García Luna

Quince minutos de audiencia. La expectativa, al menos de una buena parte de la oposición en México, se dirigía más a una sesión inquisidora. No fue así.
Sólo quince minutos bastaron para que Genaro García Luna agradeciera la presencia de su familia en la Corte con un beso y un guiño lanzado al aire.

Quince minutos también para rechazar cualquier intento de apelación a la decisión del juez. Quince minutos en los que no cupo la precisión para conocer la fecha en que será trasladado a Nueva York. La fiscalía alegó motivos de seguridad. Podría ser en menos de 24 horas o tal vez en unos días o semanas, que el clima y las fiestas también congelan a la burocracia.

Y allá, sabemos, supimos tras su detención, enfrentará un juicio que será llevado por el mismo juez que condenó a Joaquín El Chapo Guzmán a pasar el resto de su vida en prisión. Las autoridades de Estados Unidos argumentaron que están vinculados ambos casos. Después de todo, uno de los testigos en el proceso el líder del Cártel de Sinaloa afirmó que hubo transacciones –en calidad de sobornos– por las que el exfuncionario mexicano habría otorgado protección a este grupo criminal.

No hay mucho más que decir. Quince minutos. Y la incertidumbre de cuándo será la próxima vez en que García Luna se pare frente a un juez. Y la precisión de que nada de lo que de ese proceso salga puede ser siquiera sugerido desde aquí, desde nuestro país. Acaso a algunos les tendrá que bastar la descripción que del exfuncionario esposado y portando el traje naranja, que usan quienes se encuentran en proceso, se hace en los reportes de la prensa.

El proceso lo llevan autoridades de Estados Unidos y nada desde lo que aquí se pueda decir, importa, al menos no a ellos; no importa a quienes armaron un expediente y actuaron. No importa lo que desde aquí se resuelva a través de la condena pública. Ellos asumirán sus costos y sus virtudes en caso de tener razón para una sentencia. Pero nos tiene que quedar claro que desde nuestro país no hay, no puede haber, injerencia alguna.

Era necesaria la corrección de Andrés Manuel López Obrador respecto a la que no habrá investigación a funcionarios que hayan trabajado con Genaro García Luna mientras éste sirvió en varias dependencias del gobierno en al menos dos sexenios. Fue inoportuna la sugerencia de una lupa sobre todos ellos. Aquí en México, al menos no legalmente, existen causales para tal cosa. No hay denuncias. Ni para quienes hoy están fuera de la función pública ni para quienes permanecen en ella, como Omar García Harfuch, un agente policial de primera que incluso es parte de la 4T.

Incluso en Estados Unidos hay testimonios que contradicen aquel dado por El Rey Zambada. Lo dijo Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA: García Luna, mientras trabajó con ellos, lo hizo de manera impecable, jamás hubo señales de que ejerciera presión para conducir con fines dudosos operación alguna. Tampoco, asegura, hay manera de que recibiera sobornos millonarios en efectivo en un lugar público, como se escuchó en el juicio de El Chapo.

A García Luna le espera un proceso para el que poco o nada se puede aportar desde nuestro país, más allá de la condena pública, que para conocimiento de las autoridades de Estados Unidos poco, o nada, importa.