Sector salud para prevenir feminicidios

Desde el 2015, México es el segundo país de América Latina y el Caribe con mayor número de feminicidios al año (datos de la Cepal). Entre 10 y 11 mujeres al día son víctimas de homicidios dolosos (7-8) y de feminicidios (3-4); y, entre siete y ocho lo son de homicidios culposos (datos del Sistema del Secretariado de Seguridad Pública). Menciono los homicidios culposos porque, después de analizar la información de la OMS sobre las consecuencias de la violencia de género, algunos de estos podrían ser consecuencia de ello. Es decir, me parece que la violencia de género no está correctamente dimensionada y que atrás de la trágica cifra creciente de feminicidios se esconde un problema más grave y horroroso.

Hasta el momento, pareciera que la solución para frenar los feminicidios y todo tipo de violencias contra las mujeres no ha sido aprobar más leyes y crear nuevas instituciones porque, aun cuando 18 estados han declarado la Alerta de violencia de género y se han implementado programas específicos, ésta no disminuye y, por el contrario, el confinamiento por la pandemia demostró que puede haber más.

Pero, paradójicamente, en la letra de esas leyes considero que está parte de la solución. Las normas referentes al tema de igualdad y combate a la violencia de género que se han aprobado prolijamente en los últimos 20 años son producto de la lucha activa y creciente de las mujeres. La violencia contra las mujeres siempre ha existido y se ha normalizado en una sociedad con patrones culturales discriminatorios, la diferencia es que ahora se visibiliza a partir de lo que marcan las leyes y códigos. Por ejemplo, la tipificación del feminicidio en el Código Penal. En ese contexto, quiero llamar la atención sobre la indispensable participación de algunos sectores para lograr frenar la violencia de género (en este caso, del sector salud).

La Ley General de Acceso a una vida libre de violencia de las mujeres establece, en el artículo 46, que corresponde a la Secretaría de Salud diseñar con perspectiva de género la política de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Entre otras cosas, la ley mandata que el personal del sector salud brinde atención a las víctimas y aplique las normas oficiales vigentes en la materia y, además, que apoye a las autoridades encargadas de efectuar las investigaciones de casos de violencia de género.

No obstante que la ley general contiene una amplia sección (sexta) respecto a la participación de este sector en la prevención de la violencia contra las mujeres, no se cumplen los protocolos correspondientes, quizás por desconocimiento o por falta de una adecuada planeación con perspectiva de género (la pandemia influye de forma coyuntural).

Desde mi punto de vista, el cumplimiento de lo que mandata la ley al sector salud es tan fundamental que, si se hiciera, tal vez ya se hubiera frenado el crecimiento del feminicidio. Me refiero a que, si consideramos que el feminicidio es la culminación de un círculo de violencia que comienza con manifestaciones como las que ha distinguido la OMS, entonces, detectar en etapa temprana las huellas de las consecuencias de la violencia contra las mujeres podría prevenir que ésta transite de la etapa de afectación sicológica a la de afectación física y culmine en un feminicidio. La mayoría de las mujeres acude a los servicios de salud en algún momento de su vida por lo que tanto ellas,  como las niñas que sufren violencia, tienden a acudir a los servicios de salud antes de atreverse a realizar una denuncia formal, por lo que las y los trabajadores de la salud suelen ser las primeras personas que atienden a las mujeres que buscan ayuda profesional.