Reducir el dinero de los partidos no es suficiente

Es injusto que los partidos políticos se sirvan con la cuchara grande usando el dinero público. Actualmente, a nivel federal, los partidos nos cuestan $4,728 millones de pesos, más un 50% adicional si hay elección presidencial o 30% si hay elección legislativa. Además, se les dan $5,000 millones de pesos a nivel estatal.

Así, en 2018, los partidos nos costaron 11 mil millones de pesos, lo que sería suficiente para doblar el presupuesto total en materia de prevención y control de enfermedades de México.

El que los partidos reciban tanto dinero afecta la capacidad de México de usar ese dinero para servicios públicos y la democracia.

A diferencia de otros países, donde los militantes del partido donan su tiempo y recursos para que su partido opere, en México, hacer política es un acto de billetazos. Se paga todo. Desde la asistencia a mítines hasta la cobertura de la prensa. Por ello, las campañas son absurdamente caras. En Gran Bretaña, cada partido sólo puede gastar $600 millones de pesos al año. En México, el PAN, PRI y Morena recibirán, cada uno, mínimo $850 millones.

La propuesta que nos presentan Tatiana Clouthier y Mario Delgado busca reducir el presupuesto a la mitad. Esto es excelente, pero no es suficiente.

Primero, porque sólo toca el dinero federal. La mitad del dinero de los partidos se da a nivel estatal y eso no va a tocarse. Por ello, lo que Tatiana y Delgado llaman “una reducción del 50%” es, en realidad, del 25%.

Segundo, porque el problema de fondo no es lo que reciben oficialmente los partidos para sus operaciones, sino las contribuciones privadas y públicas no reportadas a campañas políticas. Una reforma más ambiciosa debe aumentar la capacidad que tienen las instituciones electorales para investigar y sancionar las violaciones a los límites de gasto, y hacer que los órganos internos de control impidan el desvío de recursos públicos a partidos políticos.

Actualmente, esto no es ni remotamente posible porque el Instituto Nacional Electoral tiene menos auditores que elecciones por vigilar. Así, los partidos prefieren gastar de más porque la probabilidad de que se les fiscalice a profundidad es muy baja. Además, hay múltiples agujeros legales y procedimentales que impiden que la fiscalización sea efectiva. Sin sanción ni monitoreo adecuado, reducir el nivel de gasto legal de los partidos se quedará en las buenas intenciones.

Tercero, se debe considerar aumentar el límite total de las contribuciones privadas. Actualmente, el financiamiento privado máximo para una campaña es de $137 millones. Esto es demasiado bajo y, por ello, abre la puerta a la simulación. Ningún partido reporta lo que recibe. Aumentar la cantidad de dinero que se puede recibir de privados podría aumentar el reporte, y, sobre todo, obligar a los partidos a ser más cercanos a su militancia.

Ello no quiere decir que se deba permitir que haya contribuciones individuales grandes. Si se permite que una sola empresa o individuo privado dé mucho dinero, se permitirá que la agenda de los partidos sea manipulada. Actualmente, la ley fija que una donación sea, máximo, de $2 millones para simpatizantes. Ese límite debe bajarse muy significativamente, y aplicarse a todos los donativos. En Estados Unidos, por ejemplo, sólo se pueden donar máximo $100 mil pesos por individuo o empresa. Controlar los máximos democratiza a los partidos porque los obliga a responderle a su militancia y buscarla.

Finalmente, se debe cambiar la fórmula que atribuye más dinero a los partidos que tienen más votos pues, aunque parece buena idea, lo que esto en realidad hace es dar ventaja a los partidos más grandes y limitar la competencia. Personalmente, pienso que debe darse un 70% del dinero de forma equitativa y un 30% de acuerdo con los votos (lo opuesto de como es ahora).  

Los partidos, por supuesto, no querrán implementar estos puntos que acá planteo porque están muy cómodos extendiendo la mano. Esto debe cambiar.

Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard

Twitter: @Viri_Rios