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Ministerios públicos indolentes

Ruth Zavaleta Salgado

Ruth Zavaleta Salgado

Zurda

Luz Raquel Padilla denunció, pero no le hicieron caso y ahora está muerta. La quemaron viva en un parque público en Zapopan, frente a varias personas que no se atrevieron a enfrentar a sus agresores. Lamentablemente, la historia de la joven madre de un niño con autismo, es la misma que padecen decenas de mujeres que, todos los días, denuncian y buscan apoyo, pero sólo se topan con la indolencia de quienes deberían garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

No es fortuito que el 72.9% de las mujeres se sientan más inseguras que el 60.9% de los hombres (ENSU-Inegi, junio de 2022). Sin embargo, no es sólo percepción, es realidad. A pesar de que el gobierno federal informó que los homicidios dolosos van a la baja, los feminicidios y las denuncias de diferentes tipos de violencia contra las mujeres se incrementan. Con base en los datos de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Seguridad Nacional, junio fue el mes más violento para las mujeres: 89 feminicidios contra 75 de mayo. Desde el informe anterior, la tendencia de crecimiento homicida contra las mujeres era clara. No sólo hubo más feminicidios, también creció el número de homicidios dolosos entre abril y mayo: de 224 a 272. Pero, también, crecieron los homicidios culposos: 328 a 349.

 

El círculo es claro: crecen las denuncias, no se atienden y, crecen los feminicidios: Por ejemplo, en abril se registraron 5, 924, denuncias de lesiones dolosos contra 6, 596 en mayo; en el mismo periodo, este patrón de crecimiento se repitió con la denuncia de otros tipos de violencias: violencia familiar: 23, 762 contra 27, 108; violencia de género: 497 contra 545; violaciones: 2, 140 contra 2, 310. Pero, también aumentaron, de forma exponencial, las denuncias al 911 por violencia contra las mujeres: entre enero y mayo de 2022 suman 141, 160 llamadas contra 114, 745 del mismo periodo en el 2021.

Con estos datos es evidente que la violencia contra las mujeres va a crecer. Porque a pesar de que el Congreso de la Unión hace cambios a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esto no es suficiente. Se requiere impulsar una política pública de Estado para prevenir, frenar y erradicar la violencia de género, toda vez que, si bien es cierto, en este sexenio el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres sigue funcionando, es indispensable hacer cambios de fondo en las instituciones de procuración de justicia. Por ejemplo, es indispensable analizar si, aun con el latente fracaso, el Ministerio Público sigue siendo quien realice las investigaciones. Ha quedado demostrado que, a pesar de los cambios legislativos que se hicieron para fortalecer esta institución, no tiene capacidad para asumir la gran cantidad de denuncias que se acumulan en un país violento como el nuestro. Por otra parte, las personas responsables de los MP no tienen ni la preparación ni la voluntad suficiente para actuar con perspectiva de género ante las denuncias de violencia contra las mujeres.

Para ilustrar esta situación, en esta semana podemos leer con horror la historia de Luz Raquel Padilla, quien denunció las amenazas de muerte y las advertencias que todavía se podían leer en la pared de su casa: “Te voy a quemar viva”, pero también la de la joven Debanhi Susana Escobedo. En este último caso, después de tres autopsias, se pudo descubrir que, si las autoridades hubieran actuado sin negligencia, la joven, quizás, todavía estaría viva.

Cabe mencionar que, con base en el último informe, los estados con mayor número de feminicidios son: Morelos, Nuevo León y Campeche (proporcionalmente por cada 100 mil mujeres). Llama la atención Campeche, porque no había figurado entre las entidades más peligrosas para las mujeres, por lo que, quizás, es momento de que la gobernadora Layda Sansores ponga más atención en estos asuntos en lugar de andar espiando ilegalmente a sus adversarios políticos.

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