La caja del Chapo (¿de Pandora?)

Está abierta. La caja de Pandora está abierta. Con pruebas o no, la mancha está ahí. Joaquín Guzmán Loera no enfrentará a la justicia sin antes intentar llevarse a quien pueda con él. Apenas la estrategia del capo que movilizó a una ciudad entera, que es el escenario del juicio más esperado y vigilado de las últimas décadas en Estados Unidos.

Millones de dólares habrían ido en favor de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Mentiras ambas, dicho así por los involucrados, pero, ¿cómo se evitará el sospechosismo (sic) no sólo con los ahora señalados, sino con el resto de la clase política? Más aún cuando la legalización se asoma como tema de discusión y más de uno se opone a que suceda. Así ha sido desde hace años, cuando alguien se atrevía a hablar al respecto, a hacer de la legalidad una herramienta para detener el crecimiento de las organizaciones del narcotráfico, el tema no se imponía ni se impuso y la congeladora fue siempre el destino del asunto.

¿Qué más podrá decir El Chapo para intentar una condena que no sea la que tanto quiso evitar? Ya dijo que el verdadero líder del cártel era Vicente El Mayo Zambada (¿estrategia de la defensa legal para reducir su pena?). ¿Qué otra sorpresa nos espera a lo largo de estos meses en que El Chapo buscará defenderse? Más allá de las respuestas a esta pregunta, lo que deberemos pensar aquí es cómo blindar a las instituciones políticas y a sus personajes. Lo dicho por Guzmán Loera subraya un asunto del que hemos dado cuenta: el narco infiltrado a nivel local, por decir algo. Así tuvimos un episodio como el de Ayotzinapa; así pasó lo de Allende, Coahuila, por decir algo.

No es un tema nuevo: Erik Ulises Ramírez Crespo, exalcalde de Cocula, Guerrero, por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática; Lucero Guadalupe Sánchez, exdiputada local de Sinaloa, por el Partido Acción Nacional, y quien visitara en prisión al mismo Chapo usando documentos falsos; Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, fue investigado por la Corte Federal del Distrito Oeste división San Antonio, Texas, luego de los señalamientos de dos testimonios que lo acusaron de haberse reunido con integrantes del cártel de Los Zetas; Juan Mendoza Acosta, exalcalde de San Miguel Totolapan, en Guerrero, por el Partido de la Revolución Democrática; Jesús Reyna García, emanado del tricolor, terminó preso por sus vínculos con Los Caballeros Templarios; Salma Karrum, expresidenta municipal de Pátzcuaro, y Dalia Santana, exalcaldesa de Huetamo, ambas del PRI, fueron evidenciadas como cercanas a La Tuta; Arquímides Oseguera, exedil de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de extracción perredista, fue detenido tras comprobarse que sostuvo encuentros también con Servando Gómez y otros miembros de Los Caballeros Templarios. También Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas; Tomás Yarrington, otro exgobernador del mismo estado; y hasta Mario Villanueva Madrid, exmandatario de Quintana Roo. Los anteriores, vinculados con grupos del narcotráfico y grupos del crimen organizado. Aunque algunos nieguen los señalamientos, ya es imposible borrar de su historial tal acusación. Eso justo es lo que quería El Chapo, el descrédito de los gobiernos que lo persiguieron y capturaron.

Guzmán Loera no tiene ya nada qué perder. Resulta casi imposible que esquive la cárcel en EU por el resto de sus días (de lograrlo, sería una leyenda insuperable por siglos); con lo que sea que diga, sólo moverá el avispero, aunque nunca encuentre certeza, pero habrá dejado el estigma de unas estructuras de gobierno que han sucumbido ante el poder de grupos crimínales que deben ser enfrentados desde otras esquinas: como la que ofrece la legalización.