Las omisiones de Arely Gómez

Hay dos evidentes omisiones cometidas por la actual titular de la Secretaría de la Función Pública.

La primera omisión es la selección de los contralores.

Arely Gómez fue la primera secretaria que aplicó evaluaciones de conocimientos, habilidades y experiencia a los contralores para que fueran seleccionados por sus méritos y no por su cercanía con los secretarios de Estado. Hasta ahí, todo bien.

El problema es que de las más de 250 dependencias y entidades la evaluación sólo fue aplicada para seleccionar a 42 contralores y de instituciones medianas o pequeñas.

La selección objetiva de contralor no se aplicó a las secretarías más importantes en gasto presupuestal y capacidad de crear redes clientelares, como son la SCT, Sagarpa o Sedesol.

En éstas, como en muchas otras dependencias o entidades, el contralor siguió siendo elegido por el titular (el secretario o director gene-
ral), es decir, por la misma persona que se supone que debe vigilar ¿Puede el conflicto de interés ser más
obvio? No.

Arely Gómez tuvo la oportunidad de pasar a la historia como la primera secretaria de la Función  Pública en elegir titulares de Órganos Internos de Control a través de mecanismos competidos, meritocráticos y transparentes y, con ello, desterrar el conflicto de interés de los contralores… pero no lo hizo. Lo dejó pasar.

La segunda omisión es la falta de sanción.

La falta de sanciones a los verdaderos responsables de multimillonarias sumas de recursos públicos que fueron indebidamente desviadas a través de fraudulentas asignaciones directas a universidades públicas, como lo han demostrado investigaciones periodísticas y la Auditoría Superior de la Federación.

Universidades públicas que, a su vez, transfirieron a empresas fantasma sin que se haya informado de su destino final.

A la fecha, no existen evidencias del inicio de procedimientos de responsabilidades contra los presuntos autores intelectuales (que, obviamente, nunca firman nada) ni del rastro o paradero de los recursos públicos desviados.

La secretaria Arely Gómez aún tiene la oportunidad de colgarse una medalla: Tiene la posibilidad de pasar a la historia como la primera secretaria de la Función Pública que adecuó Declaranet para permitir que todos los servidores públicos del Ejecutivo Federal lleven a cabo su Declaración Patrimonial y de Intereses conforme se demandó en la #Ley3de3.

Esta adecuación se deberá hacer siguiendo los formatos que deberán aprobar los miembros del Comité Coordinador en agosto del 2018.

Si dicha adecuación a Declaranet no se realiza, los servidores públicos continuarán utilizando
la declaración patrimonial en su estructura antigua y limitada.

 Esto implica que todos los funcionarios públicos que dejan su cargo en 2018 no dejarán rastro completo sobre su situación patrimonial y sus conflictos de intereses. Serán montones de información que, simplemente, no veremos.

Al día de hoy, sólo 300 mil funcionarios a nivel federal presentan su declaración patrimonial, menos del 0.1% de los que deberían si los formatos estuvieran aprobados. Aún más, según la organización Data Cívica, en el año 2017, 73% de los funcionarios federales decidió no hacer pública su información patrimonial y el 12% de los funcionarios obligados lo hizo de manera parcial.

Si la SFP así lo decide, esta opacidad puede terminar antes de que los funcionarios actuales dejen el cargo. Se podrían girar órdenes inmediatas para comenzar a adaptar Declarnet al cambio de formato. Se podría empujar públicamente la necesidad de tener cuanto antes la versión final de los formatos aprobada. Se podría comenzar un sitio de funcionalidad parcial. Se podría comenzar a avanzar.

Nada de eso se ha hecho. La administración ac-tual se ha quedado de brazos cruzados esperando que su tiempo se acabe. Si Arely no comienza, perderemos mucho

¿Tendrá la SFP la altura de no nadar de muertito?

Doctora en Gobierno por la Universidad de Harvard

Twitter: @Viri_Rios