de petróleos sobre el Golfo de Campeche. A pesar de que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) evidenció el derrame, Pemex no se hizo responsable por los daños causados a las víctimas ni al ambiente por el esparcimiento de metales pesados en la flora y la fauna de la zona. Meses después, el 26 de agosto, la plataforma volvió a sufrir una explosión que dejó un muerto...”.

Con la llegada de la administración de Andrés Manuel López Obrador y el futuro de cambios que se aproximan para la Reforma Energética, el futuro de ASEA no pinta mejor. Recién iniciado el sexenio, llegó su primer conflicto con el gobierno federal. La agencia admitió una denuncia contra el desmonte de vegetación en la zona donde se levantará la refinería de Dos Bocas, uno de los proyectos prioritarios de AMLO. La Sener aseguró que actúan de manera correcta. Hace exactamente una semana, Rocío Nahle señaló que cuenta con la documentación que acredita el impacto ambiental respecto a esta obra; esto contraviene a lo dicho por ASEA, que rechaza la existencia de éstos, pues no han llegado a sus manos, a pesar de las varias solicitudes de información que han presentado. En el caso de Dos Bocas, esta ausencia de transparencia significa incertidumbre tanto para la población afectada como a los inversionistas. En lo ocurrido en la plataforma Abkatún Alfa, la omisión a lo reportado por ASEA costó vidas. Ya la OCDE alertó y brindó sus recomendaciones para hacer que las reguladoras creadas tengan un óptimo funcionamiento. Porque, además de lo que representa en términos de inversión, lo que éstas puedan generar en cuestión de seguridad tiene repercusión directa en la población. Más aún en un país en el que robo de combustible se convirtió en lo que vemos ahora.