PND: sin estrategia de igualdad para las mujeres

Durante décadas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece las líneas estratégicas que marcan el ejercicio del Poder Ejecutivo de cada sexenio, fue sólo redactado por el Presidente electo y su gabinete. La Cámara de Diputados sólo recibía el documento y lo daba a conocer públicamente en su Asamblea General. De esta forma, no había posibilidades de incidir en los planes desde el Poder Legislativo, pero esto cambió con la reforma constitucional publicada el 10 de febrero del 2014, en el Diario Oficial. Las nuevas facultades exclusivas de los diputados, establecidas en el artículo 74 y 26 constitucional que se derivan de esa reforma, consisten en ratificar el nombramiento del secretario de Hacienda, nombrar a los integrantes del Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (en esa misma reforma se estableció como órgano autónomo) y aprobar el PND. Además, en esa misma reforma se estableció que la planeación será democrática y deliberativa.

Las nuevas facultades sumadas a las que ya existían (por ejemplo, aprobar el presupuesto anualmente y vigilar la cuenta pública) pueden convertirse en la columna vertebral de la consolidación de una democracia garantista del régimen presidencial mexicano, toda vez que, si los legisladores las ejercen, pueden producir un círculo virtuoso para poder controlar la planeación de políticas públicas, dotarlas de recursos por medio del presupuesto, vigilar el ejercicio de esos recursos por medio de la Auditoría Superior de la Federación y evaluar el combate a la pobreza y la desigualdad por medio del Coneval. Además, la ratificación del nombramiento del secretario de Hacienda viene a fortalecer la relación de coordinación que debe mantenerse entre quien representa al Poder Ejecutivo en el ramo y los diputados que son los que tienen la facultad exclusiva en la materia.

La revisión del PND es fundamental para garantizar que los derechos establecidos formalmente se cumplan. Por ejemplo, el PND 2013-2018, por primera vez en la historia de los planes presentados por parte del Poder Ejecutivo, estableció en uno de los tres ejes de la estrategia sexenal el de la igualdad de género.

A partir de eso, el tema de igualdad social, económica y política del sector femenino fue prioritaria dentro del ejercicio de gobierno. Los resultados de esta política pública de Estado se pueden evaluar desde diferentes perspectivas, pero, desde la igualdad política, se puede rápidamente comprobar que, a partir de la reforma de paridad política (artículo 41 constitucional del 2014), la presencia femenina creció en todos los espacios de representación popular: Cámara de Diputados, Senado de la República, congresos locales y presidencias municipales

El actual PND del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentado el 1º de mayo, adolece de un eje sobre igualdad social, política y económica de las mujeres. Pero eso se puede cambiar desde el ámbito de competencia de los legisladores.  Incluso, aun se puede corregir el error cometido el martes 30 de abril en la sesión plenaria del Senado de la República, en donde, por venganza, después de haber perdido por un voto la aprobación de la Reforma Educativa, la fracción mayoritaria de Morena “bajó” del orden del día una serie de asuntos que tenían que ser votados, entre ellos, la reforma de Paridad de Género que obligaba a integrar mujeres en diferentes espacios de poder público del nivel estatal y municipal.

Pese a la falta de confianza ciudadana hacia Poder Legislativo, cabe recordar que el trabajo parlamentario (principalmente el de generar reformas constitucionales) de los senadores y diputados ha sido fundamental para transformar el antiguo sistema presidencial autoritario encabezado por un Presidente con poder metaconstitucional, a un modelo de presidencialismo atenuado, con una división de poder con equilibrio y un contrapeso cooperativo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Fue esa nueva forma de construir acuerdos la que generó la consolidación de una democracia formal y sentó las bases para transitar hacia una democracia sustancial, pero para que eso suceda se requiere que los derechos y las garantías constitucionales se conviertan en políticas públicas y programas con presupuesto y con evaluación (por ejemplo, en combatir los problemas de violencia, inseguridad, pobreza y desigualdad).

De esta forma, se requiere que el legislador siga cumpliendo con el proceso de consolidar una democracia garantista desde el ámbito de sus funciones.